Red hospitalaria en las tinieblas

Cada día se acentúa más la crisis del sector. Si el Estado no asume sus responsabilidades ante la actual emergencia sanitaria, muy pronto la situación ya no tendrá cómo superarse.

Si bien uno de los problemas que aparece todos los días en los medios de comunicación del país es el de la crisis de la salud, parece que el aparato estatal se encontrara anestesiado ante semejante dolencia. Y en últimas el mayor perjudicado es el usuario, bien denominado “paciente”.

En la actualidad se surte la liquidación de dos grandes aseguradoras como lo son Caprecom y Saludcoop; Cafesalud se encuentra en proceso de depuración financiera y administrativa para salir a subasta; el experimento de SaviaSalud como aseguradora mixta del Estado (Gobernación de Antioquia y Alcaldía de Medellín) con la Caja de Compensación Familiar de Antioquia, Comfama, arroja resultados adversos, y la situación de Coomeva no puede ser más preocupante por su abultada deuda y su inestabilidad administrativa. Si esta última no logra superar su alarmante realidad, no queremos imaginar el problema social que tendrá que afrontar el Ministerio de Salud.

Ante este panorama los servicios de urgencias se encuentran desbordados, el equipo médico-asistencial soporta agresiones verbales y físicas de los usuarios. Muchas EPS carecen de red de prestadores de servicios de salud para garantizar la atención de sus afiliados. La cartera hospitalaria supera en promedio los 180 días, y se volvió costumbre la táctica dilatoria para el reconocimeinto y pago de la facturación.

La crisis que atraviesa el sector no es reciente, y las causas de la misma germinaron en los anteriores gobiernos, pero la situación hoy es insostenible para los hospitales y clínicas del país, que tienen la obligación impuesta por la Corte Constitucional de atender a los pacientes, independiente de su capacidad de pago o de la de sus aseguradores.

Hoy en día la red hospitalaria, sea privada o pública, y sin importar su nivel de complejidad, está asumiendo unas cargas y obligaciones financieras que no son propias de su razón de ser, y asumen la ineficiencia administrativa de las aseguradoras con la aparente indiferencia del Estado colombiano.

Fue el actual Gobierno el que avaló el proceso de aprobación de la Ley Estatutaria 1751 de 2015, que elevó a la categoría de fundamental el derecho a la salud, y allí se estableció que al Estado le corresponde la garantía efectiva de la prestación del servicio. No es un secreto que el Estado no cuenta con los recursos ni el presupuesto para garantizar los infinitos derechos concedidos en dicha Ley, y no podrá aplicarse en su totalidad sin el compromiso sincero del Ministerio de Hacienda.

Mientras los altos funcionarios del Estado crean que todo el mundo es atendido con todas las garantías por parte de los prestadores de salud, y permanezcan ajenos al calvario que tienen que padecer el resto de los ciudadanos, no tendrán dentro de sus prioridades que cumplir con sus obligaciones legales en pro de las deterioradas clínicas y hospitales.

Tampoco ha contado el sector prestador con el apoyo gremial necesario para que el Gobierno tome en cuenta sus legítimas demandas, como quedó manifiesto en las razones del retiro del Hospital San Vicente de Paúl de la ANDI, agremiación a la que el sector le reprocha su desinterés a la hora de exigir soluciones ante las dificultades denunciadas.

Ojalá que las quejas, llamados de auxilio y advertencias de la red hospitalaria no se confundan con hipocondría, que su afección es real y muy severa.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Buscar

Facebook

Ingresar