En materia de conflicto armado, derechos humanos y pactos con ilegales, Colombia vivió un año de altibajos, que deja pocos logros en consolidación de la convivencia y construcción de la paz.

La indefinición del diálogo con el Eln, el aumento de exintegrantes de las Farc de vuelta a la ilegalidad y el crimen, y la permanencia de fenómenos como el asesinato de líderes sociales, el desplazamiento forzado y el secuestro, muestran un 2018 que pudo arañar pocos logros en materia de reconciliación, protección de los derechos y construcción de la paz. Colombia confirmó que todavía no es una sociedad adentrada en un período de posconflicto amplio, integral e irreversible.

En ese contexto cabe mencionar la continuidad de la acción de los grupos armados organizados en territorios rurales y urbanos del país, atravesados por los cultivos ilícitos, las mafias transnacionales de la cocaína, la minería criminal y el microtráfico. Hubo zonas que vivieron una temporada crítica como Catatumbo y Tumaco, donde se escenificaron guerras territoriales y agresiones contra las comunidades. Además, la oferta de legislación extraordinaria no captó el interés de las bandas.

Cabe ahondar que fue un período estéril para lograr avances significativos en la negociación con el Eln. De la promesa de una agenda definida y lista para ser desarrollada y de la concertación de una tregua de largo aliento, con reglas de juego definidas, con el gobierno saliente de Juan Manuel Santos, se pasó al estancamiento y desentendimiento con el equipo del presidente Iván Duque.

El año termina con recriminaciones mutuas de las partes: del Gobierno, porque el Eln no pone fin al secuestro y a infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario (DIH) como la siembra de minas terrestres y el reclutamiento de menores. Sin olvidar la intensa campaña terrorista contra la infraestructura y la Fuerza Pública.

Del Eln, porque insiste en que el gobierno Duque no puede pretender casi que la reescritura del proceso, con cambios y ajustes que desvirtúan lo avanzado y que imponen condiciones unilaterales, por fuera de lo pactado. Mientras el Eln espera en Cuba, el Gobierno reclama gestos de que sus exigencias serán cumplidas para poder hablar.

El desplazamiento forzado continúa, igual que el asesinato de líderes sociales. El último fenómeno mereció incluso la visita al país del relator especial de la ONU, Michel Forst, quien sostuvo que la de Colombia es la peor situación que conoce de agresiones a los activistas sociales y de DD.HH. El gobierno anunció para 2019 un plan especial de atención que deberá frenar la matanza.

Los cultivos ilícitos y el narcotráfico siguen plagando de conflictos las zonas rurales. Tanto por la cultura de ilegalidad y desestímulo a la agricultura parcelera y de “pan coger” que imponen, como por la violencia y bloqueo contra las instituciones legítimas que alientan. Se amenaza a los campesinos interesados en la sustitución y se asesina o recluta a los reincorporados de las Farc, sus familiares y sus bases sociales.

Los programas de reinserción no despegan con firmeza, dado que el posconflicto está desfinanciado y las agencias estatales y ONG fallan en su planeación y montaje. Pero también hubo otros golpes simbólicos graves al proceso: la captura de alias “Jesús Santrich”, y la evasión de alias “Iván Márquez” y “el Paisa” de la zona de reincorporación y la comparecencia ante la JEP.

La construcción de la paz anda a marcha lenta, bajo el cuestionamiento propio de una ciudadanía incrédula y un posconflicto que, por ahora, es más etiqueta que realidad.