Así sea tachado de “enemigo de la paz”, el fiscal debe persistir en el cumplimiento de su misión. Y el Gobierno y los demás poderes respaldar sus actuaciones ajustadas a la ley.

A raíz de la captura del dirigente de Farc, alias “Jesús Santrich”, reclamado por un tribunal federal de Nueva York por conspiración para exportar 10 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, ha sido objeto de aquella trillada acusación que se le endilga a todo aquel que actúe bajo preceptos que los dirigentes de la Farc o los promotores de los acuerdos de La Habana consideren contrarios a sus intereses: la de “enemigo de la paz”.

No es nueva. A este fiscal, contrario a lo que ocurría con su antecesor en el cargo, se le cataloga como “enemigo de la paz” no porque manifieste posiciones doctrinales o ideológicas favorables al conflicto armado o al uso exclusivo de la fuerza como mecanismo de resolución de conflictos, sino porque en ejercicio de las competencias que la Constitución y la ley le asignan, ha hecho advertencias y señalamientos muy precisos sobre “micos” que en la implementación de los acuerdos se han querido meter subrepticiamente en desmedro de la justicia y la igualdad ante la ley.

Las Farc, en su momento como guerrilla negociadora en La Habana, y ahora como movimiento político (la Farc) con muy pocos votos, pero prevalida de una personería política que los acuerdos suscritos le otorgaron como excepción a la representatividad legitimada a través de las urnas, quieren que se imponga identidad entre el concepto y valor de la paz –aquel del que trata el muy citado artículo 22 de la Constitución– y entre lo que ellas promueven como ideario y lograron estampar en los acuerdos de La Habana. En esa fórmula de confundir lo uno con lo otro, sea por oportunismo político o por utilitarismo ideológico, han incurrido también el Gobierno, varios políticos y no pocos líderes de opinión.

Y a eso se añade la perversa tesis acuñada por el entonces magistrado José Leonidas Bustos, en su momento aplaudida por el Gobierno y sectores de la judicatura en las altas cortes, según la cual “el derecho no puede ser un obstáculo para la paz”, entendiendo paz como los acuerdos Gobierno-Farc. El fiscal General Martínez Neira, a pesar de haber sido cercano al magistrado Bustos, no ha atendido, por fortuna, a la dañina doctrina. Y una revisión somera de los hechos indica por qué:

Fue el fiscal General quien advirtió un artículo en un decreto-ley que legitimaba la destinación de recursos de las Farc para fines distintos a la reparación material de sus víctimas. El mismo Comisionado de Paz de ese momento, Sergio Jaramillo, consideró una propuesta inadecuada que no sabía quién la había incorporado a la ley. También fue Martínez Neira quien denunció las trampas en los listados de bienes de las Farc –trapeadoras, exprimidores, supuestas carreteras–, y quien conminó al Ejecutivo y al Legislativo a reglamentar de forma seria la Jurisdicción Especial de Paz, de modo que quedara establecido que los delitos cometidos por miembros de las Farc después de la firma de los acuerdos no debían ser objeto de beneficios penales. Solo por citar algunas, pues han sido más.

En lo que se refiere, pues, a las competencias que constitucionalmente tiene asignadas para asegurarse de que la impunidad tenga límites, así sea en un sistema de justicia transicional –donde el principio orientador es que la justicia debe ceder su primacía a favor de la desactivación de los actores violentos, que deberán “someterse” a aquella de forma más bien simbólica– el actual fiscal General está cumpliendo con su deber, y actuando conforme a una confianza que el grueso de la sociedad le brinda, en tanto que esa lealtad con la Constitución y el Estado de Derecho va en beneficio del sistema democrático.