Los dolorosos relatos de los dirigentes políticos y uniformados secuestrados durante años por la guerrilla, volvieron a impactar esta semana al país y recordar a la JEP que las víctimas perdonan pero exigen verdad y justicia.

«Para mí este no es el relato de una retención ilegal, es el relato de mi descenso al infierno». Esas fueron las palabras de la excandidata presidencial Íngrid Betancourt esta semana ante la Sala de Reconocimiento de la Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

Era la primera vez que ella, que sin duda alguna llegó a ser considerada por la guerrilla de las Farc como ‘la joya de la corona’ en medio de los centenares de militares, policías, dirigentes políticos y hasta extranjeros que mantuvo secuestrados por años en la selva, con el fin de presionar un ‘canje de prisioneros de guerra’, hablaba ante la instancia judicial que es la encargada de imponer condenas a sus victimarios.

Como se sabe, el caso “001” en la JEP es el relativo al secuestro cometido por las Farc. En ese marco 31 ex cabecillas –inicialmente- están siendo investigados para establecer su responsabilidad en miles de plagios. Como las víctimas, según el acuerdo, son el centro del proceso, los magistrados decidieron escuchar primero a los plagiados, especialmente a los llamados “prisioneros por razones políticas”.

Tanto el testimonio de Íngrid –rendido vía teleconferencia desde París- como los de los demás dirigentes políticos que esta semana comparecieron ante la JEP para relatar todo el drama de sus plagios, las secuelas con que quedaron y cuál es la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición que esperan de este tribunal transicional, impactaron al país.

Si bien la mayoría de los ex plagiados, tanto los que fueron liberados por la guerrilla como los que lograron huir de sus captores o fueron rescatados por la Fuerza Pública (como en la famosa “Operación Jaque” de 2008), habían relatado ya el infierno que vivieron a manos de las Farc, incluso en libros que les sirvieron de catarsis para tratar de desahogarse de toda la rabia y el dolor que acumularon en sus largos, injustos e inhumanos cautiverios en verdaderos “campos de concentración” alambrados, muy al estilo nazi de la II Guerra Mundial, volver a escuchar los pormenores de cada uno de esos dramas impactó a la opinión pública.

Como bien lo dijeron varios de los explagiados e incluso magistrados de la JEP, escuchar a las víctimas no solo llevó al país a volver a sentir el horror y la barbarie de la guerra que se trató de dejar atrás con el acuerdo de paz con las Farc, sino poner de presente que la justicia transicional no se puede limitar nada más a expedir una serie de bajas sentencias a los culpables de todas estas atrocidades, sino que debe asegurarse de que las sanciones y condenas –leves o no- cumplan un efecto reparador y restaurador de los millones de colombianos que sufrieron la inhumanidad del conflicto armado.

Íngrid hizo un relato muy íntimo y sentido. Pero también valiente y retador. En cuanto a lo primero describió con crudeza el horror de su secuestro y en particular que contra las mujeres plagiadas hubo más violencia, sevicia e intimidación. «Los comandantes premiaban a los compañeros que tenían comportamientos soeces, vulgares, irrespetuosos con las secuestradas (…) Eso no sucedía con los hombres», sostuvo al insistir en la “misoginia” de la entonces guerrilla.

«Hubo hechos concretos, criminales y crueles como las cadenas. Nos mantuvieron encadenados a un árbol durante muchos años», relató entre muchos otros horrores. «Estuvimos encerrados en una selva sin Dios ni ley, sin justicia, sin nadie a quién hacerle un reclamo», agregó.

Luego pasó a exigir, como le es propio en su calidad de víctima. Y lo hizo en tono fuerte y claro. Sobre la clase de castigos que debían darse a sus carceleros en la selva y a la cúpula de las Farc, hoy desmovilizados, fue enfática: “Tienen que ser sentencias que construyan para ser el paralelo de todo lo que ellos destruyeron… Hechos concretos que signifiquen para ellos de verdad una toma de conciencia y una verdadera recapacitación por el daño que hicieron».

Aunque insistió en que desde su corazón ya había perdonado a sus victimarios y que, por lo mismo, siempre apostó por el proceso de paz, Íngrid fue contundente en torno a que todo el daño causado no sería fácil de resarcir. «¿Qué pueden hacer ellos para devolver el tiempo que nos arrebataron? (…) No tengo la respuesta. Lo único que sé es que tienen que ser actos prolongados, un esfuerzo y un compromiso y un desprendimiento para ellos», afirmó.

