No hay evidencias del retorno a los “falsos positivos”. No obstante, la alerta debía atenderse, como en efecto lo hizo el Ministerio de Defensa. Órdenes militares no pueden ser equívocas.

La Fuerza Pública de Colombia (la que componen las Fuerzas Militares: Ejército Nacional, Fuerza Aérea y Armada Nacional, por un lado; y por el otro la Policía Nacional, definida constitucionalmente como cuerpo armado de naturaleza civil) tienen el doble reto de contener la acción criminal proveniente de múltiples frentes (grupos organizados, subversión, narcotráfico, delincuencia común, criminalidad urbana, violencia rural, etc.) y, a la vez, cumplir con su misión de modo que no atente contra los derechos de la población que precisamente es víctima de esa criminalidad.

De allí que el entrenamiento de los uniformados deba ser riguroso en todo, en lo operativo, en lo axiológico, lo ético, lo jurídico, lo institucional. Lo cual demanda de sus comandantes que las órdenes e instrucciones que les impartan a las tropas o a los responsables de líneas de mando sean no solo claras, precisas y directas, sino que no contengan resquicios por donde puedan caber interpretaciones que en algún momento dado se aparten de lo que ordenan la Constitución y las leyes.

Las operaciones de la Fuerza Pública son regladas y, por tanto, sometidas a múltiples controles. Es cierto que deben combatir a las organizaciones criminales que no tienen reglas de ninguna clase y cuyo actuar viola sistemáticamente todo ordenamiento, sea legal, social, cívico o comunitario. No hay escala de valores en los delincuentes, sí lo hay -tiene que haberlo- en las acciones de quienes portan el uniforme y las armas del Estado.

También es cierto que la vigilancia que se ejerce sobre las acciones de la Fuerza Pública puede tener diversas finalidades. Hay una que se inspira en la defensa de los valores constitucionales y en la genuina defensa de los derechos ciudadanos. Esa es plausible y necesaria en el Estado democrático. Otra puede tener finalidades políticas, como las que derivan de la militancia en sectores para los que las Fuerzas Armadas siempre serán “fuerzas enemigas” a las que hay que golpear política y judicialmente y cuyas acciones hay que deslegitimar y desacreditar por principio. Pero no toda crítica o denuncia es manifestación de esta segunda clase de objetivos.

La información publicada por The New York Times (NYT) y los interrogantes que de ella se desprendían, merecían, como en efecto ocurrió, claridades y explicaciones por parte de los responsables políticos y militares del Ministerio de Defensa. De hecho, las zonas grises que dejaban entrever algunas de las instrucciones operacionales del comandante del Ejército llevaron a que esas instrucciones vayan a ser modificadas. Así se anunció ayer.

Es consustancial al oficio de comandante un grado de exigencia alto a las tropas bajo su mando. En Colombia, no pueden resignarse al aquietamiento, dadas las todavía difíciles realidades de orden público y criminalidad. No se puede reprochar que los comandantes sean exigentes. Deben serlo, al tiempo que ofrecen compromiso irrestricto con el orden jurídico.

Es necesario, por otro lado, señalar, sobre todo a algunos políticos, que no es estigmatizando al reportero que preparó el informe ni endilgándole supuestas complicidades como van a hacer aportes relevantes al debate. Ningún medio es infalible pero el NYT es particularmente riguroso en sus fuentes y datos. Estuvo más medida y sensata la respuesta de los comandantes militares, así como estuvo correcta su decisión de retirar las instrucciones que pudieran interpretarse de forma errónea por los uniformados.