No hay duda de que existe una miserable campaña, centralmente orquestada, para acusar al presidente electo, Iván Duque, y a su coalición, de muchos males del país, incluyendo los atroces asesinatos de los líderes sociales, que se vienen perpetrando desde hace tres años. Pero quienes lo acusan, además de tratar de tapar el sol con sus manos, deben estar consternados porque cada día se conoce más la verdad de lo que sucede, incluyendo la información que presenta el último número de la revista Semana. Según esta revista, las disidencias de las Farc alcanzan ya unos 4.000 hombres en armas, con un poder militar y financiero similar al que tenía esa organización en 2012. Están repartidos en 29 estructuras y tienen presencia en 18 departamentos y su nuevo jefe, Gentil Duarte, quien está reagrupando a la guerrilla, planea contar con 8.000 guerrilleros al terminar 2019. Estos grupos están involucrados con el narcotráfico, con la minería ilegal, algunos controlan yacimientos de oro y coltán, y otros tiene una base de acopio de coca en Venezuela, con pistas de aterrizaje. Está probada su responsabilidad en masacres, como la de los miembros del CTI en la Guayacana, en Nariño, el acoso a las juntas de acción comunal y a todos los que apoyan los programas de sustitución y erradicación de cultivos ilícitos.
Si se recuerda que, al firmar el acuerdo de La Habana, se entregaron 7.000 guerrilleros, estas cifras son aterradoras. Además, sabemos que un 70 % de los exguerrilleros abandonaron las zonas de concentración y que las hectáreas sembradas de coca son ya más de 200.000. Cada vez es más claro que, además de las estructuras de esa organización, el Eln, el Clan del Golfo y otros grupos delincuenciales están disputándose las zonas que abandonaron los frentes originales de las Farc y que los asesinatos de los líderes sociales son, en su gran mayoría, producto de esas guerras mafiosas, especialmente de quienes apoyan la sustitución y erradicación de cultivos ilícitos. Fuentes de la Fiscalía tienden a confirmar que las causas de estos crímenes responden a peleas entre reinsertados y reincidentes, a disputas por las rentas ilícitas entre grupos armados emergentes, a oposición por reclamación de tierras y también se han encontrado casos de cooptación a agentes del Estado.
Contra esa evidencia, utilizando el lenguaje de la política de la identidad y del populismo, que concibe la política bajo el esquema de amigo-enemigo, se atribuye esta violencia a una conspiración, centralmente coordinada por la derecha o por unas élites colombianas contra los sectores populares y progresistas para evitar su avance y participación política. Y argumentan que estos episodios de violencia actual responden a un patrón antidemocrático histórico, conforme al cual las aperturas democráticas son cerradas con violencia contra los líderes sociales. El argumento más mezquino y absurdo afirma que las bandas criminales, con la llegada del nuevo gobierno, se sienten con carta blanca para cometer sus fechorías.
El país y la comunidad internacional tienen que conocer la verdad de la situación de orden público que recibirá el gobierno de Iván Duque, incluyendo, por supuesto, las cifras de hombres alzados en armas de las disidencias de las Farc y su estrecha relación con el narcotráfico. Y también deben ser conscientes de esta miserable campaña en su contra, orquestada con las más sucias intenciones por sus enemigos políticos.