Justicia para el perdón

Este fue uno de los temas centrales de los ex secuestrados cuando cada uno de ellos, luego de relatar los dramas de su cautiverio, pasó a plantear qué esperaban de la JEP.

«Exigimos verdad, justicia, reparación y no repetición. El perdón y la reconciliación sucederán cuando nos den estas garantías. No sabemos en qué momento podremos sanar nuestras heridas», sostuvo el general (r) Luis Mendieta, el más alto oficial que llegó a estar plagiado por la guerrilla.

«Una cosa es el perdón a los victimarios y otra cosa es que haya justicia. No queremos impunidad», recalcó el también explagiado y hoy congresista, Óscar Tulio Lizcano.

Para el exparlamentario nariñense y explagiado Luis Eladio Pérez es claro que “la JEP es la única instancia con la que contamos en este momento como víctimas. Confiamos en que nos brinde las garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición de lo sucedido».

«Yo aceptaría cualquiera que fuese la decisión de ustedes en relación con las penas. De quienes estaban en las Farc principalmente esperaría que nos pidan perdón y que nos digan la verdad a las víctimas», agregó.

«… Cuando leo el Estatuto de Roma sobre delitos de lesa humanidad reflexiono sobre la inhumanidad y el maltrato al que fuimos sometidos en cautiverio», puntualizó Pérez.

También hablaron hijos, esposas, sobrinos y familiares de los plagiados. Casi todos recalcaron que ellos también fueron víctimas de la barbarie guerrillera y de la indolencia del Estado para facilitar la liberación de los plagiados.

Entre los testimonios que más impactaron estuvieron los de los familiares de los 11 diputados del Valle secuestrados en 2002 y que terminaron asesinados por las Farc, en 2007, cuando confundieron la llegada de un frente subversivo con un presunto operativo de rescate del Ejército.

«Nada me va a devolver a mi esposo Juan Carlos. No hay justicia que repare lo irreparable pero sí hay acciones y decisiones que ayudan a menguar el dolor», advirtió ante los magistrados Fabiola Perdomo, viuda de uno de los diputados asesinados.

«No es fácil estar aquí. Comparado con los otros testimonios, en nuestro caso podemos decir que hemos avanzado porque hemos podido reencontrarnos con nuestros victimarios y hacer catarsis», agregó.

«Este es un espacio para las víctimas y no para los victimarios», indicó a su turno John Jairo Hoyos, hijo del diputado asesinado Jairo Javier Hoyos Salcedo. «Queremos que la JEP garantice la no repetición», agregó.

Entretanto, el exparlamentario huilense Jorge Eduardo Gechem fue claro en afirmar que espera “que nuestro secuestro sea considerado un delito de lesa humanidad». Indicó que durante su plagio lo «embargaba mucho la angustia y el terror. Reflexionaba sobre cómo los seres humanos permanecíamos tanto tiempo en un campo de concentración».

“El victimario no puede ser el centro de un proceso de paz. La víctima debe juzgar su propia historia… Como víctima exijo que los victimarios demuestren con hechos y pronto el reconocimiento de las culpas y de los errores cometidos. También espero que ratifiquen su compromiso de que sus actos criminales nunca se van a repetir en Colombia», recalcó a su turno la también exparlamentaria huilense y explagiada Consuelo González de Perdomo.

Otro de los flancos que fue evidente en los testimonios de las víctimas ante la JEP, es que no solo quieren saber la verdad de parte de sus victimarios, sino también las culpabilidades directas o indirectas de otros sectores en sus plagios y la dificultad para que pudieran recuperar su libertad.

Por ejemplo, el excongresista huilense Orlando Beltrán advirtió ante la JEP que “lo más triste de todo, y tengo que decirles señores magistrados, es que el Estado colombiano había sido advertido meses antes. En todos los medios de comunicación yo escuché al ‘Mono Jojoy’ diciendo que iba a implementar la política de retener a las personalidades en Colombia… el Estado lo sabía, la Policía sabía y los organismos de inteligencia sabían”.

