Las Farc, ¿el nuevo Estado?

Las Farc, ¿el nuevo Estado?

De prosperar las tesis del exfiscal Montealegre, y borrados los límites constitucionales, hasta el mayor despropósito sería convalidado jurídicamente. Las Farc terminarían firmando tratados.

Cuando hace un mes comentábamos en este espacio la actuación del entonces fiscal general, Eduardo Montealegre, de presentar en su último día de ejercicio una demanda ante la Corte Constitucional para forzar la declaratoria del Acuerdo entre el gobierno colombiano y las Farc como un “tratado” con valor jurídico de carácter internacional, lo hacíamos sin saber aún, como se sabe ahora, que la Corte aceptó dar trámite a esa demanda (Auto del 21 de abril de 2016).

En entrevista del pasado domingo en El Espectador, el exfiscal Montealegre reitera que busca que mediante decisión de la Corte Constitucional, el Acuerdo suscrito entre las partes negociadoras en La Habana sea incorporado con “fuerza constitucional vinculante” al ordenamiento jurídico, como desarrollo del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Esto significaría que las disposiciones de naturaleza política de dicho acuerdo tendrían carácter intangible, es decir, nadie podrá nunca, ni siquiera el pueblo actuando como constituyente primario, modificarlas de ninguna forma. Una minoría armada habría logrado lo que no ha alcanzado antes grupo alguno, ni siquiera los legales y democráticos: que sus reivindicaciones y exigencias tengan fuerza supraconstitucional.

Cuando se conoció la pretensión del entonces fiscal, el sentido común jurídico y la lectura atenta del artículo 241 de la Constitución Política hicieron suponer que no había forma posible de que la Corte Constitucional accediera a estudiar una demanda de tal naturaleza. Ni una sola disposición de esa norma, que establece taxativamente los casos que conoce la Corte Constitucional para pronunciarse sobre la conformidad o no de normas y tratados con la Carta Política, deja resquicio para que analice un instrumento político que ni es ley, ni proyecto de ley ni tratado internacional. Pero, como en las altas cortes todo es posible, se sabe ahora que no solo admiten la demanda, sino que convocan a una pluralidad de protagonistas para que le hagan llegar sus puntos de vista sobre la jerarquía normativa de un acuerdo político.

Entre esos actores a los que se les reconoce legitimidad para intervenir están “los delegados de las Farc-Ep en la mesa de conversaciones en La Habana”, aquellos que aún están alzados en armas y desconocen por principio toda la legalidad colombiana.

De aquí en adelante no se puede descartar nada. Con toda la cúpula estatal (Ejecutivo, Legislativo, Judicial) confundiendo en interesada simbiosis el valor de la paz con los acuerdos con las Farc, y bajo el triste lema según el cual “el Derecho no puede ser obstáculo para la paz” (es decir, para lo que pretendan e impongan las Farc), los colombianos deberemos estar preparados para cualquier cosa.

Avisada esa guerrilla de que el acuerdo que logren se ubicará de inmediato en el renglón superior e inmodificable de la pirámide normativa, más allá de cualquier control judicial, político o ciudadano, no harán sino exacerbar sus exigencias y apretar aun más a los delegados gubernamentales, de por sí acosados y presionados por el propio poder Ejecutivo para que saquen como sea un documento final.

Algún día las generaciones futuras se preguntarán cómo fue que de un propósito sensato de paz se pasó, bajo la indiferencia de un país carente de referentes, a la obnubilación total, al borrado íntegro de los principios democráticos y de la normatividad que buscaba la vigencia de un orden justo.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Buscar

Facebook

Ingresar