La ven grave: secuelas de un mal proceso de paz, la coca disparada y los uniformados que le pusieron el pecho a la guerra mal tratados.

El periodista español Ricardo Angoso puso a hablar a seis militares (R) de alto rango que tuvieron altas responsabilidades en la comandancia de las Fuerzas Militares en los duros tiempos del conflicto. Logró la opinión de Alfonso Plazas, Leonardo Barrera, Luis Alberto Villamarin, Rito Alejo del Rio y Jaime Ruiz Barrero. Ven nubarrones negros en el país que le deja el ex Presidente Santos a Iván Duque quien complete su primer mes en el cargo.

El diálogo de Angoso empieza con el coronel (R) Alfonso Plazas recordado por la retoma del Palacio de justicia quien intentó fallidamente llegar al Congreso por el Centro Democrático. Su inconformidad se ha vuelto rabiosa:

“Aqui no ha habido acuerdos de paz, sino unos pactos entre el presidente Juan Manuel Santos y las FARC. Ha sido un pacto entre amigos para implantar el sistema comunista en Colombia y acabar con el régimen democrático que durante tantos años acompañó a la vida política en Colombia. Se está engañando sobre su alcance. Santos y las FARC llevan años mintiendo a la comunidad internacional y a los colombianos sobre el verdadero significado de estos acuerdos firmados”.

El general Leonardo Barrero, no se aparta de esta vision frente a la que inlcuso es más duro y rotundo: “ Son unos acuerdos a destiempo y que no había necesidad de hacerlos. O al menos no haberlos hecho en esas condiciones, haciendo renuncias fundamentales sobre el papel del Estado y ofreciendo claramente la impunidad. Si el Estado no se arrodilló en el 2002, cuando estábamos secuestrados en las ciudades y las fuerzas criminales tenían más de 40.000 hombres, cuando no se podía ni transitar por todo el país, ¿por qué ahora se tenía que arrodillar ante siete mil guerrilleros para conseguir beneficios políticos y jurídicos para aquellos que han cometido crímenes de lesa humanidad? E incluso para acabar despenalizando el narcotráfico y para legalizar sus fortunas -las de los terroristas- en el exterior. Entonces, pienso, en esas condiciones no había ninguna necesidad de firmar un acuerdo. Yo creo que el mejor camino hubiera sido seguir apostando a la política de seguridad democrática, generando confianza en la gente, y con los resultados que esa buena dirección aportó a la economía”.

El coronel Luis Alberto Villamarín, escritor, analista de la CNN y conocedor de los conflictos en la escena internacional, va más allá y liga el proceso de paz al aumento de los cultivos de coca:” El aumento de cultivos de coca se relaciona directamente con el pacto Farc-Santos. Las Farc se apropiaron del control geopolítico de esas zonas cocaleras, se autodeclararon “voceros” de los cultivadores, instalaron allí sus “disidencias”, legitimaron el control paraestatal reconocido por el estado y continuaron el desarrollo de su plan a estratégico de cooptar zonas apartadas del poder central. De remate, el Estado les financió la cooperativa Ecomun para que tengan absoluto control geohumano, mientras sus arcas siguen creciendo y fortaleciendo la estructura política en todo el país”.

Para el general Rito Alejo del Río, centra su críticoa en los negociadores y la técnica empleada en la mesa de diálogo: “ Ni estaban preparados ni estaban a la altura de las circunstancias; gente absolutamente incapaz para afrontar esas negociaciones. Creo que con el tiempo la Justicia tendrá que investigar muchos aspectos irregulares que hay en torno al proceso de paz. Santos, además, ha dejado en bancarrota al país y ahora no hay fondos para asuntos fundamentales, como la educación y la salud. El país ha quedado sin recursos”. Y concluye de una forma taxativa:” Lo que comienza mal termina mal. El proceso desde sus orígenes estaba viciado y no podía concluir de otra forma que como ha concluido. La negociación fue un fiasco total. La Fuerza Pública no tuvo representantes en las negociaciones. El cuestionado general Naranjo tuvo un papel nefasto”.

El acuerdo de paz ha sido un monumental fraude, dice el general Jaime Ruíz Barrera -presidente de Acore-. “Tenemos la información y las fuentes que nos han confirmado el gran engaño: finalmente, lo que se anunció no es lo que es realmente se firmó. Las FARC, evidentemente, incumplieron su parte, mientras que el gobierno empleó ingentes recursos en una implementación de los acuerdos de difícil cumplimiento, dejando una pésima herencia al nuevo gobierno del presidente Duque. Buena parte de los acuerdos firmados en la práctica no han sido aplicados, como lo dice incluso la ONU”.

