A dos años del Acuerdo de Cartagena
Se requiere un informe pormenorizado

EL país necesita saber con claridad exactamente en qué está el proceso que llevó a la desmovilización de las Farc. No basta con hablar de la implementación genéricamente, puesto que se suponía que muchos de los compromisos debían estar cumplidos a estas alturas, como por ejemplo, la creación de empresas entre los desmovilizados y el finiquito de las zonas de concentración que se había dicho que serían temporales. Es decir, solo mientras se daba el paso siguiente de la reintegración.

Al parecer, la situación es mucho más difícil de lo presupuestado. Si bien existen algunos casos donde se han podido crear microempresas, la gran mayoría de los desmovilizados permanece en la incertidumbre, todavía peor, sin los excomandantes guerrilleros a cargo de las zonas. Hasta el día de hoy la incertidumbre se mantiene y las tropas desmovilizadas van y vienen sin mayores restricciones. De hecho, muchos desmovilizados deberían estar hoy en sus casas, con las ayudas sicológicas correspondientes y un trabajo del cual derivar el sustento.

Lo ideal, en ese sentido, es que el Consejero para la Estabilización, heredero de la Consejería del Posconflicto, dé a conocer al país un inventario preciso de las diferentes aristas derivadas del Acuerdo y en qué está cada rubro.

Desde que se firmó el Acuerdo de Cartagena, hace exactamente dos años, mucha es el agua que ha corrido bajo el puente y hoy no hay certeza alguna sobre el asunto. De esa fecha hacia acá, no solamente se dio un plebiscito negativo, además de los galimatías posteriores para salvar el Acuerdo denegado por el pueblo, sino que ya trascendió una campaña presidencial, con aquellos compromisos como puntos focales de la controversia, y se está en un nuevo gobierno, cuyo triunfo se debió, en buena parte, al anuncio de modificaciones y de ajustes.

Así las cosas, la fecha del 26 de septiembre, cuando se firmó el Acuerdo con una cantidad de testigos internacionales y nacionales, en Cartagena, debería servir de colofón para que el gobierno Duque entregue un documento pormenorizado de todo lo recibido y por las circunstancias que se atraviesan en materia de financiación, de investigaciones, de deserciones, de proyectos de ley, entrega de bienes por parte de Farc, de resarcimiento a las víctimas y las múltiples situaciones compendiadas en las 300 páginas del convenio.

La sensación que hoy tiene el país es muy diferente a la de entonces y en una buena proporción la opinión pública considera que el proceso ha hecho agua, en particular porque su negociador principal, del lado de la guerrilla, se abstuvo de presentarse al Senado y se encuentra por fuera de todo alcance público, en algún lugar de las montañas de Colombia. A ello se suma que cierta parte de los cuadros militares de esa organización han tomado la misma conducta, sin que hasta el momento se haya cumplido el paso perentorio de la JEP para saber qué hacer frente al levantamiento o reincorporación de las órdenes de captura.

En esa dirección, tampoco puede tomar el Estado la opinión de Rodrigo Londoño, desestimando las disidencias de las Farc como tema de menor relevancia. Por el contrario, no solamente fueron asesinados tres periodistas ecuatorianos, por alias Guacho, sino que el país todavía no se recompone del crimen en cabeza de alias Cabuyo sobre personas tan inocentes como los tres jóvenes geólogos, entre ellos una mujer, en Antioquia. Esto para no reiterar el editorial de la semana anterior en el que se llamó la atención sobre los cálculos hechos por InSight Crime, de acuerdo con los cuales las disidencias de las Farc ya pueden contar con 2.800 hombres.

El Consejero para la Estabilización, Emilio Archila, ha venido dando puntadas en los medios de comunicación para hacer un inventario de lo recibido. No se trata, desde luego, de poner el espejo retrovisor, pero la ley de empalme exige que haya un informe final al cambio de cualquier gobierno. Sería este 26 de septiembre una fecha ideal en ese propósito, frente a la situación del proceso de paz con las Farc en el país. Es mejor tener las cosas en blanco y negro, para saber a qué atenerse en el futuro, en vez de informes parciales que impiden ver el mapa completo.