La captura de Santiago es una herida en el corazón del Presidente Uribe. Una más, pues son ya 18 puñaladas matreras a uribistas judicializados en el largo Gobierno Santos. Más que un asunto de justicia, en un país donde levantan las órdenes de captura y buscan la impunidad de los más sanguinarios terroristas de América, se trata de un intento macabro de silenciar la oposición política.
El propósito final es cumplir el anhelo más importante de las Farc: que todos somos culpables. Con ello justifican todos los crímenes que cometieron, y convierten esta negociación en la oportunidad del perdón colectivo de una sociedad conformada toda por criminales.
Todo está diseñado para eso. Sustituirán la institucionalidad colombiana por la mal llamada jurisdicción de Paz. Un tribunal conformado según criterios del santismo y las Farc para judicializar a todos los colombianos, ciudadanos y militares. Con la premisa sencilla de que si se confiesan los crímenes no se paga ni un solo día de cárcel, mientras que si se confiesa a destiempo o no se confiesa irá a la cárcel.
Cualquiera entiende los beneficios para un criminal. Para ellos confesar lo que ya todos sabemos no implica ningún esfuerzo, basta recordar como los grupos terroristas reivindican sus fechorías. El negocio es sencillo: confiesan lo que todo el mundo sabe y quedan libres. Los ciudadanos y los militares, en cambio, si aspiran a la libertad tendrán que confesar los delitos, aunque no los hayan cometido. No hay garantías para un ciudadano, pues los jueces son del Gobierno y las Farc, los medios probatorios admitidos (ONG, organizaciones de víctimas) están -muchos de ellos- al servicio de los mismos intereses. Será una cacería de brujas, una purga, un mecanismo de presión.
Aquellos que se atrevan a criticar a las Farc o al santismo serán judicializados y seguramente sancionados, salvo que acepten que son delincuentes y se unan a la fiesta y entren a la nueva sociedad donde todo eso está perdonado. Y como todos somos criminales nadie puede criticarse.
No hay duda de que la Fiscalía actúa al servicio de Santos. Le absuelve sus ministros en dos días por el jugoso escándalo de corrupción en Reficar, viaja a las instancias internacionales a defender las políticas de gobierno como un funcionario más; y han sido tan excesivas sus actuaciones judiciales con propósitos electorales que merecieron una reprimenda de un tribunal colombiano. El escándalo del supuesto hacker utilizado en momentos decisivos de la campaña a favor de la reelección de Santos es bochornosa para cualquier democracia. (A propósito, ¿será verdad que el hacker ya está libre en el exterior y financiado por los recursos de los colombianos?)
Aún queda mucho por saber: ¿Saldrá el Fiscal nombrado por Santos? ¿Es verdad que le dejan como premio al Vicefiscal Perdomo como encargado un buen tiempo? Estamos como estamos. Tenemos un presidente que todos los días asume nuevas facultades y con pretensiones totalitarias liquida opositores políticos, periodistas, gremios, sectores. Un presidente que no gobierna, unos políticos empachados de corrupta mermelada, terroristas posando de estadistas y un país en caos…. Es ahora cuando debemos actuar con resistencia civil: ¡A la calle!
