El problema no es la naturaleza transaccional del sistema político, sino qué se transa.

Dar representación política en el gabinete a partidos afines no es un acto de corrupción en sí mismo, hay que recordarlo. El presidente podría acordar con el partido respectivo que i) el ministro liderará determinado programa, diseñado conjuntamente, y ii) implementará unas directrices estrictas para evitar la corrupción.

Entre tales directrices estarían i) no nombrar directores o cabezas regionales recomendados por políticos, ii) racionalizar el gasto de funcionamiento, y iii) tapar las venas rotas en el presupuesto de inversión. Es decir, tener el control del sector y asegurarse del cuidado de los recursos.

¿Ningún partido afín aceptaría representación en el gabinete bajo estas condiciones? Tal vez sí, pues esta propuesta de gobernabilidad les ofrecería participación a las dirigencias en el cambio desde el Ejecutivo. Una cosa es un pacto para legislar y otra, un pacto para gobernar.

Así que el primer dilema del presidente Duque sería dar representación condicionada en el gabinete o seguir con gobernabilidad precaria.

El segundo dilema le puede dañar su compromiso anticorrupción o la gobernabilidad precaria. Si no toca el mapa político-burocrático heredado de Santos, la corrupción territorial seguirá operando en buena medida y la opinión pública se lo cobrará.

Si cambia las cuotas regionales de la antigua Unidad Nacional, más complicada la gobernabilidad. Quitarles los puestos a Cambio Radical y al Partido Liberal para dárselos al Centro Democrático probablemente crearía un segundo bloque de oposición parlamentaria en la práctica.

Pero dejárselos para que hagan política electoral contra el Centro Democrático en 2019 y fortalezcan la presión al gobierno tampoco es buena opción.

La solución al dilema podría ser mantener a los funcionarios de libre nombramiento y remoción competentes e íntegros, sin importar su filiación política, y a los que no cumplan los criterios de evaluación remplazarlos por profesionales cuya idoneidad respalde Casa de Nariño.

El Gobierno puede publicar los criterios de evaluación para la continuidad de directivos regionales y los perfiles de remplazo en la web de Presidencia, dando transparencia al proceso, en el que se juega una parte importante de su gestión anticorrupción.

El tercer dilema se relaciona con el alcance del cambio político contra la mermelada. Se necesita una mayor gobernabilidad para enfrentar las causas de la corrupción en el sistema político nacional y territorial. Gobernabilidad que no se tiene justamente porque Duque no se ha sometido a las costumbres políticas.

Sin mayorías no saca adelante la reforma política para abaratar las campañas electorales y fortalecer y democratizar los partidos, ni la reforma del Sistema General de Regalías, ni de las Corporaciones Autónomas Regionales, ni una reforma administrativa del Estado, vale decir, no avanza en la agenda grande de largo plazo.

El presidente o toma el liderazgo anticorrupción ampliando la agenda, para lo cual reinventa la gobernabilidad –considerando nuevas ideas y enfoques–, o sigue con el marco corto fijado por otros y sin certeza de poder conducir al país hacia un rumbo claro.