Mañana elige gobernador un departamento devorado por la corrupción. Allí aún mandan castas que controlan la política y el gasto público. Los guajiros deben salir de años de atraso y despilfarro.

Aunque superar el escepticismo es difícil, debido a que los candidatos a la Gobernación de La Guajira no representan una posibilidad firme de cambio e independencia frente a la realidad de irregularidades y los clanes políticos tradicionales, los habitantes de ese territorio del extremo norte de Colombia no pueden olvidar que de continuar así se agravarán las condiciones de un Departamento cada vez más inviable y considerado fallido.

No obstante gozar de millonarias regalías, debido a la megaminería del carbón y del gas, y aportes del Sistema General de Participaciones, investigaciones de la Fiscalía General de la Nación señalan el desfalco “sistemático y constante” del presupuesto regional. En La Guajira, el 52 por ciento de la población es pobre (la media nacional es del 28 por ciento) y el 65 por ciento no tiene satisfechas sus necesidades básicas.

Esta semana, por ejemplo, continuó el drama de la muerte de niños por desnutrición, lo cual amplía a más de 62 los casos en 2016.

Los grupos políticos, con el concurso de sectores de la dirigencia privada guajira y de barones electorales del orden nacional, tienen atenazada la asignación de los recursos. El gobernador encargado, Jorge Enrique Vélez, además de recibir amenazas, denunció a este diario que le resultó imposible contratar víveres para atender a la población infantil, porque la Asamblea Departamental le negó facultades. A las irregularidades en aquel departamento se le suma la indolencia.

Proyectos capitales como los acueductos de corregimientos y veredas, la alimentación de madres lactantes y de niños de 0 a 5 años, y la construcción de megacolegios, han sido objeto de subcontrataciones con sobrecostos y facturas adulteradas. La comisión de delitos pasa por el fraude procesal, el peculado por apropiación y la falsedad en documento público. Una sumatoria vergonzosa de truculencias y ardides para dejar a los guajiros sin plata y sin obras. La riqueza natural contrasta con la hambruna de niños y jóvenes que requieren atención, pero que la reciben a cuentagotas o son ignorados.

Por eso las elecciones de mañana pueden empezar a marcar algún cambio cultural de la ciudadanía y la llegada de un liderazgo mínimamente renovado. Un millón de habitantes merece un futuro menos marcado por la desidia, el desamparo y la corrupción. Proceso que impone obligaciones superiores al Gobierno Nacional, para que por fin se pongan los filtros necesarios y menos vulnerables a los mecanismos de contratación de ese Departamento.

Y entre esas transformaciones, debe apuntarse también a lograr que la comunidad wayúu establezca una mejor comunicación con sus gobernantes y una participación que no esté mediada por las dádivas preelectorales y el endoso de votos.

La Guajira está convertida hoy en el retrato desfigurado de una Colombia que promete al mundo el ajuste de su democracia, pero que levanta los cadáveres de niños muertos, literalmente, de hambre.

Esta jornada con la que se busca reemplazo a la exgobernadora Oneida Pinto, cuya elección anuló el Consejo de Estado, puede abrir las puertas a una mejoría gradual de la administración pública y de la calidad de vida de los guajiros. Por eso, ellos deben entender que son responsables primarios de todo cuanto ocurra. Si dejan perpetuar su situación, será difícil que florezca aquel desierto.