Las naciones receptoras de los emigrantes deben atender esta situación con más educación, salud y trabajo

Un informe generado conjuntamente por el Consejo Mundial para los Refugiados, el Centre for International Governance Innovation (CIGI) y el Diálogo Interamericano en consulta con su Grupo de Trabajo sobre Venezuela y promovido por la Universidad del Rosario, prevé que la emigración de venezolanos alcanzará este año los 5,9 millones, de los 3,3 millones de hoy.

Ante esta situación el desafío para los países que los reciben es grande. A menudo los países receptores luchan a nivel nacional y local por ampliar sus frágiles redes de seguridad social para amparar tanto a sus poblaciones locales como a los venezolanos que han sido desplazados. Sin embargo, la experiencia muestra que tratar el desafío como pasajero -o lo que es peor, intentar cortar el flujo migratorio sin tratar la crisis de raíz- será contraproducente para todos los involucrados. Avivará la explotación, la marginalización y las empresas criminales, a la vez que retrasará la integración productiva de los refugiados venezolanos y de migrantes a las comunidades adoptantes. Las soluciones sostenibles tanto para los países receptores como para los venezolanos que han sido desplazados forzosamente deben estar sustentadas en esta realidad y deben basarse en el principio de responsabilidad compartida. Es necesario partir de esta base para mejorar el financiamiento de la respuesta humanitaria, la infraestructura institucional para la protección de los refugiados, y la coordinación de las políticas.

Dado que aún es incierto el fin de la crisis de Venezuela y el éxodo forzado de sus ciudadanos, la situación exige con urgencia que se brinde una respuesta más audaz y mejor coordinada. Con creatividad y la voluntad política adecuada, se podrán solucionar los problemas en la acción colectiva y evitar una carrera hacia el precipicio, beneficiando así a los venezolanos desplazados y a los países que los acogen.

Soluciones sostenibles

Señala el informe que “la idea de que los refugiados constituyen un fenómeno temporal es en buena parte ficticia. En 2016, unas dos terceras partes de los refugiados del mundo vivían en situaciones extendidas, y más de 4 millones de ellos vivían en situaciones de desplazamiento que han durado más de 20 año. Aún si la democracia fuese reinstaurada mañana mismo, pasarían años antes que la situación económica y de gobernabilidad se estabilice lo suficiente para que la mayoría de los venezolanos regresen a casa. Para los países que los acogen, sostener una amplia población de venezolanos desplazados -tanto en lo político como en lo económico- exige soluciones efectivas de integración. Los países que reciben refugiados venezolanos deben enfocarse con apoyo de la comunidad internacional, en integrar a los venezolanos a sus sociedades y economías antes que aferrarse a la ilusión de que estos regresarán a su país en el corto plazo. Esto significa proteger a los migrantes y refugiados de la xenofobia y la explotación, y retirar las barreras de ingreso al mercado laboral formal”.

Medidas

1. Facilitar la entrada al mercado laboral. Además de expedir permisos de trabajo a quienes esperan las decisiones acerca del estatus de refugiados o que tienen visas de estadía legal alternativa, los gobiernos deberían tomar las medidas necesarias para validar diplomas y títulos profesionales. Deberían legislar en contra de y monitorear la explotación laboral—lo cual no solo afecta a los inmigrantes sino a los pobladores locales puesto que provoca una baja en los salarios.
2. Impedir la explotación de mujeres y niñas. Los gobiernos deberían, con apoyo de las agencias internacionales, implementar estrategias dirigidas especialmente a impedir y detectar la explotación de mujeres y niñas, incluyendo esfuerzos por documentar mejor este fenómeno. La violencia sexual y de género constituye un tema primordial de protección para las mujeres y niñas a lo largo del proceso de desplazamiento. En Colombia, los autores del presente informe recibieron múltiples reportes de inmigrantes venezolanos que son forzados al tráfico sexual o a situaciones de servidumbre doméstica.
3. Eliminar obstáculos al acceso de educación. Los gobiernos también deben evitar obstáculos innecesarios que limitan las oportunidades de los migrantes para progresar económicamente, tales como desincentivarles de enviar a sus hijos al colegio negándoles alimentación escolar.
4. Prevenir y combatir la xenofobia. Los organismos internacionales como Acnur y la OEA deberían asistir a los gobiernos nacionales y locales así como a las organizaciones de la sociedad civil para lanzar campañas contra la xenofobia—la cual está en aumento… Las investigaciones muestran que una vez se instalan, resulta difícil cambiar las actitudes xenofóbicas y que el liderazgo político desempeña un papel determinante en el tono del debate. Las campañas efectivas pueden tratar los temores de las comunidades receptoras, resaltar los aportes de los refugiados, permitir que los refugiados hablen en su propio nombre y elevar la conciencia y la comprensión de los periodistas.
5. Incluir el sector privado y la sociedad civil. El sector privado y la sociedad civil -especialmente los grupos de diáspora- pueden desempeñar un papel determinante y deben ser una parte sustancial al formular políticas a nivel local y tener un puesto en la mesa cuando los gobiernos se sientan a compartir sus mejores prácticas y las lecciones aprendidas sobre la integración de migrantes y refugiados venezolanos. El modelo canadiense de financiación privada de refugiados y los esfuerzos hechos por empresas tales como Chobani, WeWork y Starbucks por emplear refugiados deben ser un ejemplo a seguir.

Recomendaciones

• La comunidad internacional invierta en la recolección y el análisis de datos acerca de las necesidades, características y vulnerabilidades de los refugiados y migrantes venezolanos, incluyendo cómo los impactos varían entre mujeres y niñas, menores y comunidades indígenas y afrodescendientes.
• La Organización de Estados Americanos (OEA), las Naciones Unidas (ONU) y otras partes interesadas, incluyendo los estados pertinentes, citen a una conferencia de donantes para enfrentar el déficit en el presupuesto humanitario.
• Las partes interesadas aumenten la predictibilidad y el monto del mecanismo de financiación a largo plazo utilizando financiación del sector privado y las ganancias de los activos decomisados a funcionarios venezolanos corruptos y otros actores delictivos.
• Los gobiernos se abstengan de cerrar sus fronteras y mantengan, fortalezcan y armonicen los mecanismos que permiten que los venezolanos desplazados normalicen sus estatus, obtengan oportunidades de empleo y tengan acceso a servicios básicos de seguridad social como salud, educación y vivienda.
• Los países de mayor destino acuerden compromisos en torno a las políticas migratorias y de refugiados con base en sus obligaciones legales internacionales y el principio de responsabilidad colectiva.
• Dada la naturaleza extendida de la crisis, se hagan esfuerzos por integrar a los venezolanos en las comunidades que los acogen.
• Los organismos internacionales apoyen a los gobiernos nacionales y locales, así como a las organizaciones de la sociedad civil en sus esfuerzos por enfrentar la xenofobia.
• Se responsabilicen a los altos funcionarios venezolanos que han cometido actos de corrupción y viola-do los derechos humanos embargando sus bienes, vetando sus visas y adelantando procesos penales ante la Corte Penal Internacional.