El informe de Inteligencia de la Policía entregado a la delegación del Gobierno en La Habana y objeto de una nota periodística de El Espectador el 5 de de este mes, y el reversazo del Consejo Nacional de Estupefacientes al permitir el uso de glifosato en la fumigación directa, no pueden pasar desapercibidos.
El primero califica a las Farc como el mayor cartel de narcotráfico del país. De acuerdo con el informe, “las Farc concentran la mayor participación y control de este negocio ilícito en todas las fases de la cadena del narcotráfico, y son los miembros del secretariado los responsables de orientar el manejo del negocio ilegal, las finanzas provenientes de éste y la estrategia de su manejo a nivel de bloques y frentes”. Por su lado, el Consejo Nacional de Estupefacientes, seguramente agobiado por el exponencial crecimiento de los cultivos de coca, de 112.000 hectáreas en el 2014 a 159.000 en el 2015, resultado de su infortunada decisión de suspender la aspersión aérea, autorizó la fumigación terrestre. Pobre decisión que no detendrá la expansión de los cultivos, pero si incrementará las víctimas en las tareas de erradicación. El Gobierno conoce del uso de francotiradores y sabe de la instalación de campos minados para combatir, frenar y desestimular el esfuerzo de la erradicación manual de los cultivos ilícitos.
Nadie entiende que conocido el informe de la Policía se tome una decisión como la del Consejo de Estupefacientes. Se generan legítimas preocupaciones y numerosas suspicacias. No solamente la de la contradicción que encarna sobre el carácter nocivo del glifosato, sino también la de la duda punzante sobre la real voluntad de las Farc de abandonar la actividad ilícita más rentable en el mundo de hoy, y poderoso combustible de la violencia en Colombia.
Nada en los acuerdos parciales de La Habana obliga a las Farc al abandono de todas las actividades que componen la cadena del narcotráfico. No existen compromisos concretos sobre mecanismos de dejación de esa actividad ilícita, tan sólo se registran manifestaciones de buena voluntad, inocuas para despertar confianza pero poderosas para sembrar incredulidad y desazón. 35 cabecillas de esa guerrilla están pedidos en extradición. Ni las más sinceras invocaciones al perdón como fuente de reconciliación que todos compartimos, ni el más ferviente deseo de paz que todos albergamos, serán suficientes. No habrá paz en Colombia sin la renuncia expresa, efectiva y verificable de las Farc al narcotráfico. Es una realidad incontrastable que todos los ciudadanos percibimos y que solo el Gobierno parece ignorar.
