Catatumbo, sacudido por lo peor de la guerra

En la zona rural de la región de Catatumbo, Norte de Santander, los civiles son testigos y víctimas de una guerra en la que cada vez se respetan menos sus derechos.

En este 2019 se han registrado al menos tres infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), lo que demuestra que los grupos armados ilegales que delinquen en esa región del país no miden el efecto de sus ataques (ver recuadros).

Desde hace un año se recrudeció la disputa territorial entre las guerrillas del Epl y Eln, que no solo ha dejado más de 18 mil damnificados, según cifras de Naciones Unidas, sino que también se han dado episodios en los que las disidencias de las Farc y las bandas criminales han cometido numerosos crímenes.

La instalación de minas antipersonal, incluso a pocos metros de instituciones educativas, el ataque a las misiones médicas, enfrentamientos armados en centros urbanos y atentados al oleoducto que terminan con la contaminación de acueductos veredales y las retenciones a periodistas en pleno ejercicio de su profesión, son algunos de los ejemplos que se han dado en tan solo 49 días que van de este 2019 y que según los convenios internacionales (ver ayuda) están prohibidos para limitar la barbarie de la guerra y proteger a quienes no participan de las hostilidades.

Disminuyen combates

En la región fueron desplegados más de 10 mil soldados como parte de la Fuerza de Despliegue Rápido N°3 para retomar el control y si bien los enfrentamientos armados entre los ilegales han frenado poco a poco, la estrategia de los delincuentes ha cambiado y ahora se presentan amenazas a líderes sociales y homicidios selectivos, tal como lo denuncian defensores de derechos humanos.

“Ahora estamos viviendo un plan dirigido contra los líderes, muchos ya ni siquiera están en la región por las amenazas. Es cierto que ya no hay tantos combates, pero los crímenes los cometen de otras maneras”, aseguró uno de los defensores de derechos humanos que vive en la zona y quien pidió reserva de su nombre por seguridad.

Por su parte, Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar de Norte de Santander, explicó que “en el Catatumbo se vienen presentando una serie de eventos muy graves: las expropiaciones. Como en la vieja práctica paramilitar le están quitando las casas a la gente que es acusada de apoyar al grupo contrario. Se están juntando una serie de situaciones que lo que demuestran es un estado degradación total de las organizaciones armadas que hay en la región”.

Cañizares advierte que a esa zona del país pueden llevar miles de soldados, pero de poco servirán si en las zonas más apartadas del Catatumbo las comunidades siguen olvidadas por el Estado. “Además es muy complicado que se tengan cambios importantes, si la comunidad sigue sin creer en sus autoridades, allá la gente ha sido víctima por décadas enteras. Se insiste en una fórmula que no ha funcionado”.

En diálogo con EL COLOMBIANO, el general Nicasio Martínez, comandante del Ejército, explicó la dificultad que tienen con la región de Catatumbo.

“No es un área fácil, es una zona que tiene generaciones de personas que han estado, de alguna forma, delinquiendo y haciendo terrorismo. Son zonas donde hay mucha población civil, quizás por proteger esa población no podemos actuar como quisiéramos. No es fácil”, dijo el oficial.

Martínez también reconoció que hay un problema “y hay que empezar a organizarlo. La solución es llegar con las instituciones del Estado, hacer control militar del área y un control interinstitucional del Estado en las regiones”.

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