Así la jurisprudencia consolidada sea cargar responsabilidades a la Nación por terrorismo guerrillero, hay total falta de justicia en que los directos responsables eludan sus culpas penales, económicas y morales.

Está en la memoria de gran parte de los colombianos que en la noche del 7 de febrero de 2003, explotó un carro bomba en el club El Nogal, de Bogotá, acto terrorista en el que murieron 35 personas y 73 más quedaron heridas, muchas de ellas de gravedad. Los daños materiales y morales fueron también enormes.

En la estela de actos criminales perpetrados por organizaciones delincuenciales como los carteles del narcotráfico, el terrorismo en las ciudades había sido una práctica con la cual intentaron doblegar al Estado, y en alguna medida lo consiguieron. También las guerrillas de las Farc y el Eln asumieron esta modalidad de terrorismo y detonaron varios carros bomba en municipios de varias regiones del país. El del club El Nogal fue responsabilidad de las Farc. Así ha sido acreditado judicialmente, y así lo han reconocido sus cabecillas.

Varias de las víctimas sobrevivientes y familiares de los fallecidos iniciaron, como era su derecho, acciones jurídicas para obtener reparación. Aunque ha habido condenas contra miembros de las Farc, reparación económica efectiva por parte de ellos seguramente no habrá ninguna.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca había negado las pretensiones de varios demandantes contra el Estado. Ahora, en instancia final, el Consejo de Estado decidió condenar a la Nación (Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Ministerio del Interior y de Justicia, Departamento Administrativo de Seguridad y Fiscalía General de la Nación) por este acto terrorista de las Farc.

Hay que precisar algunas cosas: no es la primera vez que el Consejo de Estado condena a la Nación por actos terroristas de la guerrilla. Es una jurisprudencia ya uniforme, que carga las responsabilidades al Estado, es decir, a todos los contribuyentes. El ciudadano, al final, paga económica y moralmente por los actos terroristas para cuya comisión los autores e instigadores sostienen que lo hacían “por motivos políticos”.

También hay que advertir que esta condena no es consecuencia de los acuerdos de paz con las Farc, así uno de sus efectos políticos y sociológicos sea el inevitable desengaño ciudadano frente a una ausencia de justicia material eficaz para los directos responsables del acto criminal.

Precisando, pues, que la sentencia puede ser legal pero no justa, hay que señalar también lo precario del argumento esgrimido en la sentencia, de que es casi punible el hecho de que en el club privado se organizaran reuniones oficiales de altos cargos del Gobierno. Al final lo que se deriva de la sentencia es que los funcionarios en esa época deberían haberse recluido en guetos, impermeables al contacto ciudadano, pues su cercanía terminaba siendo un justificante para que la guerrilla activara sus acciones terroristas. Por el solo hecho de serlo, los entonces ministros de Interior y Justicia y de Defensa no podían hacer vida pública, es lo que en el fondo sostiene el Consejo de Estado. Esta tesis, aparte de dañina, es un ataque a la personería democrática que conlleva la investidura de alto funcionario. Y una legitimación indirecta a las arteras motivaciones de las Farc para haber explotado ese carro bomba.

No sabemos quién será el que les explique a los colombianos cuál es el sentido de justicia que impera en un país donde los actos terroristas deben ser no solo sufridos en carne propia sino pagados por los ciudadanos, mientras a los responsables directos les basta con reconocer –usando toda clase de subterfugios y motivaciones espúreas– el crimen para pasar no a la cárcel, sino a sillones en las instituciones del Estado. Absurdo.