Mientras que Washington reconoce un freno —con leve disminución— en cultivos ilícitos, la ONU advierte que Colombia es el mayor proveedor mundial de cocaína. Un reto para el gobierno Duque.

Un informe de la Oficina de Política de Control de Drogas (ONDCP, por sus siglas en inglés) de la Casa Blanca aquieta las críticas del gobierno Trump frente a la supuesta inacción de las autoridades colombianas ante el crecimiento de los cultivos ilícitos, que en 2017 superaba las 200 mil hectáreas de coca. Ese despacho confirmó que la siembra rebajó de 209 mil a 208 mil hectáreas, en 2018, una leve reducción que muestra un freno en el crecimiento desbordado y preocupante que se venía presentando.

En lo porcentual y cuantitativo hay que ser mesurados, la variación es mínima. Pero en lo político sí hay fondo: se verifica la voluntad del gobierno de Iván Duque por responder al fenómeno desde una perspectiva integral, combinando la corresponsabilidad policial, punitiva, operativa, judicial e investigativa, con una atención al campesinado que cree oportunidades de sustitución y de alternativas agrarias para los parceleros.

No hay cabida a sobreoptimismos porque anteayer mismo, la Oficina de la ONU Contra la Droga y el Delito (Unodc) ratificó que Colombia es el proveedor mundial número uno de cocaína, en un negocio que hoy, a nivel orbital, ronda los 80 mil millones de dólares al año. De las 213 mil hectáreas sembradas con coca en el planeta, el 69 % está en Colombia: 146.970, según esa oficina de la ONU.

Parar la tendencia al alza que venía en la producción de pasta de coca en el país significa muy poco en el terreno de la desarticulación de las redes transnacionales del narcotráfico que han intensificado su presencia en el Sur de Colombia, en especial en departamentos como Nariño, Putumayo, Valle, Cauca y Caquetá. De 2015 a 216, la producción de coca aumentó un tercio (33 %); es decir, rondó las 870 toneladas de droga en un año.

Pero el diálogo político, la cooperación intergubernamental y los resultados deben acentuar la confianza entre el gobierno Duque y la Casa Blanca, y también con los organismos multilaterales.

En estas circunstancias, cabe retomar las declaraciones del Canciller Carlos Holmes Trujillo: “lo que hay que hacer es fortalecer el principio de responsabilidad compartida y el enfoque integral y equilibrado”. Equilibrio que debe traducirse, hay que observarlo, en el fortalecimiento institucional y la presencia del Estado no solo en el nivel represivo en las áreas críticas de cultivos ilícitos. Frente a las comunidades se espera mayor eficacia y amplitud en la puesta en marcha de programas de erradicación y sustitución, voluntaria o forzada. La hoja de coca simboliza hoy una fuente de “lumpenización y criminalización” del campesinado, a expensas de la riqueza y lucro de mafias multinacionales.

El Gobierno Nacional advierte que la aspersión con glifosato es una opción a la mano, que muy seguramente será empleada a partir de agosto próximo. Alternativa que no se puede invalidar per se, pero que igual puede tener usos mínimos y selectivos en tanto se logren resultados en interdicción aérea y marítima y contra el lavado de activos, y se desincentive la siembra con atención social y programas agrarios robustos que capten el interés de las bases agrarias.

En 2019 se asume el reto de erradicar 80 mil hectáreas, lo cual devolvería al país a estándares “controlables” —por debajo de 100 hectáreas—, mientras que se refuerza y dinamiza la atención de un problema que es, sin duda, columna vertebral del conflicto y la criminalidad organizada del país.