Desplazamiento forzado en el país no da tregua

Desplazamiento forzado en el país no da tregua

En 2017, según Acnur, Colombia ocupó el primer lugar de desplazamiento forzado en el mundo, incluso por delante de Siria, país que lleva ocho años en guerra civil.

A pesar del Acuerdo de Paz suscrito hace dos años entre el Estado y la desmovilizada guerrilla de las Farc, Colombia continúa siendo el país del continente que más desplazados internos registra.

De acuerdo con un informe de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), con fecha 26 de diciembre de 2018, solo entre enero y noviembre pasados en el país se contabilizaron 30.517 desplazados internos, cifra que se suma a las 7,7 millones de personas desplazadas dentro del territorio nacional desde 1985 producto del conflicto armado interno.

“Hay más víctimas de desplazamiento forzado en Colombia que la población de Costa Rica. En algunas zonas del país aún no paran los desplazamientos forzados”, le dijo a la Agencia Anadolu, citada por Acnur, Viviana Ferro, subdirectora general de la Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas.

Sin embargo, de acuerdo con esa entidad estatal, a la fecha en el país hay registradas 8.794.542 personas reconocidas bajo esa condición, y de ellas 7.011.897 son sujetos de asistencia y reparación.

Pero no es de extrañar que la cifra siga creciendo, ya que el propio director encargado de esa entidad estatal, Ramón Alberto Rodríguez, le dijo hace dos semanas a EL NUEVO SIGLO que tras la firma de los Acuerdos de Paz, “vinieron otros fenómenos a los territorios: rutas del narcotráfico, control territorial, disidencias de las Farc, nuevos grupos armados, etc”.

Solo en lo corrido de 2018 la Unidad de Víctimas ha conocido de 71 reportes de desplazamiento, cifra muy superior a los del año pasado.

En junio anterior, la propia Acnur reveló otro informe sobre el desplazamiento forzado en el mundo durante 2017, mismo en el que se concluyó que “Colombia es el líder mundial de desplazados”, incluso por delante de Siria, país que vive una de las peores tragedias humanitarias de las últimas décadas tras ocho años largos de guerra civil.

Para ese momento, Acnur estimó en 7,7 millones de personas desplazadas de forma forzada dentro del territorio colombiano, a pesar de la firma de los Acuerdos de Paz de La Habana.

Aunque la agencia de la ONU para los refugiados resaltó que “los frutos del cese de la confrontación armada han sido evidentes”, en referencia al proceso de paz colombiano, también se refirió a los “desafíos y vacíos de protección” que se han generado en el país por un nuevo “escenario confuso de reconfiguración y reposicionamiento de grupos armados ilegales, como consecuencia de la disputa por el control territorial de zonas dejadas por las Farc”.

Incluso, ese informe tuvo en cuenta el ingreso al país de más de 1,5 millones ciudadanos venezolanos, muchos de ellos de forma ilegal, y en una buena proporción haciendo tránsito hacia otros países.

Las ayudas

La Acnur destacó en su informe de esta semana el trabajo conjunto que realiza junto a la Agencia Presidencial de Cooperación, la Unidad para las Víctimas y la Agencia Coreana de Cooperación Internacional (Koica), para ofrecer soluciones duraderas a las víctimas de desplazamiento forzado.

“El conflicto armado en Colombia que duró más de 50 años dejó muchas víctimas que necesitan asistencia para abrir su corazón a la paz y el futuro”, afirmó Jongmin Park, director de Koica en Colombia.
Estas instituciones trabajan en el proyecto ‘Consolidación de la Paz en Colombia a través del apoyo a soluciones duraderas para las víctimas de desplazamiento forzado en asentamientos informales’ que busca soluciones duraderas a las víctimas de este flagelo en asentamientos urbanos.

Otro de los objetivos del proyecto es facilitar la coordinación entre las instituciones del orden local y nacional para fortalecer a las comunidades afectadas como base para el proceso de reparación integral.

Este proyecto actualmente opera en nueve comunidades distribuidas en los departamentos de Arauca, Cúcuta, Mocoa, Quibdó y Turbo, y ha beneficiado a más de 10.000 afectados en lo que va de este año.

“Este programa realmente hace una gran diferencia en la vida de las comunidades, especialmente en esos lugares donde hay concentración de desplazados internos. Pensamos que con estos programas podremos hacer un cambio sustancial en sus vidas”, resaltó Jozef Merkx, representante de Acnur en Colombia.

El informe señala que entre los principales retos que plantea el proyecto está la continuidad y sostenibilidad de la política de atención y reparación a las víctimas, y la efectiva coordinación nación-territorio con alcaldías y gobernaciones que tienen a su cargo la implementación de esta política pública.

Política pública

En Colombia, tras la firma del conflicto y en el marco de la Justicia Transicional creada para facilitar este proceso, se creó la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, una entidad estatal que tiene a su cargo reparar a todas las víctimas que dejaron más de cinco décadas de confrontación armada.

No obstante, no es una tarea fácil, pues su director sostiene que para atender a más de 7 millones de víctimas objeto de esta dependencia, “se necesitarían más de $44 billones”.

El Estado colombiano prevé indemnizar a cerca de 500.000 víctimas a 2021, fecha en que vence la vigencia de la Ley de Víctimas, aunque la norma tiene la posibilidad de prorrogarse hasta por un plazo similar para alcanzar a cumplir ese compromiso.

La Unidad de Víctimas estima que, en total, mientras dure la actual vigencia de la ley, el Estado en su conjunto, es decir todas sus entidades, proyecta invertir poco más de $129 billones para indemnizar a todas las víctimas que dejó el conflicto armado.

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