Considero que el señor presidente del Congreso, Ernesto Macías, no está equivocado al proponer una asamblea constituyente, toda vez que en los pocos meses que lleva en el cargo se ha dado cuenta de la fragilidad de los tres poderes públicos para empoderar los proyectos en bien del país.

No se puede aceptar, por ejemplo, que el paro en la justicia vaya a empatar con la vacancia judicial, que se inicia a partir del 20 de diciembre, dejando toda una tragedia judicial para miles de familias y abogados litigantes, con procesos pendientes de fallar y de los cuales depende su Navidad.

Las huelgas y las marchas de los estudiantes son otra desproporción, puesto que, desde sus inicios, el presidente Duque salió con una oferta en la medida de las capacidades económicas en que se encuentra el país; sin embargo, como llorar a veces es rentable, los revoltosos –muchos de ellos no son estudiantes– continúan empecinados en no dejar terminar el semestre.

Del Congreso de la República ni hablar, es tanto el desenfado que no les importan los proyectos de vital importancia para el país; con los últimos días de legislatura a cuestas, continúan tan campantes como si nada les importara la tragedia social y económica que se nos avecina.

Desde los inicios del proceso del acuerdo de paz, que se desarrolló en su mayor parte en La Habana (Cuba), siempre se ha venido hablando de la urgente necesidad de una asamblea constituyente, con el fin de corregir y modernizar nuestro Estado de derecho.

Debemos ser conscientes de que las tres ramas del poder público que nos rigen, en mayor o menor grado, se encuentran permeadas, cuando no por la corrupción, por los vicios de morosidad y engavetamiento, muy propios de algunos juzgados y tribunales, siempre en favorecimiento de las mejores conveniencias económicas de los procesos.

La misma guerrilla de las Farc estuvo de acuerdo con una asamblea constituyente y así lo manifestaron en el primer artículo que publiqué en tal sentido, pues consideran que es el camino más expedito para reformar las tres instituciones de nuestro Estado de derecho, que lamentablemente se encuentran permeadas por el clientelismo, la corrupción y el narcotráfico.

Lamentable y vergonzoso tener que decir de la consulta anticorrupción, que sacó más de 11 millones de votos, que sus siete preguntas en mayor parte se han ido por las ramas y reposan en el cerebro de los “honorables padres de la patria” que las han sometido a una pereza lenta y morronga, como para que no pasen y se ahoguen en los vericuetos de sus propias conciencias.

Considero que en el presente cuatrienio que apenas empieza y transcurridos los primeros 120 días del actual gobierno sí es posible sacar conclusiones, con el fin de establecer un diagnóstico social y gubernamental de lo que ha sido su inicio, pero lamentablemente como van las cosas todo desembocará en una asamblea constituyente.

Desde luego que una asamblea constituyente debería manejarse con sumo cuidado, especialmente al momento de elegir a quienes vayan a ser los encargados de debatir los proyectos para la modernización de nuestro Estado de derecho. No podríamos aceptar que sean los mismos politiqueros de siempre, quienes, con sus argucias y manejos poco claros, se la tomen por asalto, para finalmente continuar cabalgando en los nichos de la corrupción.

No olvidar que la asamblea constituyente es uno de los mecanismos de participación ciudadana que da plenas facultades al pueblo para manifestarse en las urnas sobre determinados temas del acontecer nacional.

Para lograr este objetivo, se deben vincular todas las instancias nacionales, pero teniendo en cuenta que se requiere de unos filtros bastante técnicos para que no vaya estar permeada por las mafias políticas, que siempre están al acecho para pescar en río revuelto y sacar mayores ventajas en provecho propio.