La construcción de la paz, que es la apuesta política principal del gobierno Santos, debe mostrar resultados en la lucha contra las bandas criminales. Agamenón está en mora de ser contundente.

En el radar de la lucha contra los grupos armados ilegales en Colombia, en 2017 aparece un objetivo principal: las bandas de delincuencia organizada de mayor nivel, verbigracia el “Clan del Golfo (Urabeños)”, “los Rastrojos” y “los Puntilleros”. Se trata de estructuras que aún generan notorias perturbaciones de orden público y que alimentan graves actividades y conductas criminales.

Un reciente y completo análisis de este diario muestra cómo, aunque son numerosos los mandos medios y combatientes rasos capturados, esas bandas continúan con el narcotráfico, el microtráfico, las extorsiones y el reclutamiento de personas, en territorios estratégicos del país.

En 2016 tuvieron el atrevimiento, incluso, de desafiar a las Fuerzas Militares en algunas regiones con amenazas y ataques a comerciantes y líderes comunitarios. Se trata, con el Eln, del mayor lunar y amenaza a la tranquilidad de los colombianos. Mientras el Eln no activa su proceso de diálogo con el Gobierno Nacional, sí emplea su fuerza en actos terroristas y, entre tanto, las bandas criminales se dedican a la producción y envío de narcóticos en una escala internacional que involucra a los carteles mexicanos.

Según analistas consultados por este diario, en 2017 hay asuntos claves que atender en relación con esas estructuras: la especialidad y eficacia investigativa y procesal, dado que en numerosos casos faltan pruebas y vencen los términos, y los capturados quedan en libertad. Se trata de un desgaste en operatividad policial que no se ve compensado con resultados judiciales.

Este año es clave para la Operación Agamenón, la ofensiva de mayor envergadura y costos adelantada en la historia de la lucha contra una estructura y sus capos, incluso más que las efectuadas en su momento contra los carteles de Medellín y Cali, Pablo Escobar y los hermanos Rodríguez Orejuela y sus socios.

Después de dos años, cuestionan los expertos, la cúpula del Clan del Golfo, con alias “Otoniel” y “Gavilán” a la cabeza, se mantiene intacta. Hay una penetración de sus redes de finanzas y apoyos logísticos, pero los máximos cabecillas continúan prófugos.

Se requiere un combate militar y policial contundente que desmantele una organización con más de 2.500 integrantes, que ha obligado a cerrar comercios en Urabá y Santa Marta y que ha quemado vehículos y atropellado conductores en vías clave del país. Ello sumado al poder económico que se le atribuye, derivado de su participación muy activa y protagónica en el “circuito mundial del narco”.

Los analistas y críticos coinciden en que no puede haber más golpes dispersos. Debe avanzar una campaña coordinada y definitiva, de todo el aparato de seguridad estatal, para cercar y detener a los máximos jefes de esas bandas o para que no les quede otra opción distinta que entregarse a las autoridades.

Las bandas criminales no pueden seguir visibles y desafiantes en el mapa de la ilegalidad de Colombia. Mucho menos si se pretende acabar el narcotráfico y construir una paz estable y duradera.