El riesgo es real. ¿Será aceptable que los militares sean juzgados por sus enemigos, mientras que los guerrilleros, sin pago de cárcel, se lanzan a la vida política?

¿Me habré vuelto monotemático? Eso dice mi esposa, y a lo mejor tiene razón. Pero la verdad es que muchos columnistas, atrapados por la conflictiva realidad que vive el país, lo somos. Volvemos siempre sobre los mismos temas, sea el proceso de paz, el plebiscito, el tempestuoso blindaje de los acuerdos, el Eln y sus secuestros, los falsos testigos, etc. Solo Poncho Rentería, con sus divertidos chismes de peluquería, se mantiene lejos de esta ronda de obsesiones donde caemos sin remedio opositores y amigos del Gobierno.

A riesgo de volver una vez más sobre los cuestionables acuerdos de La Habana, no puedo ocultar una inquietud que me asalta constantemente. Mientras que a la gran mayoría de guerrilleros se les garantiza cuidado de hortalizas en vez de cárcel, quince mil militares, detenidos o pagando injustas condenas, ocupan los centros de reclusión militar. ¿Qué va a ocurrir con ellos? ¿Pasaremos por alto el horror que están viviendo?

Es un horror que muchos colombianos desconocen. Como amigo de algunos emblemáticos militares, me convertí en un frecuente visitante de los centros donde están recluidos y descubrí el drama de quienes, por un fallo injusto, ven su vida quebrada.

Cuando me cuentan su historia aparece, sin remedio, el fantasma de los falsos testigos. Casi siempre son delincuentes que pagan largas condenas. Con fábulas que les son preparadas por amigos de las Farc (por ejemplo, la de convertir guerrilleros caídos en combate en humildes campesinos), se convierten en instrumento para mandar a la cárcel a honestos militares. Otra artimaña usualmente empleada para sustentar sus falsas condenas es la teoría de Roxin, que hace responsable a un comandante de cualquier delito que cometan sus subordinados. Apropiándose de esta equívoca teoría, fiscales y jueces han logrado poner tras las rejas a altos oficiales que jamás autorizaron hechos delictivos. Esta interpretación se explica no solo por su ignorancia de las normas de la justicia penal militar, sino que obedece con frecuencia a un desvío ideológico.

Al salir del penal militar, dejando atrás docenas de amigos y conocidos que pagan 30, 40 o 50 años de cárcel por obra de semejantes desvaríos judiciales, me pregunto qué podría cambiar su suerte. Hablando con ellos, me han dicho que no ven otra alternativa diferente a la de someterse a la justicia transicional. Esta ofrece reducir su condena a cinco o máximo ocho años de prisión a quien acepte culpas, llamadas reconocimiento de verdad y responsabilidad. Algunos soldados y suboficiales, aunque hayan sido víctimas de infundios, están dispuestos a aceptarlas para no pudrirse en una cárcel. También encuentro oficiales empeñados en demostrar su inocencia. Me dicen que la justicia transicional les ofrece otra opción: la de revisar sus procesos. ¿Serán ilusos? Lo cierto es que, pase lo que pase, están convencidos de que esta es su única salida.

A todas estas, ¿qué piensa el Centro Democrático? Sus voceros más calificados encuentran que esta propuesta suscrita con las Farc en La Habana viola principios esenciales de la justicia. También, y así lo han expresado la senadora Thania Vega y el general Jaime Ruiz Barrera, se corre el riesgo de que los militares sean juzgados por sus enemigos. Es un riesgo real. Si no hay un tribunal honesto, equilibrado e imparcial, distinto a los que han administrado justicia hasta ahora, puede ocurrir que las ya injustas condenas se confirmen y les apliquen la pena máxima contemplada en esta instancia, que es de veinte años.

¿Será aceptable que esto ocurra mientras que los guerrilleros, sin pago de cárcel, se lanzan a la vida política? Esta pregunta debería hacérsela el presidente Santos. Cientos de militares hoy presos ven la incierta justicia transicional como única salida para poder volver a casa con los suyos y poner fin a su calvario.