Violencia derivada del accionar de ejércitos ilegales representa un enorme desafío para el Estado.

Tan cierto como que el acuerdo de paz con las Farc ha tenido un impacto positivo en la vida de cientos de miles de colombianos es que de este valioso hito no se podía esperar que pusiera súbito final a las diversas actividades criminales que azotan varias regiones del país.

Pero es verdad también que las dimensiones que hoy muestran el crimen organizado y los grupos dedicados a este son alarmantes. Coinciden y, en ocasiones, rebasan los escenarios pesimistas planteados durante la negociación con el hoy partido político.

Lo anterior se puede afirmar luego de conocer el mapa elaborado por el Gobierno, y publicado en exclusiva por este diario el domingo pasado, que da cuenta de la envergadura y ubicación de los grupos armados ilegales que operan hoy en el país. Según el documento del Ministerio de Defensa, hay registro de 7.260 hombres en armas en 26 departamentos: una cifra casi igual a la de los fusiles que en su momento entregaron las Farc.

Es innegable que la violencia derivada del accionar de estos ejércitos ilegales representa todavía un enorme desafío para el Estado que en este terreno de la seguridad se suma a la delincuencia urbana y a la tensión constante con Venezuela y Nicaragua. Y aunque el Eln, algunas de las disidencias de las Farc e incluso ‘los Pelusos’ aún enarbolan banderas políticas, la evidencia es clara en el sentido de que sus prioridades son la extracción de rentas y el enriquecimiento a través del narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal y el secuestro, principalmente. En esto tiene razón el ministro Guillermo Botero al afirmar que tras la paz con las Farc, lo que queda “es ilegalidad total”.

Es un fenómeno que viene además en aumento. De ello dan fe el crecimiento de las disidencias de las Farc y el preocupante incremento de los homicidios en el período enero-octubre del año en curso en relación con el mismo lapso del 2017.

Pero hay que enfrentarlo: es uno de los grandes males de este país. Para ello se debe tener claro que el hecho de que ya no se trata de un conflicto interno y, en su gran mayoría, los actores involucrados son simplemente organizaciones dedicadas al delito –el Eln, con proceso de paz suspendido, todavía podría demostrar que lo suyo es una causa con motor ideológico y no de afán desmedido de lucro– no puede conducir a enfrentarlos únicamente por la vía de las acciones policivas, judiciales y militares.

Por supuesto, estas son fundamentales y se tienen que trazar tomando en cuenta la experiencia de tantas décadas en materia de lucha contra múltiples expresiones organizadas de la criminalidad. Pero, al tiempo, se debe advertir que en algunos casos, el accionar de estos grupos es facilitado por factores cuya existencia muchas veces es resultado de históricas deudas del Estado con los territorios que sirven como escenario de estas actividades delictivas.

En tal sentido, es una buena noticia que, cumpliendo con lo anunciado respecto a continuar con la implementación de los acuerdos de paz, el Gobierno haya trazado ya una hoja de ruta que define roles, funciones y objetivos de manera clara. La ejecución de estos lineamientos debe ser igualmente prioritaria para así garantizar que cada paso que se dé represente un verdadero avance.