Niños siguen en la guerra

El gobierno colombiano, como se sabe, no tiene mucho margen de acción para exigirle mayores cosas a las Farc. Si no las condicionó efectivamente en su momento, cuando se estaba en la prolongada etapa de negociación habanera, ahora suena bastante extemporáneo hacerlo en la alrevesada etapa de pos-negociación colombiana. Eso queda aún más claro en el caso de la devolución de los centenares de niños guerrilleros, de que se habló en la teoría por parte del Gobierno durante los largos años cubanos y que nunca se llevó a cabo. Ni que tampoco, al menos en la práctica, se puso como condicionamiento esencial para firmar el pacto final. Todo ello, claro está, por la premura en rubricar, a como diera lugar, el documento bipartito y darle curso al plebiscito que, sin embargo, pasó a los anales de la historia del país por la respuesta negativa de la ciudadanía y luego las maniobras para hacerle esguinces al resultado. Lo que ni siquiera el premio de paz concomitante, debajo de la manga del comité noruego, pudo camuflar.

En efecto, del publicitado acuerdo de Cartagena se pasó entonces al furtivo acuerdo del Colón, con la posterior erosión institucional que significó la espuria y contraevidente refrendación parlamentaria, pero en ese lapso, hasta hace muy pocos días, los agentes oficiales no dijeron ni pío frente a la devolución de los niños inscritos en la subversión. La guerrilla alcanzó hace un tiempo a entregar algunos, como cuota inicial ínfima, pero a la larga no se cumplieron los protocolos que trataron de improvisarse a las volandas y los niños prefirieron regresar, de la efímera concentración en Llanogrande, a las llamadas zonas de preagrupamiento o al seno de sus familias, sin pasar por los tratamientos sicológicos y los requisitos técnicos de la reinserción que se tenían planteados como obligatorios por las oficinas estatales.

En estos días, el jefe negociador del acuerdo final, tradicionalmente caracterizado por su talante conciliador y ajeno a las pugnas directas, salió del táctico mutismo de los últimos meses para dictar un ultimátum a las Farc en la materia. En resumen, devuelven todos los menores, ya o ya. El país se sorprendió porque no es el experimentado funcionario, ahora en trance de candidatura presidencial, dado a semejantes arrestos o al menos no se le conocieron en el ámbito negociador. Con ello, en todo caso, pareció tomar distancia política, dando a entender que hasta ahí llegaba la mancorna con las Farc dentro de los lineamientos en que acordaron el armisticio y las reformas.

De hecho, la cauda a la que pertenece el jefe negociador, el partido Liberal, ya había anunciado que no hará parte de la coalición propuesta, para el próximo período presidencial, por el líder de la guerrilla y que hacía o hace referencia, cuando estén sin armas, al Estado móvil y en gestación que siempre han pregonado. Aun con todas las simpatías que aparentemente las Farc podrían tener por él, por cuanto sigue siendo la única figura a la mano para supuestamente dinamizar el tránsito a la política con alguna vocación de poder, contestaron el ultimátum, arguyendo que, como siempre lo han dicho, tienen 23 menores y ni uno más. Y que activarán los procedimientos para llevarlos a los lugares de acogida.

El tema de los menores es, por supuesto, sustancial a lo establecido en el Estatuto de Roma, fundamento de la Corte Penal Internacional (CPI) y base del proceso con las Farc. Hace pocos días, asimismo, la Fiscal de esa organización advirtió perentoriamente al Congreso que el acuerdo del Colón no cumple con los cánones del Estatuto en cuanto a los máximos responsables y pidió el ajuste respectivo e inmediato a la jurisdicción correspondiente (JEP), en trámite legislativo. El otro acápite fundamental del Estatuto es, como se dijo, el de los niños en la guerra. Y como ambos casos están en la lupa de la CPI se sienten, en efecto, los tremores y temores por todas partes. Todavía más con las advertencias hechas, en la órbita nacional, por el Fiscal General de la Nación y la presidente de la Corte Suprema de Justicia, máximas autoridades del país en materia jurídica.

Ante el tema de los menores, y de modo un tanto infantil, el presidente del Congreso trató de enmendar la plana, proponiendo una operación tortuga en los trámites de paz que se llevan a cabo en la corporación. Desde luego, no va a ocurrir y son cantos de sirena para distraer incautos. La verdad es que, en muchos aspectos, el acuerdo del Colón quedó en obra gris. Y eso es lo que está pasando factura.

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