La Fiscalía deberá garantizar los derechos de las víctimas a la reparación material y que los bienes de las Farc se destinen a ello. La Corte Constitucional reconoce que es su competencia.

El régimen legal que dio origen al llamado Sistema Integral de Justicia, Verdad y Reparación, derivado directamente de los acuerdos suscritos entre el anterior Gobierno y las Farc luego del proceso de negociación en La Habana, traía una serie de disposiciones que, de forma general, consagraban el deber de reparar integralmente -en lo material y en lo moral- a las víctimas del conflicto armado.

Este fue uno de los puntos más duros en las negociaciones, ya que las Farc y sus delegados y negociadores partían de que no tenían bienes para reparar y que no tenían fortunas ocultas, algo en lo que, sorprendentemente, se vieron corroborados por declaraciones del entonces presidente Juan Manuel Santos, quien dijo en varias entrevistas que habían buscado por todas partes y no les habían encontrado nada.

Una vez celebrado el plebiscito del 2 de octubre de 2016 y habiendo obtenido mayor votación el No a los Acuerdos, una de las exigencias de la entonces oposición fue el de depurar el sistema de responsabilidad de las Farc y sus cabecillas e integrantes, para que tuvieran una obligación directa de reparar a sus víctimas. En el acuerdo rechazado en las urnas se contemplaba esa obligación, pero se decía que el Estado, en todo caso, era responsable subsidiario de reparar materialmente. Como los exguerrilleros se declararían todos insolventes, el Estado -es decir, los contribuyentes- siempre terminaría asumiendo la reparación.

En el Acuerdo Final del Teatro Colón y en los instrumentos legales posteriores, incluidas sentencias de la Corte Constitucional, se especificó que los bienes de las Farc serían sometidos a extinción de dominio por su origen criminal y que íntegramente irían a un fondo especial de reparación a las víctimas.

Allí cobró especial relevancia el papel del actual fiscal General, Néstor Humberto Martínez. Advirtió de disposiciones coladas en los proyectos de normatividad que beneficiaban a las Farc y les permitirían un lavado de activos “tolerado” en aras de la paz. Eso le valió, de un lado y del otro, ser etiquetado de querer meterle palos a la rueda de los acuerdos.

Luego presentó evidencias de que los inventarios presentados por las Farc contenían manipulaciones grotescas y elementos burdos. Y de forma recurrente ha denunciado que muchos de los bienes no fueron incluidos en esos inventarios, a los que estaban supuestamente obligados los dirigentes de las Farc.

Una decisión de esta semana de la Corte Constitucional le ha dado razón al fiscal y a la Fiscalía, al definir un conflicto de competencias entre ésta y la JEP. Los conflictos de competencia, valga decirlo, son corrientes en la actividad judicial, y no hay que caer en el juego fácil de tomar esta decisión de la Corte como “un golpe a la JEP”.

La Fiscalía será, entonces, la competente para adelantar diligencias en los procesos de extinción de dominio de bienes de las Farc. Una responsabilidad que no puede ser inferior al compromiso y decisión que ha mostrado Martínez Neira para no dejar que al país -y sobre todo a las víctimas- las sigan engañando.

Y a propósito, otro efecto de esta decisión de la Corte es que sitúa en el nivel de normalidad institucional tomar resoluciones que no se pliegan necesariamente a las exigencias de la JEP, la cual se somete así a los controles normales del equilibrio de poderes, así muchos pretendan que sea incontrovertible, intocable y exenta de cualquier limitación legal.