La manera piadosa de mirarlo sería decir que el Gobierno y las Farc venían buscando el blindaje político y jurídico del inminente acuerdo de La Habana.

Para eso se inventaron un concurso de salidas ingeniosas entre asesores, congresistas y espontáneos. Y las fórmulas finales parecen ser el plebiscito como blindaje político y el integrar el acuerdo a la Constitución como blindaje jurídico.

Pero resulta que el plebiscito es inconstitucional porque pretende obligar, no solo al presidente, sino también al Congreso y a los jueces, para lo cual serían necesarios tantos referendos como reformas específicas se acuerden —la fórmula que Santos acabó por descartar como “un suicidio”—.

El plebiscito es además un sinsentido político, porque implica la siguiente disyuntiva: o votamos bajo el chantaje de que las Farc seguirán asesinándonos si el acuerdo es rechazado, o si las Farc se desmovilizan de antemano ya no tendremos razón para votar que “sí” a su impunidad (y por eso las Farc no aceptarán suicidarse a través de un plebiscito).

Queda el blindaje jurídico, donde las partes habrían llegado a un acuerdo consistente en adoptar casi todas las salidas que venían barajándose: tratar los pactos de La Habana como “acuerdos especiales de DIH” (que por lo mismo hacen parte de la Constitución), depositarlos ante el Consejo Federal de Suiza, llevarlos al Consejo de Seguridad de la ONU, colgárselos al acto legislativo para la paz que está a punto de aprobarse, y presentar otra reforma constitucional.

Cada una de estas ideas tiene sus méritos, pero también su insensatez de fondo: no es aplicable a los temas sustantivos de La Habana (caso de los “acuerdos especiales”), no tiene efectos vinculantes (caso de la “declaración” ante Suiza), no evita la discusión en el Congreso ni el control de la Corte (caso de los tratados internacionales o de reformas constitucionales), e implicaría legalizar —¡antes del próximo miércoles!— un acuerdo de paz que aún ha no sido firmado por las partes (caso del acto legislativo para la paz)…

Más todavía, si no tuviéramos tantos leguleyos, no existiría eso de incorporar a la Constitución el acuerdo de La Habana. Porque el acuerdo es más largo que la Constitución. Porque no estuvo diseñado para eso. Porque ninguno de los seis acuerdos exitosos con guerrillas comunistas necesitó ese trámite. Porque el Eln pediría otro(s) tratado(s). Porque las bacrim están pidiendo pista. Porque la técnica jurídica prohíbe revolver normas abstractas con acuerdos puntuales, mandamientos con anuncios de intención, explicaciones con resoluciones… ¡Dios nos guarde de esa Constitución… más los miles de rábulas que van a interpretarla!

Y de remate resulta que estar en la Constitución de Colombia no es un blindaje jurídico. La de 1991 lleva 40 reformas. Hace apenas dos semanas que la Corte declaró inconstitucional el artículo 42 de la Constitución que definía el matrimonio… Y por supuesto, en un país de leguleyos no faltarán los ingenios que en concursos futuros nos encuentren cómo borrar o brincarse lo que se creía blindado.

Me dirán que no es justo pedirles a las Farc que confíen sin más en el Estado que tenemos. Pues eso es exactamente lo que hacemos los demás colombianos cuando optamos por la lucha política sin armas.