Un país con tres o más sistemas judiciales se vuelve inviable. Es el caso de Colombia, que tiene tres justicias en operación. Una, la constitucional politizada. La segunda, la inventada por Juanpa -como le gusta que le digamos- y los guerrilleros asesinos, secuestradores, narcoproductores y traficantes. Y la tercera, la de los grupos indígenas que la tienen para cuando la necesitan y la aplican a su favor.
Vemos, ahora y siempre, que hay manifestaciones de los indígenas, violentas la mayoría de las veces, que suspenden el libre tránsito, que se dejan infiltrar, según ellos, de los grupos armados por fuera de la ley, que violan todo el orden jurídico colombiano y no aceptan que se les aplique la justicia constitucional. Pretenden que el señor presidente se doblegue y acepte sus órdenes. Que vaya presionado a sus zonas de violencia, que se someta a sus pretensiones. Reclaman los territorios ancestrales en cualquier parte del país. No está lejano el día en que reclamen los territorios ocupados por los Chibchas antes del descubrimiento, es decir, el Palacio de Nariño, el Capitolio Nacional, el Palacio de Justicia y hasta el teatro Colón.
Por otra parte, está actuando la justicia inventada para justificar la entrega a los grupos subversivos, la JEP, compuesta por amigos de la guerrilla y por algunos extranjeros, caso insólito, para aplicarla por fuera de la justicia constitucional. Es de recordar que estos acuerdos de paz fueron negados por la mayoría del pueblo colombiano y, por consiguiente, no debería existir la JEP, pero el entreguista desconoció la decisión del pueblo soberano. O, por lo menos, debería ser soberano.
La tercera, la justicia constitucional que ha sido desfigurada desde cuando un magistrado tuvo la mala hora de decir que las altas cortes debían actuar políticamente y no de acuerdo con la Constitución. Colombia, de seguir así, está perdida, no tiene futuro. La falta de una verdadera y única justicia terminará por destruir a Colombia. Se convierte, como está en camino, en un país inviable.
Ya, en la carretera Panamericana ocupada violentamente por los indígenas, murió, en manos de ellos, un patrullero de nuestra Policía Nacional. Por otro lado, murieron tres soldados de nuestro Ejército Nacional, cuando ejercían la peligrosa tarea de erradicar manualmente cultivos ilícitos en territorios de los mismos grupos violentos que taponan las carreteras. Se pregunta uno, como ignorante sobre el manejo de tres justicias diferentes, a cuál de ellas le tocará tratar estos casos. No hay duda de que en esos territorios hay guerrilla que debe recibir la atención y manejo de la JEP, tampoco podemos dudar de que el primer caso ocurrió en zonas de taponamiento vial por parte de los indígenas y su justicia. Pero también son zonas de alta presencia de los grupos armados ilegales que tendría que ver con la JEP. Y entonces, ¿dónde quedará la justicia ordinaria?
El otro tema que me preocupa es la injusticia que se comete con EPM. Un caso fortuito, un problema que se presentó por una falla geológica y se vino el país entero encima. En cambio, para una región de Colombia que no ha pagado cumplidamente el servicio de energía eléctrica y quebró la empresa que prestaba ese servicio en buena parte con la generación de EPM, se implanta un pago extra en la tarifa de energía en todo el país. Por lo menos ese pago extra se debía repartir para sanear también el daño presentado en Hidroituango. Si se premia a los incumplidos, que se ayude en algo para recuperar lo que se perdió por fenómenos de la naturaleza.
