Luis Carlos Restrepo no será juzgado por el delito de tráfico de armas

Se fijó la prescripción del delito porte ilegal de armas de uso personal para todos los procesados por la falsa desmovilización.

El juez primero especializado de Bogotá ordenó la prescripción del delito de tráfico de armas de uso personal para el excomisionado de paz, Luis Carlos Restrepo dentro del proceso que se le adelanta por su presunta participación y conocimiento en la falsa desmovilización de la compañía Cacica La Gaitana de las Farc.

El funcionario judicial determinó que ya se superaron ampliamente los términos fijados por la ley frente a este delito dentro del proceso penal que se le adelanta a Restrepo, dos coroneles en retiro, un confeso narcotraficante y varios desmovilizados de dicho grupo guerrillero.

En su análisis, el juez aceptó la petición presentada por el abogado del coronel (r) Jaime Joaquín Ariza que sostuvo que ya pasaron los 85 meses que fija la ley como condena máxima por este delito, situación por la cual el oficial en retiro no puede ser juzgado por esta acción.

Consideró que el 15 de febrero de 2012 se realizó la respectiva imputación de cargos y hasta la fecha no ha iniciado si quiera el juicio formal. "Ya se cumplieron con los requisitos que establece la ley", precisó el abogado Pedro Capacho.

Frente  a estos argumentos el juez determinó que en efecto ha se cumplieron los 95 meses de cárcel que establece la ley en caso de ser hallados responsables de este delito. "Ya ha operado causal para que se siga con el ejercicio de la acción penal", indicó.

Esta decisión también cobija a los coroneles en retiro Hugo Hernán Castellanos y Jaime Joaquín Ariza Girón, así como los desmovilizados Raúl Agudelo Medina, alias 'Olivo Saldaña', Felipe Alejandro Salazar Pacheco, alias 'Biófilo', y los hermanos Miguel Alcides Pacheco Ramos. Flor Inés Pacheco Ramos, José Alfredo Pacheco Ramos.

Sin embargo, seguirán siendo procesados por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros, concierto para delinquir, fraude procesal y tráfico, porte y fabricación de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares.

La Fiscalía General asegura que entre noviembre de 2005 y marzo de 2006 se adelantó la planeación y ejecución de una falsa desmovilización de una compañía de las Farc en el departamento del Tolima con el fin de mostrar resultados frente a un proceso de paz.

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