Como Colombia nada que madura en materia de políticas reales para su pueblo y, al contrario, sigue copiando y trayendo lo peor de otros países, ahora se les ocurrió venderles y pintarles a los incrédulos contribuyentes de Colombia un nuevo impuesto a la producción de gas o diésel, nada menos y nada más que como un impuesto “verde”, cuando la verdad es que este impuesto por dentro tiene más rojo que la sangre de un toro.
Estrategias de impuestos “Patilla”, es decir, verde por fuera, rojo por dentro, o de “conejos verdes”, triquiñuelas traídas de políticas poco serias para camuflar acciones no ambientales, se han puesto de moda hace mucho rato aquí y en el mundo entero.
¿Quién fue el mago que se inventó este “conejo verde”, es decir de bautizar un impuesto a la producción y venta de derivados del petróleo como el gas o diésel, cuyo recaudo no será destinado a la conservación del medio ambiente, sino todo lo contrario, para estabilizar el impacto de la caída de los precios de exportación del barril del crudo, como un impuesto “verde”?
La idea no viene precisamente de “mamertos verdes” como siempre se nos dijo, sino todo lo contrario, de economistas pertenecientes a países desarrollados que buscaban en 2009 compensar sus culpas por el daño causado a la atmósfera y los recursos naturales por la mala planificación poco sostenible de sus actos, y que aquí nos ha gustado copiar y adaptar muy mal a las coyunturas y urgencias nacionales.
Pero es verdad, necesitamos impuestos “verdes”, porque los riesgos y desastres para el desarrollo van en aumento a medida que el crecimiento informal y descontrolado continúa erosionando el capital natural. Necesitamos fomentar el crecimiento económico y al mismo tiempo asegurar que los bienes naturales continúen proporcionando los recursos y los servicios ambientales de los cuales depende nuestro bienestar. Con el desmedido crecimiento del país a base de licencias y monitoreo ambiental express tendremos una mayor y creciente escasez de agua, continuaremos estrangulando los pocos recursos naturales que nos quedan, aumentarán la contaminación, los desastres por inundaciones, deslizamientos y avalanchas, el calentamiento global y, por supuesto, la pérdida irreversible de la biodiversidad.
Si el agua escasea o se contamina más, se necesitará más infraestructura y más recursos económicos y financieros para transportarla y purificarla, o sin ir tan lejos, el cuasiapagón de este año por falta de agua en las reservas de las hidroeléctricas no fue por causa repentina sino consecuencia de la reducción de disponibilidad del recurso hídrico manifestado lentamente durante los últimos 30 años ¿qué es lo que todavía no se ha entendido?
Un verdadero impuesto “verde” debe empezar por reconocer el costo social asociado al daño ambiental por agentes contaminantes en un río o en el aire. Debe corregir los incentivos perversos a las actividades que más lo degradan. Debe invocar al principio que quien contamina paga, mayor eficiencia en el manejo de los recursos naturales y energéticos, mayor precaución y manejo de riesgos asociados, e invocar una mayor responsabilidad en el ejercicio. Debe reconocer el impacto en la salud y entender que la contribución debe ser diferencial de acuerdo a la capacidad de pago por estratos y territorios, y cuyo recaudo debe ir a un fondo encargado de la protección ambiental del país.
Por lo anterior, este impuesto, que nos venden como “verde”, a las emisiones de carbono de los combustibles fósiles y GLP de 21 mil pesos por tonelada de CO2, en la propuesta de Reforma Tributaria 2016, no reúne dichas condiciones, no es “verde”, no mitiga las emisiones de GEI desde las fuentes de emisión sino que es un impuesto a la producción de derivados del petróleo, y un desestímulo a la venta de dichos productos. A las cosas se les debe llamar por el nombre, como sucede en cualquier país que quiera entrar a la seria OCDE. Para que no nos hagan más “conejos verdes”..
