Cada vez se hace más indispensable el concurso decidido y oportuno de todas las alcaldías del Valle de Aburrá en la lucha contra las estructuras criminales. No puede haber zonas de confort

La lucha contra las estructuras criminales que operan en el Valle de Aburrá exige que se enfatice, cada vez más, en dos aspectos clave: el diseño de planes metropolitanos de seguridad y la voluntad y decisión de los alcaldes de los municipios para combatir a esas organizaciones, y en especial para hacer un trabajo preventivo a fondo con los jóvenes, buscando evitar que se conviertan en la mano de obra futura de la delincuencia.

Los informes de las autoridades sobre la presencia de las bandas, su composición y territorios, pero también los resultados favorables en la captura de los jefes de algunos de los grupos con mayor hegemonía (“los Chatas, “los Triana”, “Caicedo” y “Robledo”), han visibilizado otras organizaciones que han crecido en medio del bajo perfil y el descuido de las autoridades locales.

Este diario presentó ayer una investigación sobre la banda de “el Mesa”, con más de tres décadas de actividades ilícitas que logró crecer, según estima la Fiscalía General de la Nación, a más de 300 integrantes y que extendió sus operaciones desde el municipio de Bello a otras ciudades de Antioquia y del país, entre ellas La Ceja, Bogotá y Soacha.

Es inevitable mencionar la corresponsabilidad que se les plantea a todos los mandatarios del Valle de Aburrá, con sus equipos y políticas sociales y de seguridad, para que además de ejercer en su jurisdicción una tarea coordinada con la Policía, la Fiscalía y el mismo Ejército, cada vez más se sumen a un trabajo conjunto de cruzamiento de datos y cooperación con las otras administraciones municipales.

Desarticular las bandas, desestimular su aceptación social, judicializar a sus capos, desbaratar sus redes de apoyo logístico y financiero no será posible mientras haya lugares inexpugnables o faltos de operatividad y presencia del Estado, desde Caldas hasta Barbosa, y desde los corregimientos de Altavista y Palmitas hasta Santa Elena y los demás corredores de movilidad que puedan aprovechar estratégicamente las estructuras criminales para su estancia permanente o su tránsito ocasional.

No será posible reducir la dominancia y la incidencia de superestructuras como el “Clan del Golfo” y “la Oficina” en el Valle de Aburrá, y la existencia de otros clanes que al parecer se presentan como “independientes” (outsourcing del crimen ¡!), mientras no haya un copamiento planificado de la institucionalidad en las barriadas más deprimidas de Medellín y los nueve municipios vecinos.

Una avanzada que, se sabe, no puede agotarse en medidas coercitivas y de choque de carácter policial y judicial sino que debe comprender un espectro amplio de acciones que lleven cambios a las comunidades y cobertura de sus necesidades básicas en educación, empleo, salud, desarrollo social y cultura.

Aunque se entienden los acentos políticos y las visiones singulares que cada Alcaldía tenga del enfoque a la seguridad y de combate a la criminalidad organizada, sí es necesaria una voluntad manifiesta de rechazo y persecución a estas redes que manejan el macro y microtráfico, las extorsiones y la trata de personas, y que incluso ostentan dominios territoriales que ponen límites y condiciones a actividades económicas como la construcción y la distribución de alimentos y otros bienes.

No puede haber islas ni feudos donde la delincuencia prospere y se enquiste cual si fuese parte del paisaje corriente del Valle de Aburrá.