Es razonable fijar plazos para la presentación de propuestas que habrán de llevarse a La Habana. Es interesante que los del No y las Farc hablen, así la renegociación corresponda al Gobierno.

En su discurso televisado del pasado martes, el presidente Juan Manuel Santos envió dos mensajes que no pasaron desapercibidos. Y durante el acto de posesión de dos consejeros de Estado, el mismo día, había manifestado otro que también hay que analizar.

El primer mensaje apuntó a cuestionar, así fuera de forma sutil, las razones de quienes votaron No en el plebiscito. Dos habitantes del municipio antioqueño de Nariño, adonde el presidente estuvo de visita el sábado 15 de octubre, fueron preguntados por su voto negativo. El presidente emitió los videos de las respuestas, y a renglón seguido dijo que las razones aducidas eran falsas. Aparte de identificar a estos votantes y cuestionar sus motivos, también fue notorio que seleccionó solo dos testimonios que sirvieran de contraste a su propio discurso. Una forma de unificar a todos los votantes del No en un mismo saco, con el fin de poner en tela de juicio las razones de más de la mitad de quienes votaron el 2 de octubre.

El segundo mensaje del presidente, luego de hacer recuento de su disposición de escuchar a varios sectores de opinión, los del Sí y los del No, fue para poner un plazo -hoy- para recibir propuestas de ajuste “para lograr un nuevo acuerdo de paz lo más pronto posible”, y llevarlas a consideración de las Farc.

El tercer mensaje fue el expresado ante la cúpula de la Rama Judicial, en el sentido de intentar poner en marcha los nuevos acuerdos de paz, buscando una “salida entre las alternativas que nos ofrecen nuestras leyes y nuestra Constitución, incluidas las sentencias de la Corte Constitucional”.

Sobre el plazo impuesto, el líder del Centro Democrático, el expresidente y senador Álvaro Uribe, expresó su rechazo. No obstante, es razonable que se fije un término, pues no se puede aplazar la definición de lo que será un nuevo acuerdo, ni menos dejar sin concretar cuál será el mecanismo para refrendarlo.

El Centro Democrático también dio otro paso y ofreció disposición de ir a hablar con las Farc. Sería una alternativa muy interesante, reafirmando que, en todo caso, quienes deben asumir la tarea de revisar y renegociar puntos importantes son los plenipotenciarios del Gobierno Nacional, y no los voceros del No. Estos ayudarían a explicar los puntos de diferencias y objeciones, e intentar dar luces a los propios miembros de las Farc.

La alusión del presidente Santos a las vías constitucionales, legales y jurisprudenciales bajo las cuales se hará cualquier procedimiento de adopción e implementación de nuevos acuerdos responde, a primera vista, a lo que se espera de quien juró aplicar y defender la integridad de la Constitución. La cuestión es que si bien los procedimientos constitucionales están más o menos claros en sus textos, las sentencias de la Corte Constitucional que el Jefe del Estado también cita como guía para su actuar, ofrecen diversas interpretaciones, no pocas de ellas imprevisibles.

No es prudente referirse sin bases sólidas a elucubraciones sobre lo que podrían ser decisiones de la Corte Constitucional sobre vicios de forma en el plebiscito que llevarían a su anulación. Pero en un país donde las certezas jurídicas prácticamente no existen y la “creatividad” constitucional puede deparar lo impensado, no es extemporáneo volver a invocar el respeto democrático que los gobernantes y magistrados hicieron del pronunciamiento popular y la decisión expresada libremente en las urnas.