En definitiva, casi todos los consultados mantienen una actitud muy crítica hacia el proceso de paz y se muestran muy escépticos con respecto al alcance que puede tener la implementanción de los acuerdos firmados en La Habana. Los militares muestran una absoluta desafección hacia la anterior administración, presidida por Juan Manuel Santos, y están a la expectativa de cómo se desarrollan con la nueva admistración que camina ya de la mano del presidente Iván Duque.

“¿Cómo puede haber paz en un país que pasó de 40.000 hectáreas de cultivos de coca a 200.000?”

La anterior reflexión la hace el general Barrero y completa: “El motor que mueve e inspira a casi todas estas actividades criminales es el narcotráfico. Tampoco hay políticas desde el gobierno para erradicar esos cultivos ilícitos y se han propagado como nunca antes en Colombia. En esas circunstancias, sin que nadie actúe, es muy difícil que las cosas cambien”, señala el general Barrero al ligar el narcotráfico con el deterioro de la seguridad ciudadana

El coronel Plazas habla con conocimiento de causa: ” Me precio de haber sido protagonista y testigo de la lucha contra el narcotráfico durante el gobierno de Alvaro Uribe, y conozco de primera mano el gran esfuerzo que se hizo en ese sentido. Y conseguimos, en un periodo de tiempo relativamente breve, pasar de 156.000 hectáreas a 40.000. Cuando Santos llegó al gobierno, a mi entender en una decisión errónea, suspendió las fumigaciones por glifosato, y decidió cambiar unas políticas hasta antaño exitosas por el actual proceder, que por supuesto no ha dado ningún resultado. Se está intentando una erradicación manual que ya ha costado varias vidas porque cada vez que las fuerzas militares tratan de eliminar cultivos se enfrentan con campesinos hostiles que no quieren que les quiten su principal sustento. Este gobierno ha permitido que los cultivos ilícitos crezcan sin medida y nos enfrentemos a este problema que incluso puede crecer hasta las 250.000 hectáreas, de tal forma que el dinero invertido por los Estados Unidos en el Plan Colombia se haya perdido totalmente por la negligencia interesada de Santos y sus pactos con las FARC. Más de USD 10.000 millones se han perdido para nada”.

El coronel Villamarín, pide una respuesta firme por parte del Estado: “La respuesta pasa por adoptar políticas integrales de Estado, no de gobierno. Todos los ministerios deben hacerse presentes con proyectos concretos y enfocados a desbaratar esa estrategia de las Farc. La erradicación y la acción militar deben ser paralelas y no únicas como solución al problema. Lo segundo es consensuar y comprometer la participación internacional para combatir el consumo, el lavado de activos, el tráfico de armas y otros delitos conexos”.

“Las organizaciones como las FARC recurrieron a este negocio, el tráfico de drogas, para obtener dividendos y el sistema lo han perfeccionado hasta construir toda una estructura criminal que, incluso, cuenta con la ayuda del exterior, como es el caso claro de Venezuela. Se ha producido una alianza entre algunos sectores del régimen venezolano y el narcotráfico, junto con las FARC, para producir, comercializar y exportar la cocaína hacia otros países del mundo. El caso venezolano es absolutamente oprobioso, ya que no solo participa en el comercio ilegal sino que también protege a los líderes de las FARC que están en el negocio ilícito del tráfico de drogas”, señala el general Ruiz Barrera señalando las conexiones FARC-Venezuela como las responsables en el aumento del tráfico de drogas.

“Existe una alianza tácita entre los carteles de la droga, incluso señalaría a los mexicanos, como el de Sinaloa, y las FARC para producir, exportar y traficar con la cocaína que se trasladaría desde territorio venezolano hacia sus principales mercados. El cultivo de más de 290.000 hectáreas de coca en el país, acabará acarreando graves conflictos y más violencia en el país”, señala el general ya citado anteriormente que prefiere no identificarse y que estuvo al frente de los servicios de inteligencia del ejército durante años.

Como conclusión final, hay que reseñar la coincidencia unánime en que las FARC se han convertido en el mayor cartel de la droga de Colombia y, quizá, del continente, habiendo aumentado su poder y capacidad para exportar la coca durante la “tregua” nunca declarada en el curso del proceso de paz.

“El deterioro de la seguridad es notable en todo el país”.

