Medidas cautelares para “salvaguardar sus garantías judiciales” solicitó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el expresidente Álvaro Uribe a través de la firma Víctor Mosquera Marín Abogados.

El recurso busca «que se obre en estricto cumplimiento al principio de legalidad e imperio de la ley, aplicando la norma. Esto es para que quienes desarrollen las actuaciones sean competentes, independientes e imparciales», indicó la firma de abogados que representa al exmandatario en un comunicado fechado en Washington.

Además, «que se permita en condiciones de igualdad en acceder a la doble instancia, interrogar testigos, conocer las pruebas oportunamente y se garantice el derecho a defenderse».

Como lo ha informado EL NUEVO SIGLO, el senador Uribe, jefe natural del Centro Democrático, enfrenta una indagación formal de la Corte Suprema de Justicia por un caso que se remonta a 2012, cuando denunció al senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, ante la Corte Suprema por gestar un complot con testigos falsos para intentar involucrar a Uribe con grupos paramilitares; pero la Corte, no solo se abstuvo de procesar a Cepeda, sino que le abrió en marzo una investigación a Uribe y al representante por el Huila, Álvaro Hernán Prada, también del Centro Democrático, bajo la misma sospecha: manipular testigos.

Uribe y Prada estaban citados a indagatoria en septiembre, pero la Corte suspendió los términos mientras se resuelven las recusaciones presentadas contra los magistrados de la respectiva sala.

Según el abogado Jaime Granados, apoderado de Uribe, los magistrados que firmaron la apertura de la indagación no tenían la competencia, pero además cuando se les preguntó por escrito en dos ocasiones si estaban investigando a Uribe y Prada, dijeron en una primera respuesta que no y la segunda vez no contestaron.

Medidas cautelares

De acuerdo al documento divulgado por los abogados, se debe “obrar en estricto cumplimiento, al principio de legalidad e imperio de la ley, aplicando la norma, esto es que quienes desarrollen las actuaciones sean competentes, independientes e imparciales”.

Asimismo, la firma sostiene que “se permita en condiciones de igualdad acceder a la doble instancia, interrogar testigos, conocer las pruebas oportunamente y se garantice el derecho a defenderse. Vulneraciones que se desprenden de la investigación que la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia abrió sin tener competencia para ello, inobservando lo dispuesto en el acto legislativo 01 del 18 de enero de 2018”.

“Pedimos se adopten las medidas necesarias para preservar el derecho a la defensa que le asiste a los apoderados, adoptando las medidas necesarias para asegurar que los abogados puedan desarrollar sus actividades como defensores”, señala el texto.

Agrega que “se permita en condiciones de igualdad en acceder a la doble instancia, interrogar testigos, conocer las pruebas oportunamente y se garantice el derecho a defenderse”. Afirmando que esto surge de una investigación que abrió la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia “sin temer competencia para ello e inobservando lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 del 18 de enero de 2018”.

Los abogados del expresidente piden a la CIDH que se adopten medidas por parte de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema para “reforzar las garantías judiciales mínimas del Senador y expresidente”, así como la competencia, igualdad e imparcialidad.

En el comunicado aseguran que las medidas cautelares son de carácter tutelar y “buscando evitar un daño irreparable y preservar el ejercicio de los derechos humanos”.

Piden también que la CIDH informe sobre las acciones utilizadas para investigar la situación por parte de las autoridades competentes y que se “adopten las medidas necesarias para preservar el derecho a la defensa”.

El representante Prada también solicitó medidas cautelares de la CIDH, mientras procedió a interponer un recurso ante la Corte para que le reabra la investigación a Cepeda y anule el llamado a indagatoria.

Su petición es la misma que la de Uribe: que se le garantice un proceso independiente e imparcial y que tenga acceso a la doble instancia en la Corte Suprema de Justicia, a interrogar testigos y conocer las pruebas oportunamente.

La petición que hizo la firma Víctor Mosquera Marín Abogados asegura que sólo se está «buscando evitar un daño irreparable y preservar el ejercicio de los derechos humanos», así como “medidas idóneas, necesarias y oportunas por parte de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, encaminadas a reforzar las garantías judiciales mínimas” de Prada.

Acciones ante la Corte

De otra parte, nuevas pruebas que permitirían a la Corte revocar la decisión de febrero en la que le archivó la investigación a Cepeda, pidió el abogado Granados.

Granados recordó que Cepeda promovió un debate en el Senado sobre el paramilitarismo en Antioquia y divulgó los testimonios de dos excombatientes que le hicieron señalamientos a Uribe. Ese mismo día, Uribe acudió a la Corte y denunció a Cepeda por abuso de función pública, fraude procesal y calumnia. En febrero se produjo la decisión ya mencionada.

Según Granados, hay nuevos elementos probatorios que le permitirían a la Corte Suprema tomar esa decisión.

«Hemos pedido varios testimonios para que se revoque el auto inhibitorio porque, conforme a la ley, cuando se toma una decisión inhibitoria, puede ser revocada si hay prueba sobreviniente», dijo el jurista.

De acuerdo con Granados, se trata de seis testigos nuevos. Uno de esos testimonios sería el del narcotraficante Juan Carlos Sierra, alias el Tuso Sierra.

La carta de Sierra ya fue radicada en la Corte, sostuvo Granados, anotando que «lo que le estamos pidiendo a la Corte es que decrete el testimonio de este señor, para que, bajo juramento, con todas las garantías, con presencia de todas las personas que correspondan, sea interrogado y se sepa la verdad», e indicando que con este testimonio y cinco más se podría revocar la decisión de no investigar a Cepeda.

El abogado Granados, en su solicitud, mencionó el testimonio que dio el paramilitar Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche, en el juicio al ganadero Santiago Uribe, hermano del expresidente, por presunta conformación de grupos paramilitares. Según Roldán, Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero, lo estaba buscando para que incriminara a los hermanos Uribe.