Suena muy impactante que las FARC acepten concentrarse en zonas supervisadas, que van a entregar las armas a la ONU y se acogerán al fallo de la Corte Constitucional sobre el mecanismo de refrendación de los acuerdos.

No quisiera pensar que la escenografía alrededor de este acuerdo ha supuesto un calculado sobredimensionamiento de sus alcances con vistas a crear un hecho político de Alto Calibre para impactar a la opinión pública y a la vez, enviar a la Corte Constitucional un claro mensaje para que no se vaya a desviar en sus próximos fallos sobre los temas de paz: congreso mutilado, poderes especiales al presidente, dar carácter de Tratado internacional a lo pactado para incorporarlo en el bloque de constitucionalidad y aprobación del plebiscito con el pírrico umbral del 13 por ciento. No es descartable que el calculado evento se haya precipitado con el fin de contener o hacer inútil la recolección de firmas que está impulsando el uribismo contra la impunidad.

Pero, teniendo al frente a personas tan hábiles para el engaño, la triquiñuela y la picardía como el presidente Santos y los jefes de las FARC, se puede colegir que la parcelación del acuerdo global en cada punto de la agenda acordada con su respectivo show mediático, tenga, entre otros objetivos, atenuar o controlar las reacciones negativas -“dorar la píldora”- y filar las instancias internas aún reacias a la gran componenda.

Si la paz consistiera en lo anunciado el 23 de junio, con algunas salvedades, no habría problema en acogernos a lo allí firmado. Pero, resulta que el núcleo del problema, aquello que se confirma como inaceptable, está consignado en los documentos previos. El celebrado reciente anuncio no alcanza a disipar las dudas y los temores en torno a temas trascendentales para la vida nacional tales como la reforma agraria integral que ya deja asomar preocupantes enfrentamientos entre campesinos, el no reconocimiento de las víctimas porque ellos se consideran “víctimas del Estado”, por tanto, su no reparación, el viraje en el manejo de los cultivos ilícitos y el adefesio de darle al narcotráfico estatus de conexo al delito político. Admitir la elegibilidad política de responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad y la asignación de cargos en corporaciones públicas. Timochenko en su discurso hizo una elegía del levantamiento armado, ninguna autocrítica ni petición de perdón a la sociedad.

La más preocupante de las concesiones, que no se puede echar al olvido en estos espectáculos de luces y lentejuelas, es la relativa a la creación de la justicia paralela y superior a la que nos rige, que tendrá la facultad de revisar –en contravía del principio de la cosa juzgada- todos los fallos precedentes a través de un tribunal que se creará violando la Constitución y que podrá someter a militares, civiles, empresarios, políticos y funcionarios y cuyos fallos serán inapelables.

Es en esos aspectos cruciales y no en la carpintería o en los detalles técnicos o de logística donde la Oposición debe poner el énfasis de su argumentación. Todavía hay que hacer esfuerzos más consistentes para explicarles a los colombianos comunes y corrientes dónde está ubicado el daño que este acuerdo le produce a nuestra democracia y a nuestras libertades.

Ante el golpe de opinión dado por el Gobierno y las FARC la Oposición está retada a responder en términos muy políticos. En política como en guerra, es obligatorio regular las fuerzas propias y estudiar muy bien las del rival y tener claro qué meta se puede alcanzar en las batallas tácticas y cuál es el objetivo final. Queda la sensación de que el uribismo y otras fuerzas que lo han acompañado en las críticas a las conversaciones de paz, en las movilizaciones de los últimos meses y en la campaña de recolección de firmas, ensanchó de tal forma las consignas que se perdió de vista el objetivo principal.

Hoy por hoy, la tarea más urgente es evitar el triunfo de las propuestas de paz que conduzcan a la alteración del orden constitucional. En tal dirección, hay que orientar los objetivos, las consignas y el discurso hacia aquellos puntos más delicados de las conversaciones, evitando que se propague la idea de que somos enemigos de la paz. El discurso opositor debe poner el énfasis en evitar que el acuerdo Santos-FARC conlleve a anular o afectar la separación de poderes, a consagrar la impunidad, a que los militares sean procesados en términos e instancias iguales a las de las guerrillas, a que no puedan ser elegibles los autores de delitos de lesa humanidad.

Eso no quiere decir que estemos proponiendo cosas imposibles o que aspiremos a una paz perfecta como nos lo han endilgado. La paz que deseamos debe tener unos mínimos de justicia, de sindéresis institucional y de respeto a los compromisos del país con la normatividad internacional.