Para los millones de colombianos que rechazaron en las urnas el primer acuerdo, el supuesto texto final no suscita en ellos satisfacción, sino alarma.
Fue grande el engaño. Enterados de que se estaba trabajando duramente en La Habana para hacer los ajustes solicitados por los expresidentes Uribe y Pastrana, personajes como Alejandro Ordóñez, Marta Lucía Ramírez, Jaime Castro, comunidades cristianas y asociaciones de víctimas llegamos a pensar que la derrota del Sí había obrado en Santos un saludable efecto. No era ya el arrogante mandatario que pretendía convertir el plebiscito en una división entre amigos de la paz y de la guerra; el mismo que había ordenado un multimillonario gasto en propaganda oficial y comprometido a todos los funcionarios de su gobierno y a gobernadores y alcaldes del país a hacer campaña por el Sí pasando por encima de la ley.
Tanto impresionó esta actitud conciliadora que hasta el expresidente Uribe, en vez de exigir, imploró –tales fueron sus palabras– poder revisar el nuevo texto antes de ser firmado. Era lo menos que se esperaba. No se trataba, de ninguna manera, de un consenso exclusivo entre las Farc y el Gobierno. Los únicos que podían darle validez a tal acuerdo eran aquellos que representaban la voluntad expresada por la mayoría de los colombianos en las urnas.
Pero hasta ahí llegó la fina cortesía de Santos. Sin atender la solicitud de Uribe, fríamente anunció que el acuerdo era inmodificable y que no sometería su refrendación a un nuevo plebiscito, sino que lo haría a través del Congreso. Amigo de teatrales espectáculos, eligió el teatro Colón como escenario para que de nuevo él y ‘Timochenko’ repitieran el show de Cartagena.
Desde luego, para los millones de colombianos que rechazaron en las urnas el primer acuerdo, el supuesto texto final no suscita en ellos satisfacción sino alarma. Objeciones esenciales expresadas por los voceros del No nunca fueron tomadas en cuenta. El Gobierno y las Farc consideraron puntos inmodificables la Reforma Rural Integral, que permitirá a las Farc apoderarse de enormes territorios a través de comunidades agrarias bajo su control; la elegibilidad política; la inquietante Jurisdicción Especial para la Paz, que dispondrá de poderes excesivos e intocables, así como la llamada Justicia Transicional. Así mismo, el narcotráfico seguirá siendo considerado un delito conexo al de rebelión y subsistirá también el Bloque de Constitucionalidad, que incorpora lo pactado en la Constitución. Temas que de ninguna manera se podían pasar por alto.
La refrendación del acuerdo en el Congreso, decidida por el presidente Santos para evitar el riesgo de un nuevo plebiscito, tiene todo el carácter de un pupitrazo. La dócil mayoría parlamentaria se limitó a aprobar el nuevo mamotreto, cumpliendo el mandado de Santos. Calificados constitucionalistas han declarado que el Congreso no tenía las facultades para ello, menos aún cuando los electores del No que ganaron el plebiscito lo rechazan.
A fin de cuentas, las Farc se salieron con la suya. El acuerdo que les concede como nuevo partido político toda suerte de ventajas les abre camino para alcanzar su máximo propósito: la llegada al poder valiéndose de una discreta estrategia revelada por el propio ‘Timochenko’ cuando propone un gobierno de transición del cual, obviamente, ellos harían parte. Con la mirada puesta en las elecciones del 18, los llamados ahora amigos de la paz se congregarían en torno a un solo candidato. Con este cándido ropaje, las Farc dejarían atrás su piel de lobo feroz para entrar en los parajes del poder contando no solo con sus millonarios recursos económicos, sino también con el control de vastas regiones del país y una disciplinada militancia. Así, tal como se ven las cosas, nos acercaríamos al socialismo del siglo XXI, modelo de comunismo tropical que ha llevado a la ruina a Venezuela con el apoyo de Ecuador, Bolivia y Nicaragua. Sí, incierto e inquietante destino el que nos espera.
