Ejemplar el cierre financiero logrado por el consorcio constructor liderado por el empresario Mario Huertas con el respaldo de Goldman Sachs, el banco de inversión más prestigioso del planeta, para adelantar la primera ola de carreteras de cuarta generación.
Esto demuestra que tan complejas y necesarias obras de infraestructura se pueden llevar a cabo con liderazgo privado, sin que el Estado tenga que estirar peligrosamente las leyes de prudencia financiera, como lo ha hecho con el Decreto 1385, que, violando una norma superior, como lo es el Decreto Ley 656 de 1994, autoriza autopréstamos con recursos pensionales, en un abierto conflicto de interés condenado por legislaciones internacionales, configurando un treta innecesaria si, desde un principio, una “complaciente” Superintendencia Financiera hubiera evitado la actual concentración oligopólica de la industria administradora de pensiones privadas.
Con el aporte de US$1.200 millones de Goldman para empezar los tres primeros proyectos viales de 4G se confirma que no es necesario echar mano a trampas fiscales como la inconveniente venta de Isagén, o a un peligroso desbordamiento de vigencias fiscales futuras, aunque estas últimas, junto con los peajes, son las que garantizan la recuperación del capital más rendimiento de estos inversionistas privados, los cuales ya desde enero del año 2014 lograron anclar con el Gobierno una tasa de cambio peso-dólar mucho más baja que la actual, despejando sustancialmente el riesgo de devaluación, pero con un costo cercano al billón de pesos para el erario, que deberían revisar más los organismos de control.
Las obras generarán más de 12.000 empleos y se trabajará 24 horas al día durante cinco años para cumplir con los plazos y acceder a los primeros pagos por parte del Estado, que no soltará un solo peso hasta la entrega llave en mano de cada obra, momento a partir del cual el concesionario tendrá veinte años para usufructuar la vía mediante peajes, con la posibilidad de alargar dicho beneficio hasta por cuatro años más, algo que también deberá ser fiscalizado por los organismos de control para evitar perjuicio al Estado. Buena noticia en momentos en que se anuncia que el presupuesto del Invías bajará de $10 billones a sólo 6$ billones en 2016.
