En la medida que se agudiza el vacío institucional en Venezuela, en medio de la peor crisis económica de la historia de ese país, la noción de la sobrevivencia del estado de derecho se hunde cada día más por cuenta de la pugna entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. Como se recuerda, el hoy presidente venezolano fue elegido a dedo por su antecesor, en un dramático anuncio a través de los medios de comunicación oficialistas, que lo hicieron ver como el último deseo de un agónico Hugo Chávez. Fue todo un evento teatral y marcadamente político que, obviamente, no tenía soporte alguno en el orden constitucional interno, así después Maduro se presentara a competir en las urnas por el cargo y fuese elegido.
Pero el cambio de cara del régimen no evitó la debacle económica, política y social, agravada en todos sus órdenes por la descolgada en los precios del petróleo. Los expertos consideran que de las más de cien medidas de ajuste o de incentivos económicos anunciadas por el Gobierno desde entonces, ninguna ha dado resultados efectivos y, por el contrario, golpearon en varios casos severamente la decreciente producción, espantando la escasa inversión extranjera y fomentando una hiperinflación, hoy la más alta del mundo.
Por cuenta de la pésima gestión del “socialismo del siglo XXI” el comercio, las finanzas y el agro hicieron agua, a tal punto que ni siquiera el régimen consigue abastecer de comida a los sectores marginales que, en otro tiempo, eran sus principales adeptos. Prueba de ello es que en reciente visita a Porlamar, en isla Margarita, específicamente a uno de los barrios populares que se consideraba como un fortín del chavismo, el ruido de las ollas y la protesta de la población sacaron de quicio a Maduro, quien se bajó del auto blindado para intentar dialogar con los manifestantes, que incluso trataron de agredirlo. Esa es apenas una muestra de la desesperación de múltiples sectores marginales y urbanos venezolanos, configurando una situación que se asemeja a un polvorín a punto de estallar.
Esa cuenta regresiva en torno al riesgo de levantamiento de una población profundamente polarizada se ha acelerado con los últimos acontecimientos. Desde el momento que la oposición ganó la mayoría absoluta en la Asamblea, en diciembre, se hacía evidente que el final del régimen podría estar a la vuelta de la esquina. Pero el chavismo no se resignó ante el dictamen de las urnas y, de entrada, en una jugada controvertida el gobiernista Tribunal Supremo de Justicia resolvió, de manera arbitraria, no reconocer a tres diputados indígenas de la coalición opositora. Pese a ello, en ese momento el nuevo presidente de la Asamblea, Henry Ramos Allup, en un gesto de convivencia y para evitar un tempranero choque de poderes, dijo que a veces había que doblegarse ligeramente para que la trama democrática no se rompiera.
Pero la cosa no paró ahí. El Gobierno, temeroso de ser desbordado por la Asamblea, resolvió maniobrar más fuerte a través del parcializado Tribunal Supremo de Justicia, al tiempo que intentó reprimir a la oposición en las calles, encarcelando líderes o sofocando su accionar a nivel nacional e internacional. Aun así, la Asamblea se mantuvo y decidió avanzar en leyes y reformas para restablecer el orden institucional, superar la crisis social y resucitar la economía. Sin embargo, una y otra vez fue bloqueado por un pleno de magistrados afines al Gobierno.
Ese pulso de poderes, entre el Legislativo y la llave Ejecutivo-Judicial llegó esta semana a su pico más alto. El Tribunal, en alianza con Miraflores, pretende ahora dar una especie de ‘golpe de estado’ a la Asamblea. Aduciendo que esta incurrió en desacato al haber posesionado a los tres diputados referidos, la máxima instancia judicial no sólo declaró sin piso todas las leyes y reformas aprobadas este año, sino que avanza hacia el levantamiento de la inmunidad de los parlamentarios opositores.
La OEA, Estados Unidos, voceros de la Unión Europea y políticos de todos los partidos de nuestra región reclaman el retorno al estado de derecho en Venezuela. Es claro que las instancias de mediación internacional no han sido efectivas, y que el Gobierno hará todo lo posible para bloquear el referendo revocatorio de Maduro, así ello implique llegar al extremo, abiertamente dictatorial, de promover que un poder público le dé un golpe de estado a otro, con el agravante de que la víctima es, precisamente, el que tiene origen popular.
