Como columnista lamento, en vísperas de fiestas, ser portador de malas noticias, pero mucho más lamentaría hacer parte de un silencio cómplice o, aun peor, de una caravana de cándidos majaderos. Por alguna razón los colombianos, o por lo menos buena parte, prefiere vivir en un mundo imaginario, una especie de nirvana en donde nos parecemos al filósofo Pangloss, para quien todo “sucede para bien” y que “vivimos en el mejor de los mundos posibles”. Aquí se nos ha hecho creer que la firma del Acuerdo de La Habana trajo la paz debajo del brazo y que dicho Acuerdo (el mejor que se ha podido firmar) ha dado fin a 50 años de violencia. Lamentablemente, estas dos premisas son falsas: no somos un país en paz ni se ha dado fin a 50 años de violencia.
¿Por qué es importante desinflar los anteriores mitos? Porque si no nos situamos en el terreno de la realidad y empezamos a vislumbrar con absoluta objetividad el lamentable estado en que se encuentra el país, ni el Gobierno ni los ciudadanos vamos a poder articular las soluciones para salir del atolladero. Las cifras de violencia son aterradoras e imposibles de esconder. El editorial del diario El Tiempo del pasado 18 de diciembre afirma: “Las dimensiones que hoy muestran el crimen organizado y los grupos dedicados a este son alarmantes. Coinciden y, en ocasiones, rebasan los escenarios pesimistas planteados durante la negociación con el hoy partido político… Según el documento del Ministerio de Defensa, hay registro de 7.260 hombres en armas en 26 departamentos: una cifra casi igual a la de los fusiles que en su momento entregaron las Farc… Y aunque el Eln, algunas de las disidencias de las Farc e incluso los Pelusos aún enarbolan banderas políticas, la evidencia es clara en el sentido de que sus prioridades son la extracción de rentas y el enriquecimiento mediante el narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal y el secuestro, principalmente. En esto tiene razón el ministro Guillermo Botero al afirmar que tras la paz con las Farc lo que queda «es ilegalidad total»”. Tengamos claridad: 7.260 alzados en armas es un número mayor que el que recibió la administración Santos en el 2010. En otras palabras, para efectos de seguridad nacional, fueron ocho años perdidos.
La segunda premisa es que, lejos de que el Acuerdo hubiera permitido una disminución importante del narcotráfico, lo que dejó fue las puertas abiertas a que las siembras de coca se hubieran multiplicado por un factor de cuatro a cinco veces. La administración Duque recibió al país con más de 200.000 hectáreas de coca; y en un contexto económico frágil (que se puede agravar con el vertiginoso descenso en los precios del petróleo), es desalentador que buena parte de los recursos que aportamos los contribuyentes se tengan que dedicar a combatir a los alzados en armas y el narcotráfico. La corrupción, el cáncer que carcome a la sociedad, es el fenómeno que, según reciente encuesta, más preocupa a los colombianos. De la misma manera en que los paras eran los hijos bastardos de la guerrilla, la corrupción es un corolario del narcotráfico: mientras no aceptemos la anterior premisa, la corrupción en Colombia va a seguir cabalgando encima del narcotráfico.
Apostilla. La diferencia entre el presidente del Brasil y @petrogustavo es que el primero es Bolsonaro y el segundo es Bolsañero…
