Podemos estar ad portas de tener algunos políticos indemnizados veinte o cincuenta veces más que quienes se acojan a la reparación administrativa.Mientras coexistan víctimas y 'VIPtimas', cualquier intento de reconciliación y paz será en vano.
Por su sigla en inglés, 'very important person' (persona muy importante), el VIP es quien va primero; a quien mejor se trata. En un espectáculo, es quien se ubica más cerca del escenario y aunque al final, todos -los de adelante y atrás- ven el mismo show, los 'vips' siempre serán 'vips' y la diferencia con el resto de los mortales se nota.
Esta calificación, algunas veces antipática, no es ajena al mundo de las víctimas de la violencia en Colombia. Con canalla acepción de la vida humana como mercancía, las Farc pretendían hacer pasar por objetos de canje a sus cautivos, dividiéndolos en secuestrados de primera y segunda categoría.
Con su afortunado regreso a la libertad, el delicado estereotipo parece no haber acabado y ahora riñe con una ley de víctimas convertida en una de las apuestas más nobles y ambiciosas emprendidas por el Estado en décadas.
Pero digamos que la culpa de que el concepto de víctimas de primera y de segunda se extienda a la hora de hablar de reparación, no es de la ya aprobada ley que predica armonización y que ofrece acceso a la indemnización en igualdad de condiciones con topes máximos y restricciones, en cualquier caso.
Las víctimas VIP o 'VIPtimas', como nos permitiremos llamarlas, han encontrado la forma de existir precisamente por fuera de esta ley, acudiendo al aparato contencioso-administrativo para asegurarse de tener el tratamiento privilegiado que esperan. Ello es jurídicamente permitido, con la única restricción de que no pueden ser reparados simultáneamente por la vía judicial y administrativa frente a los mismos hechos.
Así, desde antes de aprobarse la ley de víctimas, varios radicaron millonarias demandas alegando falla en el servicio, que hoy mantienen en la jurisdicción de la que es órgano de cierre el Consejo de Estado. Gloria Polanco reclama 12.530 millones de pesos. Orlando Beltrán, 7.895 millones. Consuelo González, 800 millones. Sigifredo López, 1.400 millones y Jorge Eduardo Géchem, 7.380 millones.
Lo grave es que en un país en el que a la irresponsabilidad de ciertos jueces se suma la falta de defensa jurídica eficiente de parte del Gobierno Nacional, podemos estar ad portas de tener algunos políticos indemnizados 20 o 50 veces más que quienes se acojan a la reparación administrativa contemplada en la ley de víctimas actual.
Ello, además de inconsecuente con la realidad fiscal colombiana, generaría un efecto contrario al que se pretende por estos días, pues no es posible una reconciliación real con tratamientos tan disímiles a la hora de fijar los daños y el dolor causado, ya de por sí imposibles de medir y monetizar proporcionalmente.
Aunque la justicia redujera las sumas pretendidas, podría pasar que en todo caso su indemnización superara con creces la del 'mejor reparado' de la ley de víctimas. Una brecha así sería francamente insoportable y difícil de entender para quienes, por ejemplo, quedaron lisiados y vieron morir al resto de integrantes de su familia como consecuencia de un acto de violencia de cualquier grupo armado. ¿Cómo entender que a este último se le reconozca con mucho menos dinero que al ex secuestrado famoso?
Si bien es cierto que un proceso en el contencioso tarda un promedio de 8,6 años, habrá valido la espera si se obtienen todos los millones que hoy los 'de primera' piden.
La única solución es confiar que los jueces fallen bien y que el ministro Vargas Lleras asuma con la misma pasión con la que hizo aprobar la ley de víctimas, la defensa jurídica de la Nación en estos y otros casos en los que nos siguen ganando por W. Mientras coexistan víctimas y 'VIPtimas', cualquier intento de reconciliación y paz social será en vano.
José Manuel Acevedo
Eltiempo.com
Junio 8 de 2011
