La contienda guerrerista rebrota. Se calcula que hay 18 frentes subversivos con cerca de 1.500 hombres en armas. Las bandas criminales acosan a no pocas zonas urbanas. Parecería que fuéramos regresando al pasado sangriento, lleno de llantos y despojos. Varias regiones nacionales están atiborradas de droga, el gran combustible del conflicto y la fuente de ingresos ilícitos que condenan al país a su tragedia.

En algunos departamentos colombianos pareciera que el conflicto armado tomara un segundo aire, cogiendo de sorpresa a sus Fuerzas Armadas y de seguridad. Que toda la parafernalia suscrita en La Habana se fuera desvaneciendo, para quedar un proceso de paz tan incompleto como debilitado. Que solo aplicara para la cúpula guerrillera –que nerviosamente comienza a dispersarse–, mientras algunos contingentes de mandos medios y base insurgente volvieran al monte a empuñar las armas.

La percepción de inseguridad es evidente. El narcotráfico, gran carburante de la guerra, alimenta la crisis. La droga rebasa la capacidad de acción y reacción de las fuerzas del Estado. Buena parte del mapa colombiano se pinta de color rojo. Persisten con fuerza asaltos, muertes, atracos, robos. Y Santos, acariciando su Nobel de Paz, dice en el exterior que todo marcha normal como si los habitantes de Colombia hubieran caído en el peor de los cretinismos.

Pocas veces, en ciudades y campos, se denuncian los hechos delictivos. Y no se hace o porque las víctimas no creen en la eficacia de la justicia, o por miedo a represalias de los delincuentes cuando a pocas horas quedan en libertad. Una libertad, almohada de la impunidad, de la cual gozan, cuando apenas el denunciante se está reponiendo de las heridas, de las humillaciones, o de los sustos.

En este desorden de la inoperancia del Estado colombiano, persiste la idea de que no hay unas instituciones fuertes y legítimas que protejan al ciudadano inerme. Las víctimas del delito están desprotegidas. Máxime cuando los victimarios operan con armas sofisticadas y con redes de apoyo ante las cuales las autoridades se muestran impotentes.

Algunos juristas señalan como una de las causas de este imperio de la ilegalidad y del miedo, la incoherencia en la normatividad penal. Aberraciones como la de no castigar ejemplarmente a los reincidentes, son comunes. Existen las puertas giratorias –no solo en los carteles de las togas–, sino en la delincuencia urbana. El delincuente –¿siempre por falta de pruebas?– que entra al despacho del juez por una puerta, al momento sale por la otra, tan libre como campante.

Como escribe Juan Lozano, “la paz de exportación, la paz de los foros internacionales, la paz de los gobelinos contada en otros idiomas se presenta como vigorosa e irreversible. Nada más alejado de la realidad. Aquí en Colombia la cosa es a otro precio”.

Parecería que la guerra no se quisiera desprender de Colombia. Y que si bien las camas del Hospital Militar reducen su ocupación por la disminución de la actividad guerrillera, las de muchos hospitales en los municipios de Colombia, comienzan a llenarse por otra criminalidad que renace.