Según un informe de Indepaz, alrededor de 5.000 hombres pertenecerían al Eln, Epl y disidencias.

De acuerdo con un comunicado establecido por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Colombia se enfrenta a una nueva reestructuración de grupos armados ilegales tras la desmovilización de las Farc.

El balance determina que en el 2018 se registraron afectaciones por parte de grupos narcoparamilitares en 251 municipios de 29 departamentos, mientras que en el 2017 resultaron afectados 309 municipios.

Si bien hubo una reducción en las zonas afectadas, el estudio establece que el recrudecimiento de la violencia no disminuyó en las poblaciones que aún permanecen bajo el yugo de estos grupos criminales.

Las regiones más afectadas son el Nordeste Antioqueño, Bajo Cauca, Urabá y el Chocó. Excombatientes de las Farc lideran la presencia en el Nordeste Antioqueño y Bajo Cauca.

Los enfrentamientos entre el Eln y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) se han convertido en el dolor de cabeza de Nuquí, Ríosucio, Acandí, Alto Baudó y Quibdó, en Chocó.

El Eln se sigue fortaleciendo en nuestros territorios y el paramilitarismo sigue vivo, hemos planteado una mesa de dialogo territorial para solucionar el conflicto que ha estado atemorizando a varias

“El Eln se sigue fortaleciendo en nuestros territorios y el paramilitarismo sigue vivo, hemos planteado una mesa de dialogo territorial para solucionar el conflicto que ha estado atemorizando a varias comunidades indígenas y afrodescendientes pero ninguno quiere acceder ni plantear alguna solución”, expresó Jesús Albeiro Parra Coordinador regional del Pacífico en agenda de Paz.

Además, en las calles de Quibdó se está viviendo también una violencia urbanizada establecida en fronteras invisibles de cada barrio. Es por eso que algunos jóvenes de la región se encuentran liderando una iniciativa en contraparte a estas problemáticas y es crear un espacio en el que se puedan realizar actividades culturales como el teatro, el deporte y la educación como un factor para mantener la tradición de la región.

Según Delfino Murillo, de la organización Chocó Joven, los jóvenes prefieren ser reclutados por estos grupos, ya que eso les otorga cierta posición social en los sectores que habitan. Ante esta problemática, el fenómeno del desplazamiento ha crecido de manera considerable.

“Las familias prefieren mandar a sus hijos a otras regiones del país por temor a que sean asesinados o reclutados, estamos presenciando una migración fuerte al interior del país”, manifestó Murillo.

Nariño es otro de los departamentos más afectados por cuenta de la presencia de laboratorios, tráfico de drogas y armas, el reclutamiento de menores, minería ilegal, extorsiones a miembros de consorcios viales y transportadores, además del incremento de crímenes contra comunidades indígenas.

Juan Carlos Angulo, representante legal de la Red de consejos comunitarios del Pacífico Sur (Recompas), vive en Tumaco, a 300 kilómetros de San Juan de Pasto, una de las poblaciones más afectadas en el departamento por cuenta del conflicto armado y el narcotráfico.

“Aún no se ha determinado la dimensión militar que se tiene en el territorio por parte de los grupos armados. La coca es el principal objetivo de las disputas de todos estos grupos armados, ya que con ella tienen una gran base económica para poder seguir operando y hacerse más ricos”, señaló Angulo.

Presencia y amenazas

Las comunidades indígenas nariñenses, según el consejero mayor de la Unidad Indígena del Pueblo Awá, han sufrido durante este año el conflicto con la muerte de 34 personas por cuenta de los enfrentamientos.

“34 hermanos han sido asesinados en el transcurso de este año. Aunque el Gobierno nos ayuda, todavía nos sentimos amenazados y vulnerables ante esta situación que vivimos”, afirmó Rider Pay Nastacuas.

El consejero aclara que la militarización de la zona pudo contribuir al incremento de los asesinatos de líderes y jóvenes por parte de disidentes de las Farc y paramilitares.

Ante esta problemática en las comunidades indígenas, el secretario de Gobierno de Nariño, Édgar Alonso Insandará, manifestó que se ha mantenido una fuerte ayuda humanitaria a estas comunidades.

“De acuerdo con los consejos de seguridad, hemos establecido la importancia de mantener una ayuda comunitaria y humanitaria a las comunidades indígenas en el que también se necesita que la Unidad Nacional de Protección mantenga un enfoque diferencial del territorio”, dijo Insandará.

