Pedir a Arias daña la paz política y arriesga que Trump solicite a las Farc y el nuevo gobierno los pueda extraditar.
Ya parece urgente que los aspirantes a suceder a Juan Manuel Santos le rueguen, al menos en privado, que se abstenga de decisiones particularmente dañinas para la paz política que uno de ellos tendría que reconstruir. Como la de pedir en extradición a Andrés Felipe Arias.
¿Quién, mínimamente preocupado por el futuro de nuestra democracia, quiere a Arias en Colombia pagando una condena absurda de 17 años de prisión y una multa de 50.000 salarios mínimos, mientras a las Farc se les da amnistía por corrupción también? Es de creer que Humberto de la Calle no compraría semejante problema, como sucesor obvio de Santos. Pues entonces que le diga algo al presidente.
Pero, ¿por qué este gobierno persigue a Arias? ¿Qué gana con eso? No ha de ser por un deseo ardiente de justicia, porque todos nos reiríamos (amargamente). Más creíblemente: porque el nobel de paz está en guerra política con el uribismo y asume que cada noticia sobre Arias le recordará a la gente el escándalo de Agro Ingreso Seguro.
Andrés Felipe Arias no era una figura popular, y este uso político descarado de la extradición que le están aplicando ha logrado ir convirtiéndolo en un símbolo de que Santos no juega limpio. Además de crear un precedente inconveniente, de pésima calaña.
Más o menos el mismo tipo de efectos no deseados de los actos de manipulación del Estado de derecho: que las decisiones así tomadas (la refrendación hechiza en el Congreso, por ejemplo) no aclimatan el Acuerdo de Paz y el precedente se le puede devolver.
Por fast track ilegítimo, los de las Farc serán los únicos colombianos protegidos constitucionalmente frente a la extradición; por fast tracklegítimo (por plebiscito o referendo convocado por un nuevo gobierno), pueden dejar de serlo. La administración Trump podría pedirlos en extradición, y en medio de una paz política rota, muchos querrán que no exista el antecedente de lo que le están haciendo a Arias. Mandan un par de excomandantes.
Para la justicia estadounidense, el presidente Santos tiene malas credenciales en materia de extradición. En 2011, para tranquilidad de Chávez, le envió al narcotraficante venezolano Walid Makled, en vez de atender la solicitud de EE. UU., todos sabemos por qué. En 2015 negó la extradición a EE. UU. de Juan Vicente Carvajal, alias Misael, segundo al mando del frente diez de las Farc, un narco que seguramente será amnistiado para que siga en lo que sabe hacer.
Y desde julio de 2016, no se sabe qué ha pasado con el capitán venezolano Antonio Lamas Rondón, expiloto de la primera dama, a quien la DEA considera ficha importante del Cartel de los Soles. Ya ha debido ser extraditado a Estados Unidos, pero Maduro tiene vara alta con Santos. Un lindo palmarés, junto al crecimiento desbordado de cultivos de coca, que pondrá felices a los del nuevo gobierno gringo. Como a nosotros la paz política que nos deja.
