En aras de la discusión, aceptemos que había que cambiar balas por votos y que es mejor que echen discursos y no que echen bala. En conclusión, digamos que había que tolerar que las Farc hicieran política. Pero el costo es excesivo, es antidemocrático y siembra las semillas de nuevas violencias.

Para empezar, aunque la Constitución establece que no podrán aspirar a cargos de elección popular quienes hayan sido condenados por delitos comunes, todos los miembros de las Farc, sin excepción, podrán hacerlo. Incluso los responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad. ¿No bastaba con que lo hicieran todos menos los responsables de los crímenes más atroces? Además, tal y como está el acuerdo, los responsables de estos crímenes podrán ser electos y ejercer mientras que son procesados y cumplen su “condena” que, ya sabemos, es meramente simbólica y nunca supondrá la privación de la libertad. La nuestra será la única democracia en la que asesinos en serie, secuestradores en masa, terroristas, abusadores de menores y narcotraficantes serán congresistas mientras que pagan sus penas.

No fue suficiente. En el Acuerdo se establecen diez curules directas para las Farc en el Congreso, durante ocho años, que ocuparán sin necesidad de que saquen un solo voto. Las mismas curules que la Alianza Verde y más que las del Polo y Mira. A esas curules directas hay que agregar 16 más en la Cámara de Representantes en las “circunscripciones especiales de paz” que se crean en el Acuerdo en las “zonas especialmente afectadas por el conflicto”, es decir, las áreas de influencia de las Farc. En ellas, vean la perla, los partidos que hoy “cuentan con representación en el Congreso no podrán inscribir candidatos”. Además, los ciudadanos de esas circunscripciones serán los únicos que tendrán derecho a dos votos, porque elegirán esos 16 representantes “sin perjuicio de su derecho a participar en las elecciones ordinarias” de sus departamentos.

Además, el partido que creen las Farc, así no obtenga un solo voto y aunque nunca supere el umbral que opera para los demás partidos, recibirá el 10 % de los recursos que destine el Estado para financiar a los partidos políticos. Este año fueron 35 mil 139 millones de pesos. Es decir, recibirían 3.514 millones, más que la Alianza, Opción Ciudadana, el Polo y Mira. Y a eso hay que agregarle el 5 % adicional, es decir, 1.757 millones, para financiar “la difusión y divulgación de su plataforma ideológica y programática”. En total, 5.271 millones, más que los conservadores, Cambio Radical y el Centro Democrático, ¡y más que la Alianza Verde, el Polo y Mira juntos! Y así año tras año. Sigan: el Estado, es decir nosotros, también financiará el “centro de pensamiento” de las Farc. Súmese el dinero de las actividades ilícitas que el Estado nunca les obligó a entregar en el Acuerdo.

Agregue el lector que el partido de las Farc tendrá acceso preferente a un nuevo canal institucional de TV y que el Estado montará 31 emisoras “comunitarias” que “administrará” la cooperativa que crearán las Farc para controlar el dinero que les daremos a sus miembros para desmovilizarse.

Sí, las Farc tendrán ventajas para sus miembros y recibirán beneficios en curules directas, dinero y medios de comunicación que no tiene ninguno de los partidos políticos existentes hoy.

El mensaje pedagógico es clarísimo: en política, como en materia de justicia, ¡asesinar en serie, paga!

Como ya lo habían hecho con la Constitución, ahora es a la democracia a la que se le tuerce el pescuezo. Para beneficiar a unos criminales, los peores que la humanidad pueda imaginar, que no solo no pagarán penas efectivas por sus delitos sino que nunca se han arrepentido ni pedido perdón y que no tienen vergüenza en decir públicamente que su objetivo es tomarse el poder para desde ahí instaurar un régimen comunista y desmontar la democracia, tal como lo han hecho sus vecinos y sus mentores. Santos no solo se arrodilló sino que nos quiere llevar al suicidio.