Aunque se había acordado que el plebiscito se realizaría después de la firma del acuerdo final, esta semana Santos anunció, sin ruborizarse, que “no se requiere la firma oficial”, que el plebiscito se convocaría antes y que “la firma oficial se realizaría después de la [décima] conferencia de las Farc”.

Santos debe aclarar si el plebiscito no solo se convocaría sino que se realizaría sin que hubiera “firma oficial” del acuerdo final. Si es así, bajo la regla de que nada está acordado sino hasta que todo esté acordado, ¿cómo tendríamos certeza de que esos son los pactos definitivos? Es indispensable que los ciudadanos conozcan el contenido completo de esos pactos, sin excepciones, para que puedan expresar su opinión sobre ellos. ¿Santos quiere acaso que votemos el plebiscito a ciegas? Y ocurre que la regla supone que los pactos puedan modificarse en cualquier momento antes de la firma del acuerdo final. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, la conferencia de las Farc no aprobara los pactos o parte de ellos?

Después y para rematar, las Farc anuncian que no se concentrarán, el paso previo a la desmovilización y el desarme, sino hasta que el acuerdo final haya sido refrendado y esté “en pleno desarrollo”, sin especificar qué significa tal cosa. Es decir, la concentración solo se producirá después de que se haya votado el plebiscito. Así las cosas, está claro que todo el cronograma de desmovilización y desarme, que se contaba desde el día de la firma del acuerdo final, se desplaza por varias semanas y queda sujeto a que se apruebe el plebiscito. Y eso suponiendo que finalmente las Farc aceptan ese instrumento como mecanismo de refrendación, asunto que está lejos de estar claro.

Las Farc han dado bandazos de lado a lado en este punto. Después de que por mucho tiempo dijeron que era “un error político y jurídico” y que después, en los pactos de junio, parecían haberlo aceptado, hace apenas unos días volvieron a cuestionarlo.

La consecuencias de ese anuncio es que las Farc participarán en el plebiscito haciendo un chantaje doble: por un lado, el plebiscito se hará con las Farc campeando a sus anchas y armadas, es decir, la gente votará con el fusil en la nuca. Por el otro, las Farc están diciendo que si no se vota el sí, no se desmovilizarán. Por a y por b, al final la gente no votará libremente sino con la presión material armada y la amenaza tácita de las Farc. Sume el lector la advertencia de Santos de que si no se vota el sí las Farc atacarán las ciudades y tendrá el panorama del miedo en toda su magnitud.

El anuncio se suma a las otras razones de ilegitimidad del plebiscito: la norma que regulaba el plebiscito fue cambiada con nombre propio, para esta sola ocasión, lo que es contrario al principio de que las normas deben ser generales; se rebajó el umbral del 50 al 13 % del censo electoral, lo que supone que podría ser aprobado por uno de cada diez posibles votantes, una ínfima minoría, y con el mismo número de sufragantes del plebiscito del 57, hace sesenta años; al mismo tiempo, se eliminó todo valor a la abstención activa, en contravía de la jurisprudencia de la misma Corte Constitucional; a la par, no se abrió la posibilidad de votar en blanco; el Gobierno podrá hacer campaña por el sí con los recursos del Estado, es decir, de todos nosotros, como viene haciéndolo, mientras que no habrá financiación pública a quienes se inclinan por el no; se autorizó la participación de los funcionarios públicos en la campaña, lo que supone que puedan usar, como también vienen haciéndolo, los bienes públicos para su campaña, que habrá presión abierta o sutil para que los empleados voten como sus jefes y para que gobernadores y alcaldes apoyen el sí, y que Santos y compañía liguen las acciones de gobierno, como las entregas de casas y subsidios, a la campaña por el sí, como también sucede ahora.

Las reglas están completamente desequilibradas a favor del sí. A los de la abstención no les queda sino el no. Y votar contra los fusiles y contra el miedo.