Chavismo boicotea el referendo

Como era previsible, el régimen de Maduro hará imposible el referendo revocatorio antes de enero de 2017, para así asegurar la permanencia del chavismo hasta, por lo menos, el año 2019.

Luego de que la oposición democrática venezolana logró unir sus fuerzas en la Mesa de Unidad Nacional (MUD), se inició un proceso de coordinación de actividades políticas que, con toda legitimidad, buscan un cambio de gobierno para ofrecer mejores posibilidades de vida a los venezolanos, acosados por toda clase de angustias y estrecheces, no solo económicas sino en sus libertades públicas.

En un primer hito lograron obtener el voto popular para asegurar una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Se creyó en un primer momento que ese era un paso definitivo y seguro para iniciar un proceso de transición política entre el régimen chavista, de corte populista-militar, hacia uno demoliberal. Ello no se ha logrado entre otras cosas porque el régimen vigente es autoritario, no reconoce la separación de poderes ni admite la operancia de ningún control. Maneja los resortes del poder judicial y de la autoridad electoral.

Las decisiones de la Asamblea Nacional son sistemáticamente anuladas por el Tribunal Supremo de Justicia, que alega que la Asamblea, poder Legislativo, ha desacatado unas órdenes judiciales relativas a tres diputados opositores, cuya elección fue arbitrariamente suspendida con el fin evidente de desmontar la mayoría decisoria de las fuerzas opositoras.

Ante el bloqueo institucional, la oposición acudió a un mecanismo de intachables credenciales democráticas, como es el referendo revocatorio, para pedir que los votantes decidan la permanencia o la remoción del presidente Nicolás Maduro de su cargo.

Paradójicamente, quien introdujo la figura del referendo revocatorio fue Hugo Chávez, al reformar su propia Constitución de 1999. Y él mismo se sometió a uno, en agosto de 2004, aunque convocado por firmas desde 2003 y con no pocas trabas del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Ahora ese mismo poder electoral, presidido por una vocera del chavismo militante comoTibisay Lucena, lleva meses dilatando la convalidación de los millones de firmas recogidas por la oposición para celebrar el referendo revocatorio. De haberse respetado las disposiciones constitucionales y cumplido las garantías políticas para con la oposición, ese referendo debería haberse celebrado este año.

No obstante, el chavismo y Maduro tuvieron claro desde el principio que su supervivencia dependía de aplazarlo hasta el año entrante, para después de enero. Así, en caso de perderlo, no se convocan nuevas elecciones sino que es el presidente removido, el propio Maduro, quien escoge a su sucesor para que termine el período presidencial.

Ya notificaron que “será imposible” hacerlo antes de enero de 2017. La trampa del gobierno de Maduro y de su apéndice, el CNE, queda expuesta a ojos del mundo entero. Uno de los pocos que se atreve a exigir garantías democráticas en Venezuela, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, lo dijo con claridad: “negar, postergar u obstruir este proceso por cualquier vía es un abuso de poder y un trastorno patente del orden democrático”.

Será una de las únicas voces que la oposición venezolana escuche en apoyo de sus derechos. Su lucha confronta contra un poder arbitrario y de modos de actuar violentos, y contra la soledad en que la han dejado casi todos los políticos que en América Latina y el Occidente “liberal” dicen llamarse demócratas.

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