El general Barrero es categórico: “Nada de nada ha cambiado. Incluso los ataques parecen haberse multiplicado. Los informes de la ONU ya alertan del actual estado de cosas. Lo que ha ocurrido es que cada espacio territorial de desmovilización de la guerrilla han surgido grupos disidentes que siguen ejerciendo la violencia. A este problema se le viene a sumar que en esas zonas de violencia conviven el narcotráfico, la minería ilegal y bandas criminales que operan sin control.

Luego el Ejército de Liberación Nacional (ELN) sigue muy activo, incluso con más capacidad que antes, y sin descartar que en algunos casos haya habido un simple cambio de brazalete. También hay luchas por el control de las rutas del narcotráfico y otros conflictos territoriales que explican muchas de las matanzas que se han producido últimamente. Mucha gente cree que está habiendo más violencia, más muertos, que antes de los acuerdos de paz. El mensaje ha sido claro: cuando una regala la autoridad del Estado y su legitimidad a cambio nada, sólo consigue la impunidad y la violencia”.

Y de forma resumida Barrero concluye explícito:” Todos los días hay atracos y hechos violentos en todo el país, es evidente que reina el descontrol y de violencia desmesurada porque no hay autoridad. Creo que se envío un mensaje equivocado a la sociedad, en el sentido de que unos criminales fueron autorizados a entrar en política y lograr la impunidad sin pagar los crímenes perpetrados”.

El general Alejo de Río sostiene que las FARC siguen activas y ligadas a numerosas actividades delictivas, lo que ha provocado más criminalidad e inseguridad en el país:” Las FARC se ha transformado en varias organizaciones criminales y siguen activas. Están activas y participan en varias actividades ilícitas, como el tráfico de drogas. Las FARC al día de hoy cuentan todavía con 7.000 hombres en armas y el Secretariado sigue al frente de esos grupos no desarmados todavía. Iván Marquez sigue al frente”.

Mientras que, para el general Ruiz Barrera, de Acore, la situación es alarmante y exige medidas al nuevo presidente Duque. “Muchas fuentes aseguran que incluso los delitos se han incrementado exponencialmente en muchas partes del país, como en el Cauca, Catacumbo, Aracua, Putumayo, el Chocó y el Valle, por poner solamente algunos ejemplos. La criminalidad aumentó espectacularmente en estos años y así me lo han hecho saber muchas fuentes. Y me consta. El gobierno saliente, el de Santos, ha tratado de maquillar las cifras sobre la criminalidad en el país, pero la situación es muy preocupante y los delitos de todo tipo aumentaroyn en estos últimos años. Se requieren acciones inmediatas, tal como le hemos planteado al presidente Duque, y como primera medida, creo, se debe aumentar el pie de fuerza, tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas en general porque si no se seguirá desbordando esta criminalidad hasta niveles insoportables para el país”, concluye este veterano militar.

Para otro general no identificado pero ya citado en este trabajo, con resposabilidades en el pasado en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, el problema reside en que muchas de las antiguas estructuras de las FARC siguen operando e incluso dedicadas a actividades ilícitas, tales como la minería illegal, el narcotráfico y otras actividades criminales que nunca abandonaron porque nunca llegaron realmente a abandoner las armas.

La seguridad ciudadana, por tanto, ha empeorado durante el periodo del presidente Santos según sostienen estos militarer y el nuevo presidente, Iván Duque, tendrá que emplearse a fondo para hacer frente a este gran desafío.

“Negociar con el ELN es muy dificil y poco viable”

El general Hector Fabio Velasco arranca con su vision sobre la negociacion con el Eln. “Ya hemos tenido experiencias con el ELN. Es un grupo muy radica, y, sinceramente, no creo que vaya a prosperar. No conozco las interioridades de esas negociaciones pero seguramente el ELN debe estar exigiendo mucho más que lo que las FARC exigieron en La Habana y de lo que se les dio a este grupo. Le será muy difícil al próximo gobierno aceptar esas condiciones y darles lo que piden, creo que es un objetivo casi de imposible cumplimiento para la nueva administración que presidirá Iván Duque”.

“Duque ya advirtió que hay ponerle términos a esas negociaciones y un sistema de verificación de lo que se pueda acordar. Después, el ELN, a través de uno de sus voceros que responde con alias de “Pablito”, que dicho sea de paso es uno de los más radicales de esta organización, que no aceptan precondiciones previas. Con lo cual, mi conclusión es que será muy difícil llegar a acuerdos porque tienen posiciones muy radicales. Están amenazando claramente al Presidente con la disyuntiva de paz o guerra, así de claro. Son impositivos y están poniendo al país ante un ultimátum que el presidente Duque creo que no lo puede aceptar, es decir, me muestro pesimista con respecto a un proceso de negociación con este grupo”.

