Hay que fijar la mirada en las incoherencias que reflejan los juicios diversos frente a personas involucradas en asuntos judiciales y criminales. A unos se les encumbra, a otros se les lapida.

No es un asunto menor observar la actitud de muchos colombianos y de diversos líderes de opinión frente a comportamientos sociales o individuales de personajes concretos, que les merecen juicios de reproche disímiles según sea el origen de las actividades ilegales o abiertamente delincuenciales.

Esta semana se han conocido hechos que muestran las fluctuaciones de una sociedad que ha estado sometida a toda clase de manifestaciones criminales, como espectadora y como víctima, y que expresa formas de sanción social abiertamente contradictorias.

Un video divulgado profusamente en redes sociales muestra al antiguo sicario del cartel de Medellín, conocido con el remoquete de “Popeye”, haciendo uno más de sus ya habituales alardes de fanfarronería, pero esta vez con el agravante de que amenaza a dos mujeres en una vía pública. Iba acompañado de un equipo de televisión, lo cual ha despertado dudas sobre la autenticidad del incidente. En todo caso, las autoridades judiciales deberían haber tomado ya cartas en el asunto. Incluso si es un montaje, constituye una forma de enviar mensajes de los que la Fiscalía debe tomar nota.

Se ha cuestionado, con buenas razones, el desmedido cubrimiento que al personaje de marras le hacen los medios de comunicación, y las cotas de celebridad que ha alcanzado con su infinidad de apariciones y mitomanías. No cabe duda de que este encumbramiento al estrellato de personajes que hicieron daño infinito a miles de familias en nuestro país se debe también a la glorificación televisiva de los peores capos narcotraficantes que este país ha sufrido.

También influye la fascinación sin disimulo que la prensa extranjera y productoras de entretenimiento sienten por los sicarios y la mafia narcotraficante de Colombia. Lo caricaturesco de algunos personajes hace que sean carne fácil de guiones para poderlos presentar como los típicos maleantes que se mueven a sus anchas entre una sociedad tolerante con el delito.

La cuestión de fondo es que sí hay comportamientos sociales que tienden a hacer sentir a los delincuentes que sus crímenes no tienen consecuencias morales. Si el castigo penal le es impuesto no más que a un 4 o 5 % de los responsables (según datos del actual fiscal general de la Nación), la sanción social es también selectiva: a algunos les cae de forma implacable, incluso por delitos que no son de sangre, mientras a otros ni los roza.

La pena purgada en cárcel tiene, así sea solo en teoría, una función resocializadora. Quien ha pagado su condena debe poder reinsertarse a la sociedad. Pero cosa distinta es que quien ha cometido los peores crímenes sea exaltado al pedestal de la fama ya no solo como figura de farándula sino casi que como historiador oficial de una época oscura teñida de sangre.

Esto se va a sentir también con el resultado final de las negociaciones con las guerrillas. No por el cese del conflicto armado, por supuesto, sino por la falta de sanción moral a los más graves crímenes que no impedirán la participación ni la elegibilidad política. Allí, de igual forma, se va a ver esa disimilitud de juicios judiciales, mediáticos, sociales y morales frente a responsables de todo tipo de crímenes. No descubriremos nada nuevo al constatar que en la sociedad colombiana hay un gran desajuste ético.