Primeros bienes incautados tras decisión que reafirmó competencia de la Fiscalía para perseguir activos no inventariados.

El jefe de la Unidad Delegada contra las Finanzas Criminales de la Fiscalía, Andrés Jiménez, destacó el operativo de las autoridades de la Policía Judicial en el que fueron ocupados 19 bienes valorados en mas de 20 mil millones de pesos a presuntos testaferros del entonces frente 42 de las Farc y su cabecilla Bernardo Mosquera Machado, alias “El Negro Antonio”.

El fiscal Jiménez explicó que se trata del primer paquete de medidas cautelares contra bienes que habrían sido adquiridos por integrantes de las Farc, luego de la decisión de la Corte Constitucional que reafirmó la competencia de ese organismo investigador para perseguir bienes y activos  no declarados por esa antigua guerrilla.

"Esos bienes se habrían adquirido con el producto de extorsiones o secuestros. Son 19 bienes que tienen un valor comercial cercano a los $20 mil millones de pesos", indicó Jiménez.

Peritos contables de la Fiscalía verificaron el patrimonio de dos grupos familiares que registran inmuebles y establecimientos en Cundinamarca, Huila y Valle del Cauca, y establecieron que, además de no existir ingresos o actividad económica que soportara el aumento de activos, habría indicios sobre su origen ilegal.

Asimismo, sostuvo que las millonarias propiedades pasarán en un comienzo a ser administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) con el fin de ponerlos a la venta y dichos dineros tendrán que ir al Fondo de Reparación de Víctimas.

De igual forma, señaló que las pruebas técnicas y testimoniales recolectadas en las distintas operaciones militares evidenciaron que algunos integrantes de las dos familias investigadas serían testaferros del entonces frente 42 de las Farc, y que sus propiedades fueron comprados con dineros producto de extorsiones y secuestros que esa guerrilla  ejecutó entre 1994 y 2009.

Casas y fincas embargadas

Las propiedades y activos afectados  están representados en tres establecimientos comerciales y 16 inmuebles (9 viviendas y 7 fincas que suman 70 hectáreas de tierra).

Todas estas propiedades fueron ocupadas en diligencias cumplidas por agentes del CTI de la Fiscalía, el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana en Cali (Valle del Cauca), Neiva (Huila), y Bogotá, Viotá y Apulo (Cundinamarca).

De acuerdo con el reporte de la Fiscalía, En 2019, las autoridades han impuesto medidas con fines de extinción de dominio a 59 bienes cuyo origen sería el actuar ilegal de las Farc y ascienden a 31 mil millones de pesos.