La política del nuevo fiscal

Anunciado desde hace meses como fiscal general, Néstor Humberto Martínez llega diciendo “que tiemblen los corruptos”. Falta que concrete cuáles serán sus prioridades y cuál su independencia.

La Corte Suprema de Justicia eligió, con 17 de 22 votos posibles, al abogado y político Néstor Humberto Martínez como fiscal General de la Nación. El presidente de la República y el Gobierno Nacional insistieron en que se había presentado ante la Corte una “terna de tres”, así fuera luego de una engañosa convocatoria pública que supuestamente serviría para escoger los mejores nombres de una amplia lista de juristas.

Al final la terna fue integrada por los tres nombres que desde meses atrás se daban por fijos. Y de ella salió elegido el que, desde hacía más de un año, se daba como seguro fiscal general. Los medios de comunicación informaron ampliamente de su intensa campaña y capacidad de cabildeo ante la Corte Suprema.

Los magistrados de la Corte no impusieron, esta vez, el requisito de que el elegido fuera penalista. Y en efecto, tal condición no está prevista en la Constitución. Las especialidades del nuevo fiscal son las propias del derecho mercantil, societario, financiero, ya sea como asesor jurídico de grandes empresas o como alto funcionario del Estado. El doctor Martínez tiene amplia trayectoria, sumada entre su desempeño tanto desde su despacho de abogados como con las funciones asignadas en los cargos públicos que ha ocupado en gobiernos de todas las tendencias políticas.

Los mismos abogados expertos en derecho penal consideran ya que no es indispensable que la cabeza del ente acusador sea un penalista. El último, Eduardo Montealegre, lo era, y el prestigio de la entidad quedó hundido.

Montealegre, como tantos otros antes, olvidó pronto la misión constitucional de la Fiscalía para pasar a ser un político en acción. Tener a su cargo más de 25.000 funcionarios y un presupuesto casi igual al de toda la restante Rama Judicial provoca efectos demoledores en la sensatez y buen juicio de los fiscales generales.

Ayer decía el exfiscal Alfonso Gómez Méndez que a Martínez Neira no lo descresta el poder, y que por eso no va a dedicarse a otras cosas diferentes a las que le asigna la ley. Ojalá fuera así, pero en nuestro país toda situación, por mala que sea, es susceptible de empeorar.

De hecho, la pregunta más acuciante es qué intereses va a representar el nuevo fiscal. Cuáles son los valores que va a aplicar y a proteger. Qué independencia va a asegurar para la aplicación de una ley penal igual para todos. Y no solo él: qué independencia van a tener los fiscales a su cargo. Y qué independencia e imparcialidad van a poder tener los jueces a los que por reparto, les corresponda decidir expedientes en los cuales intervenga el bufete privado del fiscal general de la Nación.

Al igual que hace 23 años lo hiciera su predecesor Gustavo De Greiff, dijo el nuevo fiscal: “que tiemblen los corruptos”. Pocas veces han tenido razones para temblar, pues hace mucho se apropiaron del país. Para temblar han tenido razones, en cambio, cientos de ciudadanos sometidos a procesos penales con pocas garantías, cuando no enredados en las telarañas urdidas por los fomentados carteles de falsos testigos. En la lucha contra la corrupción las solas declaraciones son perfectamente vacuas. Ahí valen son los hechos.

Dijo también el recién designado que será el fiscal del posconflicto y de la institucionalidad. Será interesante ver el desarrollo de esta idea, pues lo que el país tiene claro es que para el posconflicto lo que habrá es ausencia de consecuencias penales para responsables de graves y aberrantes delitos.

No corresponde en un espacio como este anunciar o predecir cómo será una gestión que no inicia aún. Los antecedentes, por supuesto, hay que tenerlos presentes. El cargo que asumirá Martínez Neira tiene demasiadas y graves responsabilidades, así el mundo político prefiera halagar ante todo su enorme poder. Él mismo ha recordado que somos el tercer país con mayor tasa de impunidad en el mundo. Resta por saber si llega con el objetivo primordial de acabar con ella o si sus derroteros son otros.

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