Todos los militares entrevistados son escepticos de que se logre un acuerdo de paz entre el gobierno Duque y el el Eln.

“La JEP no es ninguna garantía para nosotros, los militares”

El genera Hector Fabio Velasco aborda un tema sensible para los militares: la justicia en tiempos de guerra. “La JEP no es garantia por el hecho de que los jueces de la misma han sido seleccionados por cinco personas de las cuales tres son extranjeros y de reconocida simpatía con la ultraizquierda. También los de aquí son de conocida trayectoria izquierdista por lo que consideramos que no se dan las condiciones para que los militares sean tratados con imparcialidad.

Primero, como ya he dicho, no se dan las condiciones objetivas ni de justicia para ser tratados con imparcialidad y, en segundo lugar, en contra de lo que había dicho por Juan Manuel Santos, se nos coloca al lado y se nos da el mismo trato que a delincuentes y terroristas dedicados ahora al narcotráfico. Son terroristas que han violado los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y crímenes de lesa humanidad, lo cual es, en conjunto, lo suficientemente grave para que sea equiparado a lo que hicimos los militares”.

Con respecto a los juicios a los militares y que se produzca una situación similar a la de los militares argentinos, asegura Velasco: “Yo no lo dudo y sabemos que esa es una de las consignas de la ultraizquierda a nivel continental y la JEP parece parte de ese proyecto, que no existe en ninguna parte del mundo, todo hay que decirlo. El origen de todo este asunto, al menos en Colombia, tuvo que ver con la supresión del Fuero Militar y con un error político al que fue inducido, mal asesorado, el presidente Uribe y que nos ha llevado a este punto crítico en el que estamos ahora”.

También considera que esta ofensiva por parte de la izquierda contra los ejércitos va a continuar en Colombia, como en otras partes de América Latina. “Vemos que en Argentina y Chile se ha concretado esta ofensiva. Aquí tendremos que plantear una estrategia contra esos ataques, que son bien planeados, contra nuestras Fuerzas Armadas y nuestros hombres. Aquí lo que se está tratando es de exonerar a los responsables de las FARC, que son responsables de delitos de lesa humanidad. El fondo de este asunto es equipararnos a los militares con esos criminales, algo realmente aborrecible y que no es de recibo”, asegura el general Héctor Fabio Velasco.

Sobre la JEP el general Rito Alejo muestras sus reticencias hacia la misma de una forma clara:” Estamos en una gran discusión sobre ese asunto, aunque mi impresión personal es que habrá que reformarla. Yo creo, además, que no se conocen todos los detalles y lo que realmente aconteció en las negociaciones entre el gobierno de Santos y los terroristas de las FARC. Se habla de que hubo mucho dinero por medio, contratos jugosos que beneficiaron a determinados círculos…Incluso muchos militares parece que están implicados en esos contratos y se dieron circunstancias claramente irregulares. Algún día conoceremos la verdad de lo que realmente aconteció en La Habana”.

También muestra sus temores a que los militares colombianos acaban juzgados como ha ocurrido en otras partes del continente y así lo expresa: “Tal como veo las cosas, y con lo que está ocurriendo en el país, para allá vamos. Creo que la corrupción ha llegado hasta los niveles más altos, incluido el presidente, mientras se crean cortinas de humo para ocultar la realidad. A mí, por ejemplo, me han tratado de implicar hasta en el asesinato de Alvaro Gómez, y yo ni siquiera estaba en la ciudad. Me querían implicar con una intención clara: desviar la atención de quienes eran los verdaderos responsables del crimen de Alvaro Gómez, entre los que se encontraban los representantes más genuinos de la mafia colombiana”.

Finalmente, el general Ruiz Barrera expresa más sus dudas sobre los magistrados que ejecutarán la JEP que no sobre esta institución en sí misma: ” El instrumento como tal para justicia me parece válido, y no pongo objeciones al mismo, pero para mí el problema reside en quienes lo van a aplicar. El gran rechazo por parte de las institución armada, tiene más que ver con los responsables que finalmente ejecutarán la JEP que con la JEP en sí misma, esa nuestra posición oficial y así lo hemos explicado en las instancias en las que fuimos llamados. Nosotros, entonces, vimos que la JEP nos parecía como dar un salto al vacío y desde las reservas hubo una serie de contactos con algunas fuerzas políticas presentes en el legislativo colombiano, viendo que había una buena conexión y que compartíamos casi el mismo discurso. Así conseguimos que algunos impedimentos que nosotros teníamos con respecto a la JEP fueran recogidas y aceptadas por varios grupos políticos”.