Catatumbo, crisis silenciosa

Catatumbo, crisis silenciosa

Estado no pudo recuperar control de la zona
Similitudes con la problemática en Nariño

Esta región de Norte de Santander ha estado, lamentablemente, marcada por la violencia desde hace muchos años. La presencia de las Farc, el Eln, el Epl, los grupos paramilitares y otro tipo de bandas criminales ha desangrado esa región por décadas, más aún después de que la zona se convirtió en uno de los principales enclaves del narcotráfico, tanto en extensión de narcocultivos como en producción y tráfico de cocaína y otros estupefacientes.

En las últimas semanas la situación se ha complicado aún más por cuenta de los enfrentamientos armados entre facciones del Eln y los reductos del Epl, que se disputan el ‘control’ territorial y el negocio del narcotráfico y la minería ilegal, entre otros delitos, que antes manejaban los frentes de las Farc que se desmovilizaron. Incluso los atemorizados habitantes están sufriendo estos días los rigores de un ‘paro armado’ impulsado por los subversivos.

La Defensoría del Pueblo alertó ya sobre la crítica situación en el Catatumbo, advirtiendo que la “reconfiguración de la dinámica armada en el territorio” ha conllevado desde enero pasado a una escalada de violencia en la zona, afectando principalmente a la población civil, sometida a desplazamiento forzado, amenazas, secuestros, confinamiento, restricciones a la movilidad, enfrentamientos armados con habitantes en medio del fuego cruzado así como la afectación de los servicios básicos como la salud y la educación. Incluso las autoridades de Norte de Santander tuvieron que declarar la “urgencia manifiesta” para hacer frente a la grave situación en los municipios de Tibú, Hacarí, Teorama, San Calixto, El Tarra, El Carmen, La Playa y Convención así como sectores de Sardinata, Ábrego y Ocaña.

Las autoridades han advertido que se están movilizando las Fuerzas Militares y la Policía para hacer frente a la delicada situación, en tanto que en medio del desespero y el temor hay voces regionales y locales que urgen al Gobierno nacional, e incluso a organizaciones humanitarias, a que analicen la posibilidad de una mediación entre “elenos” y “epelos” para frenar los combates entre las dos facciones subversivas. Es claro que esta clase de propuestas han encendido las alarmas en torno a la real capacidad del Estado para controlar la zona y hacer valer la supremacía de la autoridad institucional.

Si bien es cierto que se trata de dos regiones con situaciones y particularidades muy distintas, hay analistas que consideran que, guardadas las obvias proporciones, lo que ocurre en Catatumbo es muy similar a lo que se está registrando en Nariño. Esto porque se trata de dos zonas fronterizas en donde el tránsito de elementos armados entre un país y otro es muy profuso. También porque en las dos regiones se acusa al Estado de no haber sido lo suficientemente eficaz en la consolidación de los territorios que dejaron libres las Farc cuando desarmaron y desmovilizaron el grueso de su pie de fuerza combatiente. En tercer lugar, porque el común denominador en estos enclaves en las fronteras suroccidental y nororiental es el pulso entre facciones subversivas, disidencias o rezagos de las mismas, bandas criminales y carteles ‘puros’ del narcotráfico por adueñarse del control de las extensas zonas de narcocultivos así como de la infraestructura y rutas para la fabricación y exportación de cocaína. Y, por último, en una y otra zona los operativos de erradicación voluntaria y forzosa de los sembradíos ilícitos se han estrellado con atentados terroristas contra la Fuerza Pública y la presión de los violentos al campesinado para que se opongan a la destrucción de los cultivos ilegales… Un dato adicional: tanto en Nariño como en Norte de Santander las autoridades locales y regionales consideran que las políticas para empezar a aclimatar el posconflicto han tenido una muy lenta implementación.

Es claro, entonces, que la crisis del Catatumbo, así no sea tan visible y con impactos tan preocupantes en materia de relaciones internacionales como la que se registra ahora en Nariño, termina siendo igualmente grave. Con el agravante de que la zona limítrofe con Venezuela está sufriendo, además, los coletazos de la oleada migratoria de venezolanos en los últimos dos años, que ha traído a la zona un alto desempleo, sobredemanda de los servicios públicos, mayor crisis económica y un aumento de la inseguridad urbana y rural, entre otras afectaciones crecientes.

Aunque en el pasado ya se han implementado en el Catatumbo planes de choque, tanto desde lo militar como desde la presencia institucional del Estado, a la luz de los hechos de las últimas semanas queda en evidencia que se requiere una intervención más efectiva. El Gobierno nacional no puede seguir como simple espectador de esta debacle en Norte de Santander.

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