La cantidad de personas muertas o heridas por minas terrestres en Colombia se triplicó en 2018, alcanzando las 180, dijo el pasado miércoles 5 de diciembre un grupo de monitoreo de minas terrestres.

Las víctimas, en comparación con 56 en 2017, fueron principalmente en áreas de selva y montaña previamente controladas por las Farc, grupo que se desmovilizó el año pasado en virtud de un acuerdo de paz con el gobierno para poner fin a cinco décadas de guerra.

Cuando los miembros de las Farc regresaron a la vida civil, gran parte del tráfico de drogas y el territorio minero ilegal que previamente controlaban ha sido ocupado o combatido por bandas criminales, rebeldes disidentes que no entregaron armas y el grupo rebelde más pequeño, el Ejército de Liberación Nacional (Eln).

“Este año hemos tenido un aumento de más del 200 por ciento en personas que han sufrido accidentes con minas, muchas de ellas con lesiones dramáticas”, dijo Álvaro Jiménez, director de la Campaña Colombiana contra las Minas Terrestres, que detalló las víctimas en un informe.

Resultados del informe

Según el informe, la mayoría de las víctimas eran civiles, un cambio con respecto a años anteriores cuando muchos eran militares.

Las FARC advirtieron tradicionalmente a las poblaciones civiles acerca de las áreas minadas, mientras que los grupos armados actuales en gran medida no lo hacen, según el informe.

Colombia limpió 2 kilómetros cuadrados de minas terrestres desde que se firmó el acuerdo de paz a fines de 2016.

Colombia, signataria de la Convención de Ottawa, que prohíbe la producción y el uso de minas terrestres, se ha comprometido a eliminarlas antes de 2021.

Dada la dinámica actual del conflicto, ese objetivo parece poco probable, según el informe, y es probable que Colombia tenga que establecer una nueva fecha o solicitar una extensión de 10 años.