También reclamó por los plagiados asesinados o desaparecidos. «Queremos que (las Farc) le digan al pueblo colombiano qué pasó con las personas secuestradas que no aparecieron. ¿Qué pasó con Juan David López, Idelfonso Vargas, Luis Eduardo Solarte, Luis Antonio Pérez, Germán Moreno Ávila, Carla Mariela Cortés, entre otros tantos?», dijo Beltrán.

«Toda Colombia conoció las condiciones de salud de los secuestrados. Eran unas mercancías, eran unos trofeos. ¿Acaso la vida de ellos no valía?”, se quejó por su parte Diana Echeverry, hija del diputado valluno, Ramiro Echeverry, asesinado en cautiverio.

A su turno otro exsecuestrado, el exgobernador del Meta, Alan Jara, fue claro en torno a que si bien creía en la JEP, “desde mi perspectiva una de las cosas que yo quisiera es que lo que nos pasó no se olvidara para que nunca más se repita».

«Queremos saber la verdad de los hechos sobre mi secuestro. ¿Quiénes estaban involucrados? ¿Quiénes dieron la orden? También no sabemos por qué no se realizó el acuerdo humanitario», recalcó.

Confianza a pesar de todo

Aun así, llamó la atención que la mayoría de los exsecuestrados indicó que lo importante era confiar en que el país podía superar los horrores de la guerra y garantizar paz a las nuevas generaciones.

«Tenemos que apostarle a que hay en nosotros un espíritu que nos permite ser mejores de lo que somos. Y así como yo creo eso de mí, ese beneficio también lo tengo de las Farc», señaló Íngrid.

«Mi tío hubiera estado complacido con el fin de la guerra. Su muerte y la de sus compañeros no fue en vano y queda todavía una paz por construir», indicó, a su turno, Natalie Varela, sobrina del diputado valluno asesinado Rufino Varela.

Uno de los testimonios que más impactó fue el de Sigifredo López, el único de los diputados vallunos secuestrados que sobrevivió a la masacre. Si bien fue liberado por sus captores, la Fiscalía lo acusaría años después de complicidad en el plagio, causa penal que se cayó y le tocó al Estado pedirle perdón por semejante “revictimización”. «El daño que causaron es irremediable, fue gigantesco. Yo no pude ver crecer a mis hijos», afirmó respecto a las Farc.

«He sido un defensor del acuerdo de Paz. Pero no puede ser considerada una incoherencia que también exijamos garantías de verdad, justicia y reparación», sostuvo. Recalcó que «sin reparación no hay justicia. Es importante el principio de la centralidad de las víctimas en la práctica. Esperamos que las cosas no se queden en la teoría».

Durante varios de los testimonios desgarradores de esta semana, los propios magistrados de la JEP lloraron y tras cada relato insistieron en que las víctimas eran el centro del acuerdo y esa instancia les haría justicia.

«Destacamos el valor que tiene de estar acá. Agradecemos que pudimos conocer su relato como víctima. Este es un primer paso en la búsqueda de la verdad», indicó Julieta Lemaitre, presidenta de la Sala de Reconocimiento.

«Sus palabras nos permiten rehacer la humanidad que hemos perdido como colombianos. Gracias por el aporte tan valioso a esta jurisdicción», agregó Lemaitre tras escuchar a Íngrid.

Oscar Parra, otro de los magistrados, le dijo a Sigifredo López que agradecía su testimonio porque “… nos permitirá avanzar en nuestra tarea de esclarecer la verdad».

Para Mónica Cifuentes, representante del Ministerio Público ante la JEP, hay que valorar “enormemente estos testimonios. Las víctimas están en el centro del acuerdo de paz».

Como se ve, lo ocurrido esta semana en la JEP volvió a recordarle al país que el centro del acuerdo de paz no es el pulso de competencias con la Fiscalía, ni tampoco si los ex Farc cumplen o no sus compromisos de no reincidir en el crimen. Ni siquiera las diferencias políticas entre el anterior y el nuevo gobierno… El centro son las víctimas, aquellas que sufrieron en carne propia el horror del conflicto y que, con el pasar del tiempo, la firma del pacto, la guerra de incisos, los choques de trenes, pleitos financieros, demoras procesales y escándalos internos, han ido quedando en un segundo plano.