Las Agc registraron la mayor presencia de actividades delictivas con un total de 225 municipios en el 2018, le siguen Los Puntilleros con 12 municipios afectados en las que la mayoría pertenecen a la región de la Orinoquía y luego los otros grupos de carácter regional como son Los Pachenca, La Oficina, La Constru y Los Caparrapos.

Entre el 2008 y el 2017, los grupos paramilitares han reforzado su actividad delictiva en 198 municipios de 27 departamentos. De los cuales, 99 hacen parte del proyecto de expansión por el control territorial por parte de estos grupos. Mientras que en el 2018 se identificaron 17 estructuras paramilitares.

En el comunicado de Indepaz también se identifica el número de integrantes en las estructuras ilegales: 3.000 narcoparamilitares, 2.500 miembros de las disidencias, 2.000 del Eln y 250 del Epl. De los 2.500 disidentes se estima que 900 serían reincidentes, 300 no continuaron con el proceso de desarme y 1.300 serían pertenecientes a los nuevos reclutamientos.

También se pudo establecer que el 10 por ciento de los disidentes de las Farc han reincidido o se han integrado a grupos de seguridad de narcotráfico y mafias. Los departamentos con mayor incidencia por parte de las Farc son Nariño, Chocó, norte de Antioquia, Cauca, Norte de Santander y Guaviare.

De acuerdo con los testimonios establecidos por los diferentes líderes de los organismos sociales de cada región del país, concuerdan en que es necesario establecer unas herramientas pedagógicas con las que se fortalezcan la comunicación, la educación y el empoderamiento de los jóvenes con una mirada interna con las comunidades afectadas.

Indepaz estableció que los grupos armados están viviendo una transformación por parte de los jóvenes que las integran ya que la mayoría no actúan bajo alguna convicción política lo que ha agudizado el conflicto en las diferentes regiones. Además, el paramilitarismo se encuentra en cambio hacia las modalidades paramilitares y mafiosas.

El drama en Antioquia

En Antioquia persiste la concentración de laboratorios para la fabricación de cocaína, también se presentan acciones de violencia contra aquellas personas que reclaman sus territorios por parte de las Agc. La disputa por el control minero y ganadero es otro de los motivos establecidos por las que continúan estas actividades del conflicto.

Carlos Morales, representante legal de la Corporación de Acción Comunitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana), cuenta que “últimamente los líderes sociales renuncian a su labor social por temor a perder su vida y no solo eso, los que aún siguen han sido llamados por las AGC y otros grupos armados donde se les establecen las reglas del juego de lo que pueden hacer si no quieren perder la vida y la de sus familiares”.

Adicionalmente, la comunidad del Bajo Cauca antioqueño se encuentra viviendo en la desesperanza no solo por el incumplimiento de los acuerdos pactados en La Habana sino también por la presión que se ejerce por parte de los grupos armados al establecer toques de queda en los municipios de Nechí, Zaragoza y El Bagre.

“Los habitantes de estos pueblos no pueden hacer nada sin el permiso de ellos, se encuentran en una prisión, son sometidos a toques de queda a partir las 6 de la tarde, luego de esta hora no se ve ni un alma por las calles”, afirmó Camilo Ernesto Villamil, asesor de la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras del Guamocó.

La comunidad insiste en la falta de oportunidades para jóvenes que desean realizar trabajo en el campo, pues no cuentan con capacitaciones o ayudas económicas y esto los obliga a vincularse a grupos armados.

“Los jóvenes prefieren pertenecer a estos grupos armados para mantener un sueldo fijo y poder subsistir ya que no perciben ningún cambio, es como si no hubiera llegado la inversión social a la región”, manifestó Villamil.

Una de las soluciones que se han planteado para la situación que rodea a los jóvenes, es la promovida por la secretaría General sobre la misión de verificación de la ONU en Colombia, que ha promovido la educación de los derechos y obligaciones de la ciudadanía desde siete espacios territoriales en Antioquia, todos enfocados en la participación y el empoderamiento de las mujeres en la zona.

Por último, en el comunicado se busca reevaluar los discursos y las cargas ideológicas que se están concibiendo en las estructuras posdesarme de las Farc en el que afirman que no existió un desarme y concluyen como un fracaso el acuerdo de paz.