5 claves de que Uribe permanezca en Congreso

La decisión del expresidente de retirar la renuncia a su curul tiene grandes repercusiones políticas, jurídicas y legislativas con efecto a corto, mediano y largo plazos. Aquí las principales

1. UNA COALICIÓN MÁS FUERTE: la presencia y liderazgo de Álvaro Uribe en el Senado es determinante para la fortaleza de la coalición parlamentaria que apoyará al gobierno del presidente Duque. Es apenas obvio que la bancada del Centro Democrático, sin variar su número de curules, tiene un peso específico distinto si está comandada por el expresidente in situ, a si es dirigida por él a distancia y por fuera del hemiciclo parlamentario. Es evidente -negarlo sería ingenuo- que ninguno de los senadores y representantes a la Cámara uribistas tiene el poder de convocatoria, capacidad de vocería y, sobre todo, bagaje político suficiente para enfrentarse a líderes de oposición como Petro o Robledo. Con Uribe la cuestión es a otro precio. Incluso, es claro que el exmandatario tiene la capacidad de concitar de forma más clara y coherente líneas de acción conjuntas con los voceros y los jefes de partidos de La U, Cambio Radical, los liberales y los conservadores, que ya evidenciaron su potencial al plantearle, hace dos semanas, un pulso político incluso al Centro Democrático cuando se discutía la construcción de la coalición y los turnos rotativos para las presidencias del Senado, la Cámara y otros cargos durante el cuatrienio parlamentario.

2. REFORMAS CON MAYOR MARGEN: sin duda alguna el que Uribe mantenga su curul en el Senado es un plus alto de gobernabilidad para el entrante presidente Duque, sobre todo para viabilizar su agenda legislativa más prioritaria. Tanto por su representatividad política como por su experticia como jefe de Estado, el criterio y liderazgo del expresidente será clave cuando este Congreso tenga que medírsele a reformas tan complejas y con un alto costo político –y electoral– como la ya anunciada en el campo tributario, cuyas bases serán reveladas el próximo martes, en la posesión presidencial. Pero también están en fila los no menos complicados ajustes al acuerdo de paz con las Farc, en donde es claro tendrá que derrotarse la negativa de la oposición, con el propio partido de la exguerrilla a la cabeza. Igual se planea llevar al Parlamento reformas como la pensional o la misma reingeniería al sistema político y electoral. Incluso es claro que Uribe deberá tirar línea cuando llegue al debate congresional la reforma judicial, en donde deberá declararse impedido para temas que tengan que ver con la Corte Suprema de Justicia, dada la investigación que tiene en curso. Volver a ‘apretar’ el concepto de dosis personal de droga, otro de esos temas gruesos en donde el exmandatario será clave.

3. DESARMANDO A CRÍTICOS: desde el mismo momento en que, la semana pasada, el expresidente anunció su disposición a renunciar a su curul senatorial para no afectar su tarea legislativa y dedicarse exclusivamente a su defensa jurídica, lo primero que replicaron sus múltiples críticos era que se trataba de una maniobra para ‘escapar’ de la jurisdicción de la Corte Suprema y forzar que su proceso pasara a la Fiscalía. Aunque el exmandatario y no pocos juristas reiteraron que dicha renuncia no implicaba un cambio de instancia procesal, y que la jurisprudencia de la Sala Penal era copiosa al respecto, el antiuribismo insistió en que esa era apenas una pose discursiva del exmandatario porque, en el fondo, sabía que su caso pasaría a la Fiscalía. Incluso lo acusaron de acudir a la tesis de que no confiaba en el alto tribunal, no solo por sus objeciones a las actuaciones de magistrados como José Luis Barceló (a quien recusó junto a sus dos compañeros de la Sala de Instrucción 2), sino alegando que no tendría la garantía de la doble instancia, argumentos que también desmintió Uribe. Ahora, al retirar su anuncio de renuncia, deja sin piso una de las principales críticas de sus opositores.

4. REINSTITUCIONALIZACIÓN PROCESAL: otro de los efectos de la decisión de Uribe de no renunciar y asegurarse de que su proceso seguirá en la jurisdicción de la Corte Suprema es, sin duda alguna, que se genera un escenario en donde todas las actuaciones procesales deben apegarse a cual más al debido proceso. Es claro que tras el rifirrafe de la última semana, en donde el pan de cada día ha sido la multiplicidad de versiones cruzadas sobre actuaciones irregulares de lado y lado (sin que ninguna se haya comprobado de manera clara y judicializable), se requiere una reinstitucionalización de este caso. Por ejemplo, no tendría presentación alguna que continúen las filtraciones de medidas y apartes del expediente. Tampoco se puede seguir en esa ‘guerra’ mediática de testimonios con supuesto perfil incriminatorio o absolutorio. No puede, igualmene, el expediente seguir alimentado exclusivamente por versiones de oídas en las cárceles; pruebas recogidas de forma anti-técnica, direccionada y sospechosa; diligencias propias de policía judicial realizadas por personal no idóneo y relatos acomodaticios de reuniones subrepticias al por mayor… En fin, debe restablecerse y exigirse el respeto absoluto de la reserva sumarial y aplicar las sanciones respectivas a los actores procesales que la violen. Por igual, la forma en que se resuelva el recurso de recusación que interpuso Uribe contra los tres magistrados debe ser absolutamente taxativa y objetiva. Allí se juega mucho al alto tribunal.

5. ‘RESPIRO’ PARA OTROS INVESTIGADOS: en medio del rifirrafe político-jurídico de la última semana, tras el llamado a indagatoria a Uribe, es claro que su disposición inmediata a renunciar dejó en una posición, por decir lo menos, incómoda a no pocos senadores y representantes a la Cámara que también tienen procesos preliminares en la Sala Penal y que, eventualmente, pueden llegar a ser llamados a indagatoria, lo que no significa que su captura sea inminente o que el acervo probatorio en su contra sea el preludio seguro de una posible condena. Es evidente que si la postura de Uribe de dar un paso al costado para no afectar la misión legislativa hiciera carrera, o al menos se convirtiera en un constante eje de presión para que los investigados actuaran en igual dirección, las bajas en las distintas bancadas, tanto de la coalición gubernamental como de la oposición, serían muchas. Es más -y negarlo sería ingenuo- a los propios congresistas del partido Farc les conviene que Uribe siga en su curul, pues cuando ellos deban ir a la JEP a empezar a confesar las verdades sobre sus múltiples y graves crímenes, entonces la presión sobre ellos para que den un paso al costado también será muy alta. Y qué decir de los congresistas en la mira de la Procuraduría por casos como los del SENA o los que tienen demandas ante el Consejo de Estado…

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