Ante la aprobación de la nueva Ley de Alcoholes y la problemática que intenta abordarse en virtud del riesgo de conducir y beber alcohol siendo un peligro para la sociedad, es necesario analizar cuánto afecta a nuestra sociedad la toma de decisiones influenciadas por el alcohol que afectan directamente a la ciudadanía.

Conocimos el 2011 del aumento de las compras de alcohol en entidades públicas, en particular en el Congreso, lo que llama a la reflexión acerca de cuánto afecta el alcohol en las decisiones que tomamos, ya no como conductores sobre un vehículo, sino siendo un riesgo como representantes con voz, voto, decisión y dieta cubierta con recursos públicos. Como los medios se han encargado persistentemente de hacerlo notar, unos cuantos centímetros cúbicos bastan para afectar nuestro sano juicio. Cada decisión, cada voto e intervención bajo la influencia del alcohol puede estar afectada inclusive bajo el efecto de una sola copa. No hablamos aquí de honorables diputados o senadores afirmados a las murallas del Congreso en estado de intemperancia, sino tranquilamente, luego de un almuerzo, por ejemplo.

No podemos darnos el lujo de dilapidar dinero público en personas que, influenciadas por el alcohol, definen el devenir legislativo. Por cierto que el propio gasto en dependencias públicas de alcohol -ejecutivo, legislativo, judicial, universidades- muchas veces incluidos en servicios de catering, de partida es cuestionable más aún en el escenario que han definido. Ni la excusa de que somos un país de vinos, que es por salud en tanto antioxidantes o por que brindar con alcohol es norma protocolar, debiese de ser válido como una excusa para invertir fondos públicos en alcohol.

No se trata de accidentes de tránsito -que para esto habrá probablemente un chofer contratado por el honorable- sino de decidir, al igual que un conductor frente al volante, pero en este caso frente a una teclera, el destino legislativo de la República. ¿Qué hace que un diputado o senador pueda tomar mejores decisiones que un conductor cualquiera bajo la influencia del alcohol? ¿Por qué debemos confiar ciegamente en la sobriedad de nuestros representantes, por ejemplo, luego de un almuerzo bien regado debiendo votar en la tarde? ¿Habrá siesta también? El alcohol no nos afecta a todos por igual: el peso, la estatura e inclusive la edad pueden hacer que nos afecte en diferente grado una sola copa.

En una perspectiva distinta, debiésemos cuestionarnos por qué si cuando los ciudadanos votamos en periodos de elecciones debemos asumir la prohibición de la venta y consumo de alcohol, un representante no debe regirse por la misma obligación en el día a día.

La guía que la autoridad debiese ejemplificar hacia la ciudadanía expectante, tendría que cuestionarnos inclusive la mismísima tradición de tomar chicha en cacho, en transmisión a nivel nacional, en vivo y en directo, difundiendo un mensaje explícito: celebrar implica alcoholizarse. En este caso, autoridades de todos los ámbitos de la vida pública tendrían que analizar cuánto afecta su ejemplo en los espectadores a nivel nacional y desde luego local en cada celebración comunal que se realice.

Volviendo al Congreso Nacional, previo a cada votación, debiésemos de cerciorarnos que cada representante estuviese en plenas facultades, equiparables a las que exigiremos a cualquier conductor en la vía pública. Es más, podríamos automatizar que cada teclera sea activada únicamente luego de comprobar la sobriedad del usuario, aunque claro, no podrán ceder las llaves como un conductor, entregando la teclera a otro.

Evitemos también los accidentes legislativos y en caso de suceder, que se sancione como corresponda. Hemos sido testigos de errores garrafales en votaciones, por ejemplo durante la discusión de la ley relativa al tabaco en donde nuestros honorables equivocaron su voto en base a una supuesta confusión. ¿Alcohol? No tenemos cómo saberlo. El propio tabaco y sus prohibiciones nos lleva también a pensar en por qué no se elimina el alcohol, al igual que el tabaco, tanto de presupuestos como de edificios públicos.

El mensaje es claro: si va a beber, no vote.